Durante dos meses la casa particular de una jueza que interviene en trámites por daños y perjuicios fue merodeada por visitantes nocturnos que hicieron estallar poderosas bombas de estruendo entrada la madrugada. Esa secuencia que incluyó seis eventos tiene hasta ahora, como única explicación posible, el hecho de que esta magistrada descubrió maniobras de un mismo estudio jurídico en trámites por accidentes de tránsito. Después del desconcierto inicial frente a tan inusual circunstancia, que dos fiscales toman como acciones de amedrentamiento, distintos tribunales dedicados al mismo tipo de trámite examinaron sus despachos, a fin de determinar si encontraban maniobras coincidentes.
La respuesta es afirmativa. Al menos dos tribunales colegiados hicieron llegar a los fiscales antecedentes idénticos de los casos que descubrió la jueza. Implican a los mismos testigos que se suponen plantados para forzar que las compañías de seguro lleguen a acuerdos extrajudiciales. También notaron que hay un tercer testigo que aparece en distintos accidentes de tránsito, siempre en favor de la víctima del accidente, que es la que tiene que cobrar.
El primero que denunció los casos es el Tribunal Extracontractual 2 a cargo de Edgardo Bonomelli, Jorgelina Entrocasi y Viviana Cingolani. Fue a raíz de audiencia en diciembre por un accidente, cuando se advirtió que un testigo de apellido Lema había aparecido en igual rol en un caso analizado el día anterior. Los demandantes tenían como asesores, además, al mismo estudio jurídico. El caso inicial que motivó las sospechas es Arce Alexis Maximiliano contra Berón Jorge Rufino. La audiencia de conciliación había sido el 29 de agosto pasado. Allí fue ofrecido Lema que según consta es cadete de motocicleta. Luego en otra demanda de Franco Nahuel Carrizo contra José Luis Barboza es propuesto el mismo Lema como testigo. Lo mismo pasa en una demanda de Brian Rubén Lujan contra Marcos Conti. Los abogados de los tres casos integran el mismo bufete.
Luego de estos descubrimientos, el juez del Tribunal Extracontractual 6 Horacio Allende Rubino advirtió varios casos en los que aparecía un mismo testigo, llamado Enrique Amadeo D. No solo en los casos por accidente había sido ofrecido por el mismo estudio jurídico anterior sino que, además, ese mismo despacho de abogados lo había autorizado para diligenciar oficios ante el juzgado.
Los delitos
La detección de estos hechos impulsó un legajo de parte del fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos que, frente a las denuncias de los magistrados, analiza las acciones de abogados de este estudio jurídico, para definir si la conducta desplegada es la que se atribuye a los llamados abogados caranchos. Las maniobras podrían implicar dos tipos de delito. Uno de estafa procesal contra los magistrados. El otro de defraudación contra las compañías de seguro.
Los testigos no llegaron a declarar porque los casos nunca llegaban a fallo después de la audiencia de vista, porque las compañías aceptaban cerrar acuerdos extrajudiciales, que implicaban menores resarcimientos a los denunciantes. Jueces y fiscal entienden que los abogados mostraban un testigo como método de presión para forzar un arreglo. De este modo no había sentencia, pero la víctima presunta cobraba, y el representante legal también.
Desde que la jueza que recibió las intimidaciones con bombas recibió una custodia policial en su domicilio no se reiteraron hechos amenazantes. Los que detonaron las bombas quedaron filmados por cámaras ubicadas en la cuadra. El caso de estas explosiones lo investiga la fiscal Paola Aguirre. El Colegio de Abogados de Rosario se puso a disposición de la Oficina de Gestión Judicial a la que pidió los antecedentes del caso para abrir un trámite sobre los profesionales del estudio señalado. Estos son ocho en total, seis hombres y dos mujeres, y aparecen mencionados en los legajos. En unos días se decidirá si son o no imputados.