A la organización se le secuestró 21 vehículos de alta gama —algunos 0 kilómetro y sin patentar—, 56 teléfonos celulares, seis armas de fuego, joyas, dinero en efectivo, muebles y productos electrónicos nuevos. Según los investigadores, muchos de esos bienes fueron adquiridos con el fin de blanquear las ganancias de los chantajes (ver aparte). A los detenidos les imputarán conformar una asociación ilícita, extorsión y tenencia de armas.
En este caso, la investigación fue iniciada hace casi un año y estuvo a cargo del fiscal de Investigación y Juicio Nicolás Foppiani en colaboración con la Policía de Investigaciones (PDI).
Escuchas. La pesquisa se basó en escuchas que demandaron una paciente tarea de rastreo de los aparatos que utilizaba la banda. Es que para sortear cualquier persecución se manejaban con teléfonos celulares de baja gama, a los cuales les insertaban chips con números y abonos prepagos que adquirían en cualquier comercio. Luego de un tiempo, los descartaban para evitar seguimientos.
Pero además, la PDI entrecruzó datos que obtuvo de los investigadores de calle abocados a rastrear sigilosamente los movimientos de los sospechosos y a husmear el recorrido de los autos involucrados en los secuestros.
Según detalló Foppiani ayer en rueda de prensa, a los 17 sospechosos (15 hombres y dos mujeres, la mayoría miembros de una familia gitana) apresados entre las 20 y las 22 del domingo en viviendas de Lamadrid al 2200, otros inmuebles de la zona sur de Rosario y de la localidad de Funes se les atribuye "136 hechos, algunos consumados y otros intentados".
Aunque ese número podría elevarse si se tienen en cuenta los casos cuyos damnificados no realizaron denuncias, generalmente por temor a que se concreten amenazas que recibieron al ser engañados.
Entre otros elementos, en los allanamiento se secuestraron 21 vehículos de alta gama (entre camionetas y autos), 20 mil dólares, una veintena de cheques de 20 mil pesos cada uno (algunos del banco Macro sucursal Cañada de Gómez), seis armas de fuego (cinco de puño y una larga), 56 celulares, artículos de electrónica (computadoras, equipos de audio, tablet) muebles y joyas.
Extorsión. "Es una modalidad que todos conocemos, considerada delito de extorsión. Comenzamos a tender redes para descubrir cuál era la asociación ilícita que estaba detrás. Es un trabajo que veníamos coordinando con la PDI", indicó Foppiani sobre la pesquisa que encabeza desde hace un año, y que durante los operativos del domingo demandó el despliegue de más de cien efectivos policiales y de cinco fiscales
"Se allanaron 15 domicilios, se logró la detención de varias personas y el secuestro de una importante cantidad de bienes: vehículos de alta gama, electrodomésticos, televisores, dinero en efectivo, dólares, documentación relativa a joyas y cheques por una suma muy importante", detalló el funcionario.
Al estimar el tiempo que la banda lleva perpetrando las estafas, remarcó que todo comenzó con los hechos denunciados desde que se implementó el nuevo sistema penal, en febrero de 2014. "A partir de ese momento tratamos de vincular un hecho con el otro, con lo cual se pudo determinar la red delictiva que estaba detrás de estos falsos secuestros", recordó el fiscal.
Consultado sobre una banda detenida el año pasado y acusada de idénticos delitos, Foppiani aclaró que sólo uno de los apresados el domingo tendría vinculación familiar con ese grupo, que también pertenece a la comunidad gitana que habita en la zona sur y cuya actividad visible es la venta rodados pesados y autos, así como el transporte de cargas.
El fiscal supeditó la atribución de los delitos que le imputará mañana a los detenidos al resultado de la pericia sobre los 56 celulares secuestrados para determinar "los llamados entrantes y salientes a la víctimas".
En ese sentido apuntó que se tendrán en cuenta los informes de las prestadoras del servicio de telefonía celular, a quien se le remitieron "unos 200 oficios a lo largo de este año para cerrar el círculo con los teléfonos celulares secuestrados".
El montaje. "La investigación nos permitió determinar con bastante precisión cuál era la forma de trabajar de esta gente: se dedican a comprar chips de telefonía celular con abonos prepagos. Estos chips, por una deficiencia del sistema de comunicaciones, las empresas se los dan a cualquiera sin verificar identidades”, criticó Foppiani sobre un vacío normativo que facilita el anonimato de los secuestradores. “Entonces —añadió— colocan esos chips a celulares de baja gama, pero los cambian permanentemente, lo que dificulta el rastreo de la llamada”, precisó sobre las dificultades que afrontó la pesquisa.
Foppiani describió cómo chantajeaba la banda a sus víctimas. “Llaman a personas siguiendo la guía telefónica, sobre todo a mujeres con apellidos que remiten a la tercera edad, lo hacen sistemáticamente, una y otra vez. Hubo hasta 200 llamados en una misma noche” contabilizó.
En la fase siguiente, según contaron el comisario Fernando Ochoa y el fiscal Foppiani, de inmediato los timadores avisan a un cómplice que está en la calle atento para dirigirse al lugar donde será depositado el botín. “Fijate que picó uno”, se los oyó en las intervenciones telefónicas.
Otro dato es que generalmente los embaucadores tratan de elegir víctimas con domicilios en pasajes, donde las bolsas con el dinero pueden pasar desapercibidas y hay menos movimiento vehicular.
En este caso, el grupo había alquilado un departamento en barrio Parque desde donde montaban la base de operaciones (las víctimas son mayormente del macrocentro), pero para que no le siguieran el rastro, se desplazaron a varias viviendas ubicadas entre bulevares.
Como si fueran actores, Foppiani dijo que montan “una escena, pero en ningún caso hubo una persona real privada de la libertad. Extorsionan a la víctima obligándola a dirigirse a determinado lugar, como un contenedor, un árbol, algo fácilmente reconocible, donde le hacen dejar el dinero en bolsas de residuos negras o blancas”.
Intermedia. Si bien aún no se pudo precisar si los secuestros representan la única actividad ilícita de la gavilla, para Foppiani “está visto que le representaba fuertes ingresos por la magnitud de los elementos secuestrados”.
El fiscal explicó que, en principio, acusará a los sospechosos por los delitos de asociación ilícita con roles determinados para algunos, de extorsión en grado de tentativa y consumada, y tenencia de las armas de fuego
“No es la única banda pero sí una de las más importantes”, subrayó Foppiani al describir la magnitud de la investigación, a la que consideró en una fase intermedia, y cuyos operativos que derivaron en las detenciones la ubicaron “en un punto de inflexión”.
