El caso de justicia por mano propia registrado hace unos días en zona oeste divide las opiniones y sigue generando debate. Diego C., de 25 años, quien atropelló con su camioneta a dos jóvenes que lo habían asaltado en Fisherton, recibió este domingo prisión preventiva mientras el proceso judicial avanza hacia el juicio. Familiares y vecinos piden la libertad del joven.
El vicepresidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador, consideró este lunes que lo resuelto tanto por el fiscal Patricio Saldutti, quien imputó al muchacho por homicidio simple y pidió que quede en prisión preventiva por 60 días, como por el juez Román Lanzón, quien convalidó esa acusación, “es una interpretación de las leyes que conforman los códigos Procesal y Penal”. Pero el senador Lisandro Enrico, quien participó en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, le pidió a jueces y fiscales "aplicar las leyes con sentido común".
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario judicial señaló que entendía “la angustia de la familia del imputado por la privación de la libertad de forma preventiva”, pero aclaró que la acusación formulada ayer “es una resolución provisoria emanada por el pedido de un fiscal de primera instancia conforme a la prueba obtenida, y será objeto de revisión por un tribunal superior”.
Refiriéndose a un caso como el protagonizado por Diego C., el vicepresidente del Colegio de Magistrados señaló que “el juez y el fiscal analizan primero desde el punto de vista de la cuestión de fondo. Es decir, si la conducta del imputado puede enmarcarse en alguna situación que la exima de responsabilidad. Eso es desde el punto de vista del Código Penal. Pero ayer se analizó también desde el punto de vista de lo que aplica el Código Procesal, donde rige otro ordenamiento que evalúa la posibilidad de transitar el proceso en libertad o privado de la misma. Ayer se resolvió que, en base a las pruebas, el imputado quede detenido al menos 60 días. Este fallo no es definitivo y será revisado por un tribunal superior”, agregó Salvador.
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El vicepresidente del Colegio de Magistrados de Rosario prefirió no aludir al caso concreto de Diego C. porque al ser juez de segunda instancia podría tocarle intervenir en ese mismo expediente. “Lo que están haciendo el fiscal y el juez es interpretar las leyes que conforman los códigos Procesal Penal o Código Penal”, explicó.
“Lo que hacen los jueces y fiscales es analizar si una persona que reacciona ante la comisión de un delito lo hace dentro del marco de lo prevén las leyes o no. Una cosa es manifestar el descontento y el repudio con una resolución judicial. Nosotros, al ser funcionarios públicos, estamos expuestos a las críticas de la sociedad. Pero otra cosa es un escrache, o envalentonarse con exponer a magistrados y fiscales con sus direcciones particulares e incitar a tener una respuesta hacia la persona por una decisión. Y esto en el marco de una convivencia democrática, no puede aceptarse”, sostuvo.
Por otra parte, el senador provincial de la Unión Cívica Radical Lisandro Enrico consideró que la prisión preventiva “no es aplicable” a Diego C., y consideró que los legisladores hacen las leyes, pero los fiscales y jueces “deben aplicar el sentido común” al momento de impartirlas. En ese sentido, el legislador provincial opinó: “En el caso de Diego no corresponde la prisión preventiva ni la prisión domiciliaria. Debe continuar el proceso judicial, pero en libertad hasta que se haga el juicio”.
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Y precisó: “La ley establece en el artículo 220 las tres causas que ameritan la prisión preventiva. Un delito grave, que en este caso lo es; la apariencia de que la persona investigada puede ser culpable, y en este caso lo es porque no caben dudas que Diego conducía el vehículo, y el tercer requisito que es la peligrosidad procesal. En ese último punto, los jueces y fiscales deben evaluar el caso con sentido común, pensando con la ley en la mano, pero también en lo que pasa en la sociedad”.
“Falla el sentido común de algunos jueces. Las leyes están hechas para que se interpreten con un sentido, pero con una dimensión de la realidad que algunos funcionarios no tienen. Conocen mucho las leyes, pero no tienen índice de lo que pasa en la sociedad.
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En diálogo con LT8, el legislador del radicalismo advirtió que “la prisión preventiva es una medida para evitar la peligrosidad o la evasión de un acusado mientras es sometido a juicio, pero básicamente a personas que reiteran delitos, no a una persona que en una situación traumática sale persiguiendo a ladrones y termina en este hecho lamentable”.
Enrico se preguntó “cuál es el motivo para tenerlo en prisión preventiva a Diego, ¿es un delincuente, se va a fugar, es peligroso, amenaza a las víctimas? No, es una persona que pasó por una situación horrible. Le robaron salió como loco y pasó por lo que pasó. ¿Cuál es el sentido para que la justicia lo mande 60 días a la cárcel? “.
Para Enrico, “la ley es la misma para todos pero los criterios van cambiando en función de los casos. Una persona que protagoniza un robo o un homicidio y tiene antecedentes, le corresponde la prisión preventiva. Pero este no es el caso”, dijo.