Estuvo casi dos años preso acusado de homicidio. Durante ese tiempo pasó por diferentes comisarías de Rosario donde sufrió en carne propia las penurias del sistema carcelario y su vida llegó a correr serios riesgos al quedar en medio de un motín. El trance no le salió gratis. Le ocasionó no sólo daños materiales (perdió su empleo en un frigorífico), sino también perjuicios en la salud. En el juicio que se hizo en su contra fue absuelto del crimen y ahora presentó una demanda contra el Estado provincial por 643 mil pesos.

Daño moral, físico y estético, privación de la libertad, lucro cesante y trastornos psicológicos fueron los puntos que Cristian Emanuel Zapata describió a través de su abogado en la demanda presentada ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº2 de Rosario.

El principio. La historia que lo tuvo como protagonista, y que este diario publicó en noviembre de 2006, se inició dos años antes: el 5 de noviembre de 2004. Su vida cambió para siempre. Un grupo de policías de civil y exhibiendo armas y placas identificatorias, se presentó en el frigorífico Mattievich de Puerto San Martín donde el muchacho trabajaba. De inmediato le anunciaron que debería acompañarlos por que estaba acusado del asesinato de Pablo Vega, ocurrido 7 de octubre de ese año..

Zapata, hoy de 25 años, se desempeñaba como ayudante de veterinaria y tenía un contrato que lo vinculaba con el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). Cuando lo detuvieron, le faltaban pocos días para ingresar a la planta permanente de ese organismo. El muchacho pasó por diferentes seccionales, donde soportó las infrahumanas condiciones de alojamiento y también episodios de violencia.

En la 24ª de Granadero Baigorria quedó en medio de un motín que se desencadenó cuando un grupo de presos intentó fugarse. Hubo quema de colchones "y casi murieron todos asfixiados". Entonces recibió dos puntazos en el pecho. Al cabo del proceso judicial, Zapata fue absuelto y automáticamente quedó en libertad. Un juez de sentencia consideró que las pruebas que existían en su contra eran contradictorias y no alcanzaban para condenarlo.

Cecilio Lescano, abogado patrocinante de Zapata, señaló en la presentación que su cliente reclamará por el daño emergente "por haber estado injustamente detenido, por el error judicial, pero también por el daño psicológico y moral por las condiciones inhumanas que sufrió en las seccionales de Rosario". El joven estuvo, además de la 24ª, en la 23ª de Funes, en la 2ª , en la 15ª y Sub 20ª de Rosario. "En la 15ª mi cliente no tuvo control médico alguno y a consecuencia de las condiciones inhumanas que debió soportar se contagió enfermedades de la piel, se llenó de granos, le brotaron forúnculos de un dolor inmenso y que se llenan de pus", argumentó el letrado.

Lescano realizó en su escrito una descripción detallada de la difícil vida que llevó el joven mientras estuvo privado de la libertad e hizo hincapié además en el hacinamiento en, por ejemplo, la sub 20ª. Zapata "vivía en una habitación de 4 metros por 6, un pasillo de un metro y medio por cuatro y un baño. Ahí había 24 personas. Cómo no entraban todos acostados, en posición horizontal, se turnaban para dormir y 7 u 8 detenidos se quedaban despiertos. Zapata se quedaba despierto dentro del baño, junto con otros 6 detenidos durante toda la noche y a la mañana a eso de las 10, cuando los demás se despertaban, recién se podía acostar. Zapata debía dormir mientras los internos que estaban ya levantados y no tenían lugar donde estar hablaban y trataban de moverse dentro del pequeño lugar".

Al momento de mensurar el daño sufrido por el muchacho, el abogado reclamó el pago de 400 mil pesos. La demanda incluye el ítem del lucro cesante, es decir el perjuicio que tuvo el acusado al no poder cobrar los sueldos en su trabajo durante el tiempo que estuvo detenido. En este caso la suma requerida es de 18 mil pesos. En cuanto al daño físico y estético, el cálculo suma 25 mil pesos. Por daño moral, la suma requerida es de 150 mil pesos y por trastornos psicológicos 30 mil.