Policiales

Descubren un penal VIP en Arroyo Seco, en el que estaba el "Panadero" Ochoa

El ex líder de la barra de Newell's Old Boys y un acusado de homicidio gozaban de inusual confort en esa seccional. Inspector de zona y jefe de comisaría, relevados.

Miércoles 14 de Enero de 2015

Hace un par de meses el rumor ganó la calle: Diego "Panadero" Ochoa está en una celda vip en Arroyo Seco. Lunes por la tarde. Seccional 27ª, 9 de Julio 245 de Arroyo Seco. El mismo lugar en la que funciona la Inspección 8ª Zona. "¿Que son esas puertas?", preguntó uno de los funcionarios de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia en una inspección rutinaria. Un efectivo policial le contestó: "Oficinas". Entonces el funcionario pidió que la puerta, que estaba cerrada con llaves, se abriera. El policía golpeó y, desde adentro, un hombre abrió. Era el "Panadero" Ochoa, el líder de la barra brava de Newell"s, quien está detenido y espera juicio oral y público como autor intelectual del crimen de su antecesor en el paravalanchas leproso, Roberto "Pimpi" Caminos.

En la oficina, transformada en calabozo, había comodidades que no están permitidas en lugares de detención: televisor LED, heladera, aire acondicionado, acceso irrestricto a telefonía celular y una bicicleta fija. Junto al Panadero estaba alojado Luis Ezequiel Q., de 18 años, acusado de asesinar el 1º de diciembre de 2013 a Eugenio Guadagnoli dentro de una pequeña panchería en Entre Ríos al 1000. Q. es hijo de un funcionario policial que integró la brigada especial que investigó a las bandas narcocriminales de la ciudad bajo las órdenes del juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. "Ambos detenidos tenían el manejo de su celda. Tenían la llave del calabozo y abrían la puerta desde adentro", indicó una fuente de la pesquisa, en manos del fiscal Guillermo Apanowicz.

Pero esa no fue la única irregularidad detectada en la 27ª por la Secretaría de Control de la Fuerzas de Seguridad de la provincia, con el apoyo de efectivos de la Delegación Sur de la Dirección de Asuntos Internos. En otra oficina, esta sí cerrada con candado, un detenido acusado por abuso sexual gozaba de servicios y comodidades que no están permitidas en lugares de detención. Claro está que sin el control de las llaves. Tras comprobar la anormalidad, los funcionarios le dieron intervención a la Fiscalía.

El fiscal Apanowicz acusó al titular de la dependencia, comisario Cristian Moya, y el jefe de Inspección de la 8ª Zona, Daniel Villasboa, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Los policías fueron fichados y seguirán el proceso en estado de libertad. Lo grave es que se sospecha que los detenidos disfrutaban de esas ventajas en virtud de su capacidad económica.

Fueron notificados de lo sucedido los jefes policiales de la región, el del Nodo Rosario, José Luis Amaya, y el de la Unidad Regional II, Miguel Angel Oliva, quienes dispusieron que los acusados fueran relevados y puestos en disponibilidad.

Las voces. El avance del rumor provocó que con hermetismo media docena de funcionarios políticos, con el apoyo de efectivos de Asuntos Internos, desembarcaron en la 27ª donde debía haber cinco privados de la libertad.

Revisaron el libro de guardia. Realizaron un chequeo sobre las funciones del personal. Observaron el penal de la comisaría, que está en reestructuración, en el que había dos detenidos.

Todo iba bien hasta que los funcionarios llegaron a las puertas placa de lo que, a la vista, eran dos oficinas. Allí encontraron a los tres presos que faltaban. Dos en una oficina de 1.50 por 2 metros —Ochoa y el joven Q.— y el restante en la que estaba cerrada con candado. "Por el momento lo que estamos haciendo es recolectar todas las pruebas posibles. Ya secuestramos el libro de guardia y a partir de ahí veremos quiénes están involucrados y por qué cargos", apuntó una fuente consultada.

Oficina equipada. Ayer por la mañana el fiscal Apanowicz realizó una inspección ocular de la comisaría 27ª y ordenó una serie de medidas tendientes a poder afinar el tenor de la acusación. "Estando de turno, el lunes por la noche me informaron que en un control rutinario llegan a la seccional 27ª de Arroyo Seco encontraron que en una oficina, no en el penal, estaban alojadas tres personas detenidas, entre ellos el conocido como Panadero Ochoa. Era una oficina equipada con aire acondicionado, heladera, televisor, entre otra otros elementos", sostuvo Apanowicz. "Lo que se pudo constatar es la existencia de tres espacios muy diferenciados de los calabozos comunes donde hay otros tres detenidos. Son habitaciones separadas, especialmente adaptadas para mayor comodidad de los reclusos", explicó.

El fiscal indicó que al tomar conocimiento de esta situación ordenó que se tomen fotografías de todo el lugar y que se les abriera una causa penal al comisario y al inspector de zona, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el que también puede haber implicado personal subalterno. "Había en el lugar otros presos que no recibían el mismo trato privilegiado".

Apanowicz indicó que en las próximas horas se realizará la audiencia imputativa. "En ese paso procesal se les hace saber el hecho o delito por el que se los acusa, y las pruebas con que contamos. El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público contempla pena de multa, pero creemos que podemos encuadrarlo en otra figura legal más grave", adelantó. Todo hace suponer que esa irregularidad "se mantenía por dinero", dijo el fiscal.

La situación procesal de los beneficiarios

Lo último que se conocía de la vida del Panadero Ochoa fue hace tres semanas cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocó el procesamiento en su contra por mandar a matar a Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, pero lo mandó a juicio oral como autor intelectual del crimen de su antecesor al frente de la barra brava, Roberto Pimpi Caminos, hecho cometido el 19 de marzo de 2010 en el marco de la disputa por el liderazgo del paravalanchas leproso. Por ese homicidio ya fueron condenados como autores materiales René Ungaro, Carlos Alberto “Betito” Godoy y Emanuel Suárez.

Por el lado de Luis Ezequiel Q., hace un mes la Cámara Penal de Rosario rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Con 17 años (es decir, siendo punible para la ley argentina), el adolescente fue privado de la libertad bajo la tutela del juzgado de Menores Nº 2, a cargo de Gabriela Sansó, acusado del crimen de Eugenio Guadagnoli, de 19 años, ocurrido el 1º de diciembre de 2013 dentro de una pequeña panchería en Entre Ríos al 1000. Al presentarse ante las autoridades judiciales, seis días después del hecho, el chico se negó a declarar. Más tarde quedó acusado de “homicidio calificado por la alevosía”.

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