Desarticulan seis bandas de violentos prestamistas

El viernes pasado grupos de asalto y antinarcóticos de la policía santafesina realizaron 27 allanamientos en los cuales fueron apresadas 31 personas que, según una pesquisa llevada adelante por el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de la capital provincial, dejó fuera de circulación a seis grupos de prestamistas que actuaban con métodos mafiosos y compartían la logística de "aprietes" a comerciantes y particulares.

La investigación fue encabezada por el jefe de Inteligencia Criminal del Organismo de Investigaciones Zona Centro-Norte, Rodolfo Galfrascoli, y las fiscales Mariela Giménez y Laura Urquiza de la Fiscalía Especial de Delitos Complejos y Violencia Institucional de Santa Fe. Su trabajo, iniciado hace unos seis meses, demostró la existencia de una asociación ilícita y los vasos comunicantes entre distintas bandas que compartían una idéntica manera de actuar incluso tenían vínculos familiares entre sí.

"Sipres", "Créditos Santa Fe", "Credit ya", "Presta más", "Presto Cash", "Imperio Equipamiento" y "Belle Maison" son los nombres de fantasía de las seis empresas desmontadas por la investigación y que se dedicaban a prestar dinero a personas y comercios que no podían acceder a entidades financieras convencionales por diferentes motivos.

Separadas pero juntas

Según se desprende de la causa, esas empresas trabajaban en forma independiente pero funcionaban en una suerte de red por la similitud de métodos. Cobraban tasas usurarias y recurrían a violentas amenazas, que en ocasiones llegaron a apremios ilegales, para asegurarse el cumplimiento de los deudores. Incluso, en el expediente en el que se acumularon las denuncias, se registran al menos dos suicidios vinculados a la imposibilidad de pagar los créditos otorgados por esas firmas y el amedrentamiento sufrido por los acreedores.

Los seis grupos de prestamistas operaban en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y otras localidades aledañas. Promocionaban sus "servicios" con páginas propias en redes sociales, colgaban carteles en la vía pública y contactaban también a sus clientes y víctimas a través del boca a boca. No tenían razones sociales registradas y apuntaban a familias de sectores humildes y pequeños comerciantes en apuros por la situación económica.

Los 27 allanamientos realizados el viernes y que concluyeron con 31 detenidos también arrojaron el secuestro de nueve vehículos de alta gama, siete motos, una camioneta, siete armas de fuego, 47 mil dólares y alrededor de un millón y medio de pesos en efectivo. También se incautaron 14 computadoras, nueve notebooks y 15 tablets que serán relevantes, tras sus peritajes, para continuar la investigación.

Además, entre el material hallado hay pagarés en blanco firmados por varios acreedores, copias de denuncias con información sobre las causas judiciales en las que se investiga a los grupos, formularios 08 para la transferencia de vehículos y escrituras de terrenos que se supone fueron obtenidos como parte de pago de los préstamos. Por si faltara algo, los efectivos encontraron marihuana cocaína y una balanza de precisión.

De acuerdo a fuentes oficiales, uno de los procedimientos se realizó en una coqueta casa del country Aires del Llano, en Santo Tomé. Un predio exclusivo de 174 hectáreas sobre la autopista Rosario-Santa Fe en la cual reside uno de los principales investigados. Otro de los cabecillas vivía en otro lujoso barrio residencial en el que tenía un árbol de Navidad de más tres metros de altura.

Tasas usurarias

Los préstamos, según informaron desde el Ministerio de Seguridad, eran cobrados a tasas usurarias por las organizaciones y "toda demora en el cobro de los suculentos dividendos era sancionada con apremios y torturas de todo tipo". En ese sentido, las presiones eran tan violentas que en la causa quedaron registrados dos suicidios por las amenazas y extorsiones. Como prueba, hay dos cartas escritas por sendas víctimas antes de quitarse la vida.

"Por el momento, corroboramos que lo que tienen en común las bandas es la modalidad para llevar a cabo el delito", informaron las fiscales en conferencia de prensa. Urquiza y Jiménez contaron que en la Fiscalía a su cargo se registraron una decena de denuncias de las víctimas a raíz de las amenazas y 20 a partir de los allanamientos.

Asimismo explicaron que la investigación aún no concluyó y que las imputaciones a los detenidos se realizarán la semana que viene. "Estamos evaluando solicitar un procedimiento extendido para tener un plazo prolongado para realizarlas", adelantaron. Y eso es así porque pretenden discriminarlas por "cada empresa de trabajo, grupo o banda identificada". Y para ello tienen que definir el papel y el grado de participación de cada uno de los apresados el viernes. No obstante, en un primer momento las imputaciones serían por los delitos de coacción, amenazas, lesiones con arma de fuego, extorsión, chantaje, y los dos casos de inducción al suicidio, de los cuales son testimonio sendas cartas que dejaron las víctimas al quitarse la vida.