Una empresaria denunció penalmente a su padre, un reconocido psiquiatra de la ciudad, a quien acusó de haberla tratado de declarar insana mediante la presentación de un certificado médico falso en Tribunales con el objetivo de internarla en una clínica de salud mental de su propiedad y apoderarse de sus bienes. Con motivo de la denuncia, dos institutos psiquiátricos semicéntricos que pertenecen al profesional en cuestión fueron allanados esta semana por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina.

La presentación fue realizada por Luciana M., quien administra un geriátrico de la zona norte rosarina, en el juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, y del caso se puso en conocimiento al tribunal de disciplina del Colegio Médico. Según las fuentes, la causa podría acumularse en el juzgado de Instrucción número 9, a cargo de Javier Beltramone, porque la trama denunciada se inició el 26 de septiembre pasado cuando ese despacho estaba en turno.

Según la denuncia radicada por Luciana M. con el patrocinio del abogado Paul Krupnic, aquel día su padre, Edgardo M., se presentó en el juzgado Colegiado Nº 5 con un certificado médico que la declaraba "peligrosa para sí o para terceros" y solicitaba su internación en la clínica Río, de Pellegrini 760, de la cual el psiquiatra denunciado es dueño. El documento, confeccionado en una hoja con membrete del Instituto San Lucas, del que el padre de Luciana es "socio mayoritario, gerente y director médico", también refería que la mujer ostentaba conductas "disruptivas, agresivas y paranoides" y llevaba la firma del psiquiatra Javier T. Ese certificado, dice Luciana, es "totalmente falso" ya que el citado profesional "nunca examinó ni tuvo contacto personal de ninguna característica" con ella.

Entonces se inició la causa 2547/08 sobre "declaración de incapacidad", en la cual el padre de la empresaria solicitaba que fuera declarada insana y se ofreció para ser designado curador de sus bienes y propiedades. Ante eso, el juez Ricardo Dutto dispuso la internación de Luciana M. en una institución psiquiátrica. Pero la medida no llegó a concretarse porque la forense que se constituyó en el domicilio de la mujer advirtió en su informe que "no surgen elementos indicativos de trastorno mental y (la mujer) no reúne criterios de internación psiquiátrica". Al día siguiente, otra forense corroboró el diagnóstico tras una entrevista en Tribunales.

Plan siniestro. "He sido víctima de un plan maquiavélico urdido para despojarme de mis bienes y confinarme a una institución psiquiátrica bajo control directo de mi padre y su staff médico", afirmó Luciana, quien denunció a su papá y al psiquiatra que firmó el certificado que achaba su estado mental por los delitos de privación ilegítima de libertad agravada en grado de tentativa, estafa procesal y emisión de falso certificado médico.

Tras la presentación de la denuncia penal, la jueza María Luisa Pérez Vara le dio intervención a la TOE. Los efectivos de esa fuerza de seguridad allanaron ayer la clínica Río buscando una historia clínica, estudios, test o análisis que respaldaran el certificado médico que declaraba "peligrosa" a Luciana. Pero allí no encontraron nada que así lo acredite.

El lunes, en tanto, habían registrado el instituto San Lucas, de Paraguay 1655. Tampoco hallaron allí documental de interés para la causa, aunque fueron recibidos por el propio doctor Edgardo M., el padre de la denunciante. "En presencia de testigos manifestó de manera voluntaria que el médico psiquiatra que firmó el certificado nunca había trabajado en esa clínica y que la mujer nunca fue paciente del lugar", confió un vocero policial. Del instituto se llevaron, a pedido de la magistrada, un listado del personal que trabaja allí.

Pelea por dinero. "Nunca he sufrido trastornos de tipo psicológico o psiquiátrico", afirmó Luciana en su denuncia penal. Y contó en esa presentación los motivos que llevaron a su padre a querer quedarse con sus bienes haciéndola "pasar por loca", como ella misma sostiene.

Detrás de esta contienda "se esconde un conflicto económico" que deviene de que las firmas Puente Victoria SRL y Sanbean SRL de las cuales ella es socia gerente, alquila propiedades de la firma Dalusan SA de la cual es presidente su padre. Y, en ese sentido, dice que "la privación de libertad (internación en una clínica psiquiátrica en donde los acusados tienen total control) tenía como única finalidad lograr que en mi desesperación accediera a los reclamos económicos, o mejor dicho, cediera a los intereses económicos desmesurados y fraudulentos de mi padre".

El final de la primera parte de la historia se escribió el 24 de noviembre del año pasado cuando el doctor Edgardo M. desistió de la acción iniciada contra su hija y del proceso judicial, presuntamente "al reconocer que habían quedado al desnudo sus maléficas intenciones", dice la denunciante. Y se pregunta. "¿O acaso cómo se entiende que un padre altamente preocupado por una hija mentalmente alterada y peligrosa para su persona, terceros y bienes desista del tratamiento?". La segunda parte es la que ahora trata de dilucidar la jueza Pérez Vara.