Este viernes fueron derribados dos búnkeres utilizados para la venta de drogas en barrio Las Flores, en Rosario. Con estas intervenciones, ya son 86 los puntos de venta de estupefacientes inactivados en esa ciudad y 145 en toda la provincia.

Los procedimientos se llevaron adelante en Pasaje 556, entre 5 de Agosto y Rosa Silvestre, y fueron supervisados por el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, junto con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Alejandra Raigal.

La fiscal explicó que los derribos fueron dispuestos luego de una serie de allanamientos realizados hace aproximadamente un mes, en el contexto de una investigación de la Unidad de Microtráfico iniciada a partir de llamados de vecinos al 911 que advertían sobre la existencia de distintos puntos de venta de estupefacientes.

A partir de esas denuncias, "se delegó la investigación a personal de la Policía Federal y se pudo detectar la existencia de este punto de venta, que coincidía con estar al lado de uno que ya se había derribado un año antes", detalló la fiscal.

Los búnkeres de Las Flores

Raigal señaló, además, que la investigación permitió identificar "12 lugares donde se vendían estupefacientes o se guardaba material estupefaciente". Durante los allanamientos, agregó, se secuestró "gran cantidad de material estupefaciente", además de elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas, balanzas, dispositivos de cobro electrónico, teléfonos celulares y armas de fuego. En el marco de la causa hay personas detenidas sobre las que se dispusieron medidas cautelares.

Por su parte, Pereya expresó que la aplicación de la ley de microtráfico permite "el trabajo integral del Estado" y valoró el involucramiento de los vecinos a través de las denuncias al 911. Según explicó, esos llamados permiten advertir sobre "la problemática que generan en los barrios y en su entorno estos puntos de violencia, que descomponen todo el tejido social".

Historia de los derrumbes

La ley de microtráfico fue sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023. Su aplicación comenzó a principios de 2024 y contempla, entre otras medidas, la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva. En tanto la cuestión de los derribos se remonta a abril de 2014.

Ese año, el por entonces secretario de Seguridad Comunitaria provincial, Ángel Ruani, confirmó que se habían sido destruido tres quioscos de venta de droga que funcionaban en Perú al 3300, 27 de Febrero y Circunvalación y en Uruguay al 3200, este último había comenzado a ser demolido por los vecinos del lugar.

Ruani, que trabajó durante la gestión del entonces gobernador Antonio Bonfatti, precisó: "Ya teníamos una definición política cuando la llegada de Gendarmería se hace con 89 allanamientos en 67 lugares de venta. Cuando se retira Berni, le dice al gobernador sobre la posibilidad de que no se reabran, que ellos iban a apoyar pero que había que romper los que se puedan romper". Nueve años después, en 2023 se sancionó la Ley. De hecho, el posible derrumbe de edificios utilizados como búnkeres comenzó a ser analizada por el gobierno de Bonfatti desde el 2012.