Héctor Díaz dice que su ex mujer lo acuchilló y que tiene miedo de que lo maten. Es que, según él, su ex esposa lo agredió con una certera puñalada el 15 de agosto de 2013 y luego de eso fue a la seccional 30ª para acusarlo a él de golpearla e intentar matarla. Con lo que, según Díaz, el oficial Ariel "Rambito" Q. "arregló la confección del acta y me armaron una causa haciendo pasar el tema como una situación de violencia de género. Así la liberó a mi ex de un intento de homicidio".
En aquel momento Héctor Díaz no acusó a su pareja, Melisa R., por el intento de homicidio. Pero al hurgar en la causa se encontró con que fue "Rambito" quien lo perjudicó. Y que ese policía "es el mismo que el 23 de marzo" pasado le puso "una pistola 45 en al rodilla" y le dijo: "Dejate de revolver mierda y de romper las pelotas", lo que Díaz asoció al tema de la causa "armada" contra él por este policía y el padre de Melisa. Cada una de las líneas de le denuncia presentada por Díaz en Asuntos Internos está sostenida por las charlas que pudo mantener con su ex mujer, quien le relató lo sucedido con "Rambito".
El origen. La historia que lleva a Díaz a vivir con temor y amenazado comenzó el 23 de abril de 2013. Ese día el hombre le planteó a Melisa que abandonara la casa que compartían junto a los hijos que Díaz tiene de un matrimonio anterior y a los hijos de la pareja, Julián y Leonel. Es que el hombre descubrió "una infidelidad" de su mujer. "Yo noté varias veces que ella me decía cosas que no eran. Que se iba a caminar sola a la noche, que no iba a buscar a los chicos al jardín y que estaba rara", cuenta Díaz con las denuncias en sus manos.
Entonces le pidió "pacíficamente" que abandonara la casa y la mujer aceptó. Pero en un momento "me clavó un tramontina por la espalda. La herida fue de 12 centímetros y tardé cinco meses en recuperarme", cuenta Héctor.
Finalmente, esa misma tarde su ex mujer acudió a la comisaría 30ª para "cubrirse". El tiempo transcurrió y el hombre terminó siendo quien afrontó un pedido judicial de exclusión del hogar por el cual no se debe acercar a 200 metros de sus hijos. "Un día encuentro en el shopping a Melisa. Hablamos y me cuenta que, cuando fue a la comisaría, este Rambito le dijo al padre de ella que la situación era comprometida, que podía ir presa, pero que había una solución". La idea del uniformado, que consta en la denuncia, fue "cobrarle al padre de Melisa 6 mil pesos para que la causa se iniciara como violencia de género. Cuando ella me dice eso, hice la denuncia por extorsión", contó Diaz.
Los aprietes. Desde el momento que hizo las denuncias, Díaz empezó a sufrir persecuciones y amenazas de "Rambito". "En agosto de 2013 vino a mi casa este policía que es flaco, morocho y alto, que tiene una corona en un diente y un tatuaje, y me dijo que me dejara de joder, que agradeciera que estaba vivo y que no revolviera mierda. Sacó un arma que llevaba en la cintura y se la puso en la espalda como para mostar que la tenía", contó muy preocupado.
Una nueva amenaza se produjo el 22 de marzo pasado, lo que llevó a Díaz a hacer pública su situación. Ariel Q. le cruzó el auto en una esquina y lo amenazó. En la denuncia que presentó en Asuntos Internos, Díaz especificó que "ese día lo crucé en la 30ª cuando fui a hacer una denuncia por otro tema. Me miró y me dijo: «Espero que no vengas a romper las pelotas». Y después, cuando salí de la comisaría, me siguió".
La vítima de las amenazas contó que "en el cruce de Manuel García y Superí, este policía me encerró con su Ford Ka, se bajó y se subió a mi auto. Me puso una 9 milímetros en la rodilla y me dijo: «Meterte con un policía es al pedo. Esta vez te salvás porque estoy con la nena» (en referencia a una niña de unos 10 años que iba con él arriba del auto)".
Díaz tiene temor de que el uniformado le "tire el auto encima, me mate o le haga algo a mi familia". En estos momentos Díaz está buscando trabajo, aunque en realidad sólo le preocupa su seguridad.
Reclaman enviar a juicio al proveedor de químicos del narco David Zacarías
El fiscal federal Leonel Gómez Barbella pidió que sea llevado a juicio oral un hombre acusado de ser el proveedor ilegal de los precursores químicos a David Delfín Zacarías, detenido en la localidad de Funes en 2013 cuando estaba por transformar 300 kilos de pasta base en clorhidrato de cocaína. La solicitud fue presentada ante el juez federal Sergio Torres y alcanza a Bernardo Luis Castaño, de 54 años y procesado por "disponer ilegalmente de sustancias químicas utilizables como materias primas en la elaboración de estupefacientes", lo que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.
Según lo publicado en la página www.fiscales.gov.ar, "en poder del imputado" se secuestró el 6 de agosto de 2013 sustancias como ácido clorhídrico, xileno, tolueno, ácido acético, acetato de etilo, acetona, sodio carbonato anhidro y ácido muriático tras allanar tres domicilios, dos en la ciudad de Buenos Aires y el restante en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría.
Según la Fiscalía, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima realizada el 14 de septiembre de 2012 ante la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en la que se indicó que Zacarías, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo y dueño de una remisería en Granadero Baigorria, estaba involucrado en la venta de drogas y "compraba los insumos químicos a una persona llamada Bernardo Castaño".
Todo organizado. Para el fiscal Gómez Barbella, este acusado "mantenía a su disposición de manera irregular una importante cantidad de sustancias químicas controladas y contaba a la vez con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la distribución onerosa de tales productos a terceros, dándole apariencia lícita al movimiento cotidiano de precursores químicos que, en realidad, no se hallaba autorizado a manipular".
En ese sentido, el fiscal apuntó que "todas o parte de las sustancias incautadas tenían como destino específico favorecer actividades de tráfico ilícito de narcóticos, conforme se desprende de la información remitida por las autoridades del Registro Nacional de Precursores Químicos de la Sedronar".
De acuerdo con el fiscal, la Sedronar documentó "la coincidencia en cuanto a la aparición en otros expedientes judiciales en los que se investigan actividades vinculadas con el narcotráfico de productos químicos de idénticas características a los que tenía Castaño". Por su parte, este hombre "no pudo desvirtuar la acusación" durante su indagatoria, en la que afirmó que él se dedicaba a elaborar "productos de laboratorio, fundamentalmente histopatología, papiloscopía y criminalística".
En la instrucción de la causa, se sumaron distintos elementos de prueba, entre ellos, las escuchas telefónicas y los peritajes realizados al material incautado. Y en base a la prueba recolectada, el 17 de marzo pasado la sala I de la Cámara de Apelaciones porteña confirmó el procesamiento de Castaño.
Zacaría fue apresado el 6 de septiembre de 2013 en lo que se denominó "Operativo Flipper", en una casa de Funes en la que funcionaba una cocina de cocaína. Con la supervisión del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, hubo 14 allanamientos ordenados por el fiscal federal Juan Patricio Murray.
En el chalé de Funes donde cayó a Zacarías se hallaron 300 kilos de pasta base, una cuantiosa suma de dinero en efectivo tanto en pesos como en divisas extranjeras y unos mil kilos de precursores químicos. Tal es así que aquel día el fiscal Murray precisó que primero "se logró descubrir la fuente de abastecimiento de precursores" y luego "se determinó el lugar y la fecha donde sería procesada la pasta base para convertirla en clorhidrato de cocaína".
Por esa causa fueron procesadas 15 personas, entre ellas el mismo Zacarías y otros miembros de su familia, y dos policías: el agente federal José Luis Dabat y el provincial Diego Comini (ex jefe de la brigada de Drogas Peligrosas de la ciudad de Santa Fe).