Mauro D., de 20 años, quedó imputado y bajo prisión preventiva por el plazo de ley (dos años) por el triple homicidio que el pasado domingo sacudió a la ciudad de Santa Fe. La medida, solicitada por la fiscal Ana Laura Gioria, fue dictada por el juez Pablo Busaniche.
Mauro D. fue acusado el martes por la autoría de tres homicidios en concurso real con la autoría de dos tentativas de homicidio todos calificados por el empleo de arma de fuego del que fueron víctimas Antonio Matías Fernández, de 16 años; María Soledad Ingui, de 39; y Omar Amarilla, de 37 años. Además, al joven se le atribuyeron dos tentativas de homicidio en perjuicio de Celeste Villarisa y Miguel Ravelli, ambos aún internados.
Según la fiscal, “el ataque a las cinco víctimas fue cometido alrededor de las 17.50 del domingo en el interior de un galpón ubicado en la parte trasera de la casa en la que vivía el acusado”, en el barrio Scarafía, en el noroeste de la ciudad.
Allí “las víctimas y el imputado estaban reunidos cuando en un determinado momento, Mauro les dijo: «Los voy a matar a todos ustedes»”. Acto seguido extrajo una pistola calibre 9 milímetros y realizó múltiples disparos hacia los presentes”.
Horas después el muchacho fue apresado aunque el arma usada no fue hallada. En ese sentido, una testigo manifestó que tanto el agresor como las víctimas habían estado consumiendo drogas y que hubo un discusión previa a que se escucharan los disparos.
Cuando aún Mauro estaba prófugo, su padre dijo a los medios santafesinos: “No entendemos qué pasó, estamos sorprendidos y le pedimos a nuestro hijo que se entregue. Si ustedes investigan, él nunca tuvo antecedentes y no sabemos si él hizo ésto ya que no tenía armas en casa”.
La fiscal sostuvo que “hay abundante y contundente evidencia que vincula al imputado con los hechos”. Y remarcó que “el juez avaló la calificación legal seleccionada y entendió que fue atribuida como correspondía”.
La fiscal también hizo hincapié en que “el magistrado entendió que con los argumentos que esgrimimos logramos cubrir los requisitos en torno a los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio, por lo que consideró necesario cautelar el proceso con la privación de la libertad del imputado”.