Este lunes 4 de febrero se iniciará el juicio contra los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia Ana Viglione y Andrés Ferratto, acusados de falso testimonio agravado en la causa derivada del primer juicio contra Los Monos. El juez Román Lanzón dictaminó en una audiencia de 2021 la elevación a juicio y la titular del jurado unipersonal durante las audiencias venideras será la jueza Eleonora Verón. El fiscal Aníbal Vescovo solicitó que sean condenados a 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, mientras que los abogados querellantes Alberto Tortajada y Sergio Larrubia, quienes representan al ex comisario Gustavo "Gula" Pereyra, pidieron una pena de 5 años de prisión y el doble de inhabilitación. La defensa de los acusados está a cargo de la defensora pública Alejandra Paolini.
La abogada y policía Ana Viglione era jefa de la Secretaría de Delitos Complejos creada por Bonfatti al calor de la escalada de la tasa de homicidios de 2013. El abogado Andrés Ferrato era su segundo al frente de Investigación Criminal, una de las cuatro divisiones del área. Los dos fueron citados por el juez Juan Carlos Vienna para explicar qué tareas tenía asignadas Gula, el policía de mayor rango en el sector y quien reportaba de manera directa a Ferrato. El sobrenombre de Gula aparecía nombrado en una escucha entre Ramón “Monchi” Machuca y el policía Juan “Chavo” Maciel, condenado por sus ostensibles aportes a la banda y quien por entonces era subalterno de Pereyra.
En un desprendimiento de la “megacausa” del primer juicio al clan Los Monos falsearon su declaración judicial y fueron acusados de falso testimonio porque al ser citados para explicar sus tareas dijeron que las áreas a su cargo no investigaban asuntos de narcotráfico. Sin embargo recibían mails de su entonces subordinado, el comisario inspector Gustavo “Gula” Pereyra, con informes sobre el tema. Esto complicó a Pereyra, quien fue acusado de colaborar con la organización de zona sur pero en 2018 terminó absuelto en el juicio oral a la banda. Tres años después aquel extenso debate, Gula regresó a una sala de audiencias del Centro de Justicia Penal. No ya como imputado sino en rol de víctima: asegura que sus jefes mintieron para perjudicarlo y por eso es querellante en la causa.
El fiscal Aníbal Vescovo había presentado en diciembre de 2018 su acusación contra Viglione y Ferrato. Entonces pidió para ellos la pena de 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de falso testimonio. El trámite se demoró por suspensiones y recursos varios y se retomó en mayo de 2021. Luego de escuchar a las partes en una audiencia preliminar, el juez Román Lanzón respaldó la acusación, desechó un planteo de sobreseimiento y determinó que el caso fuera a juicio oral y público, trámite que se iniciará este lunes a las 14.
La decisión de Lanzón fue inédita, fue la primera vez que un magistrado respaldó el pedido fiscal. Durante la audiencia de 2021 el querellante Sergio Larrubia, con Gula a su lado, fue por más y pidió que la condena sea a 5 años de prisión efectiva. El contrapunto entre los acusadores y la defensora pública Alejandra Paolini adelantó los cruces que anticipa el juicio. Una instancia donde volverá al debate público algo de la tela que dejó para cortar la causa Monos: cuáles eran las funciones de la disuelta Secretaría, qué destino tenían los mails con reportes sobre actividades de narcotráfico que enviaba Pereyra a sus superiores y cuánto de ese delito absorbía la atención del área.
Lanzón evalúo en su análisis que “este es un caso muy particular. Todo parece circunscribirse a dos declaraciones escritas que han perjudicado a Pereyra”. Más allá de de cuánto se vio afectado Gula —un perjuicio que para el magistrado está “claro”— consideró que la cuestión en en juego en este caso es si se afectó el correcto funcionamiento de la administración de Justicia. “Sentarse frente a un juez bajo juramento y mentir o callar algo. Eso es lo que se castiga”, aclaró Lanzón.
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Dijo que el valor de las evidencias deberá sopesarse en juicio: “Puedo tener dudas, no estoy convencido de que con estas evidencias se vaya a obtener una condena. Sin embargo no puedo privar a la Fiscalía y a la querella de un juicio”.
Los dos funcionarios civiles dijeron que no bajaron directivas de investigar casos relacionados con drogas sino que perseguían acciones de crimen organizado como robo de cereales o piratería del asfalto. Pero en la computadora secuestrada al comisario inspector se recuperaron fotos de búnkers y numerosos mails a sus superiores con datos sobre actividades de narcotráfico, lo cual desmentía a sus jefes. Pereyra afirma que sus superiores mintieron para perjudicarlo y no quedar ellos implicados.
En 2014 el juez Vienna desligó de la causa a Gula, al tiempo que abrió el proceso por falso testimonio contra sus jefes. Al revisar los mails el camarista Daniel Acosta advirtió que Gula manejaba un volumen de información mayor al admitido y revocó su sobreseimiento. En septiembre de 2015 fue procesado con prisión preventiva por la entonces jueza Alejandra Rodenas. Así llegó Gula al juicio contra Los Monos, donde dijo que a Viglione le dieron la orden de “desconocerlo” y que en el gobierno de Bonfatti se impuso una línea que quería “recaudar del narco”.
Paolini planteó en la audiencia de 2021 que no había evidencia para demostrar que los funcionarios mintieran dolosamente. “Ellos relataron su dinámica de trabajo”. Sostuvo que los datos sobre drogas que recibían era derivados a otras áreas por no ser de su incumbencia específica. Según dijo, no se demostró que causaran un perjuicio. Esto disparó la réplica del querellante: “Pereyra estuvo nueve meses preso y la declaración de los imputados provocó que fuera a juicio con la banda de Los Monos”, contestó Larrubia.
