Dos hermanos niegan haber dado sobornos en la alcaidía

Los hermanos René y Lelio Chapita Ungaro, imputados por integrar el grupo que ejecutó de cinco balazos a Roberto Pimpi Camino, negaron ayer ante el juez Javier Beltramone haber pagado a policías para tener acceso a elementos de uso prohibido donde estaban presos desde el 25 de mayo pasado.

Los Ungaro están acusados de cohecho pasivo por ofrecer dinero a dos policías a cambio de privilegios en la alcaidía de la Jefatura de Unidad Regional II. El martes pasado a las 15.30 efectivos de Asuntos Internos llegaron a allanar el penal policial de Francia 5250 buscando armas, drogas y teléfonos celulares dentro del pabellón III donde se alojaban los Ungaro.

El allanamiento. Ese procedimiento se retrasó porque las autoridades de la alcaidía dijeron que era el horario de visita de presos y que era riesgoso allanar en ese contexto. En Tribunales creen que ese argumento fue la coartada para ganar tiempo y hacer desaparecer elementos que comprometían a los Ungaro y, por consiguiente, a los policías a los que se atribuye haberlos favorecido. El resultado del allanamiento fue negativo.

Los acusados de cohecho activo por este mismo hecho son el comisario inspector Fernando Arco y un cabo primero de apellido Stipetik. Ambos negaron rotundamente haber recibido sobornos de los Ungaro.

No obstante, fuentes de la investigación aluden a indicios pesados y encadenados que probarán el cohecho. El principal es la escucha de una llamada desde un celular donde uno de los hermanos Ungaro le requiere a un familiar que pague una suma de dinero —serían 1.500 pesos— a un policía al que nombra por su apellido. En la conversación desgrabada se menciona que el objetivo del dinero a los policías es facilitar dos cosas: un cambio de pabellón y el ingreso de un arma de fuego. La madre y la novia de uno de los Ungaro también fueron indagadas ayer: se supone que una de ellas fue la destinataria del encargo de hacer el pago.

Testigo con custodia. En un crimen como el de Pimpi, cubierto de incertidumbre sobre motivaciones y responsables, los hermanos Lelio y René quedaron en la mira recién hace un mes. Fue por algo inesperado: una mujer que vive frente al departamento de ellos, en el Fonavi de Grandoli y Sánchez de Thompson, denunció judicialmente a su marido, de nombre Miguel, por violencia doméstica.

Miguel es además de vecino íntimo amigo de René Ungaro. A los pocos días uno de los Ungaro se cruzó con la mujer y —según señalaría ella más tarde en Tribunales— la amenazó por haber denunciado al amigo.

Lo que hizo saltar de sus sillas a los investigadores fue la peculiar amenaza que la mujer dijo haber recibido de uno de los Ungaro: "Te vamos a matar como lo matamos a Pimpi". Eso enfocó la pesquisa hacia los hermanos.

¿Qué impulsó a la mujer a decir algo que la colocaba en peligro extremo ante sus vecinos? Ocurre que esta joven —convertida en testigo clave y ahora custodiada las 24 horas por la sección Seguridad Personal— tiene un hermano acusado del asalto a un corralón que está preso en la alcaidía de Jefatura. Frente al juez la muchacha confesó el temor de que, estando detenido en el mismo presidio, su hermano sufriera una represalia de los Ungaro por lo que dijo ella.

Ya había en curso intervenciones legales a los teléfonos de Lelio y Chapita Ungaro. A partir de las escuchas se acumularon indicios que derivaron en el operativo policial del 25 de mayo a las 9.30 donde los detuvieron junto a otros dos allegados frente al bar El Sótano.

Pero hubo una situación insólita que provocó el allanamiento a la alcaidía el martes: uno de los teléfonos de los Ungaro, pese a estar ambos detenidos, siguió activo y en uso. También en actividad estaban quienes los escuchaban por orden judicial. Así fue que, según voceros del caso, toda la negociación para que los hermanos tuvieran acceso a un arma y drogas en el pabellón III quedó registrada como en una novela de espionaje.