Policiales

Delito y reincidencia: problemas de control y coordinación estatal

Déficit de seguimiento de los que tienen captura y desatinos legales propician riesgos de repetición de ilícitos. Menos del 10% de los 3.900 presos accede a salidas transitorias.  

Martes 05 de Abril de 2016

Hace 20 días un detenido fue recapturado en una pelea de barrio en Rosario. Los policías que lo atraparon no lo devolvieron a prisión por verificar que era un fugitivo sino porque un familiar había aportado varios datos útiles por teléfono: reveló su aspecto físico, dónde ir a buscarlo, el nombre falso que usaba, el nombre verdadero y que estaba prófugo. Lo llevaron frente a la jueza de Ejecución Luciana Prunotto en la cárcel de Riccheri y Zeballos. El interno explicó que no había vuelto de la salida transitoria porque había tenido una hija y quería ayudar a su familia haciendo algunas changas. "Me porté bien, fíjese que no tengo causas", le decía a la jueza, para demostrarle que no estaba implicado en un delito nuevo. El momento desconcertante llegó cuando comentó que estando prófugo había tramitado su DNI para poder inscribir a su hija y, dado que había sido obrero, gestionarle la obra social de la construcción. Es decir que, según lo explicado, sacó su DNI y el carné para la seguridad social sin que dos órganos del Estado detectaran que tenía activa una orden de captura.

La cantidad de personas con condena que retornan al delito, los problemas de comunicación entre órganos diversos del Estado y la fragilidad de los controles es por estos días el centro de un debate confuso. Distintas agencias oficiales se afirman en sus datos componiendo un dibujo contradictorio. Hace una semana el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, dijo que en los últimos 28 meses la policía había detenido a 926 reincidentes, algunos con condenas previas, y pidió a los jueces que sean más estrictos con los controles para mitigar la inseguridad.

Promedio. El secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, reveló que de los 3.900 presos en cárceles provinciales, un promedio de 300 EM_DASHmenos de un 10 por ciento de la población carcelariaEM_DASH egresan con salidas transitorias. De esos 300, según un informe elaborado por la repartición a su cargo, cumplen con ese régimen un promedio 297 o 298. "Uno de cada 300 no vuelve de sus salidas y luego es recapturado", dijo.

Cococcioni trata de distinguir asuntos mezclados. Dice que cuando Pullaro habla de reincidentes se refiere al número total de individuos con antecedentes atrapados al volver a delinquir. No sólo a los que se han ido en una salida transitoria y no volvieron sino también a los que están en libertad condicional o ya cumplieron su condena y vuelven a violar la ley. Sobre estos últimos, los que ya cumplieron condena, los jueces no tienen ninguna atribución.

Contrasentido. Los sucesivos parches en el sistema legal relacionados con el control de las penas produjo algo desquiciado. Quienes salen de manera legal, porque lo permite el régimen de ejecución penal, y cometen otro delito tienen prohibida la libertad condicional. Pero hay un beneficio previo a la libertad condicional, que es el de las salidas transitorias por lapsos breves -con motivos laborales, sociales o educativos- que no tienen impedimento para los reincidentes. Es decir que estos pueden tramitarlas sin excepción cumplida la mitad de la nueva pena así hayan quebrantado el régimen de la pena anterior. No van a tener libertad condicional pero sí pueden salir por tiempo acotado.

Este contrasentido tienen efectos sorprendentes. "Un interno condenado a perpetua y declarado reincidente podría acceder a salidas transitorias a los 15 años pero después no salir en libertad nunca. ¿Por qué? Porque la perpetua con declaración de reincidencia prohíbe la libertad condicional. Entonces a los 15 años esa persona estaría saliendo, porque salidas transitorias no están prohibidas, sabiendo que nunca va a estar libre. Es un gran incentivo para que no vuelva más", dice Cococcioni.

La gran ilustración está en el caso de Ricardo Albertengo, acusado de matar a un policía el mes pasado en Corrientes al 300 mientras gozaba de una salida transitoria. Albertengo era reincidente. Estaba condenado por un homicidio en 1993. En un egreso legal en 2009 cometió seis asaltos y se lo declaró reincidente. No podría haber alcanzado la libertad condicional pero no tenía trabas legales para obtener salidas transitorias. Así fue que salió, produjo el homicidio que le atribuyen y la emergencia de este debate.

"El caso Albertengo pone en debate qué se debe hacer con reincidentes con condena que, por este desatino monstruoso pero legal, pueden lograr una salida transitoria", dice el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre. "El camino no es buscar si el Poder Judicial o el Ejecutivo tienen la culpa sino trabajar acoplados en casos así. No se puede tener una visión normativista sino realista. Cuando uno ve en el historial que la persona que pide salir produjo una muerte durante un robo y al salir cometió seis robos no puede nada más detenerse en si su pedido es legal o no".

En estos casos, dice Barraguirre, los fiscales que acusaron al preso deben emitir una opinión sobre la salida requerida, para no dejar a los jueces de Ejecución a solas con la decisión. Y los órganos técnicos que hacen seguimiento del detenido no sólo deben dictaminar si el preso sale o no: también deben justificar con argumentos en un diagnóstico profesional —"no dogmático"— su consejo.

Parte. La reincidencia de los que tienen condena es sólo una parte del asunto. También ocurre que personas con prisión domiciliaria que esperan un juicio -es decir que no fueron declaradas culpables- puedan volver al delito. Estos están incluidos en las cifras que daba Pullaro al hablar de casi mil reincidentes detenidos en 28 meses. El ministro señalaba que la policía hacía todo lo que podía hacer al detenerlos y ponerlos a disposición de los jueces. Es una parte de la verdad.

La otra es que hubo históricos nichos de corrupción policial que en vez de localizar a las personas con captura por no volver de una salida transitoria negociaban con ellos: dinero a cambio de no delatarlos.

Así pasan cosas sorprendentes. La semana pasada Lázaro Olguín mató a su mujer y se suicidó en barrio Las Flores. La gente de su cuadra declaró a la prensa que era un buen vecino con el que trataban a diario. Lo destacable es que Olguín, condenado por delitos sexuales y declarado reincidente por tercera vez, había salido con permiso de prisión en 2009. Estuvo prófugo durante siete años sin esconderse: vivió en su casa. “Es sugestivo que todos los vecinos hablaran de Olguín como un residente histórico del barrio y que la policía no lo supiera”, sostuvo un funcionario judicial.

En su mayoría, señalan diversos jueces y fiscales, los prófugos están donde siempre estuvieron: en sus entornos domiciliarios. No tienen medios para cambiar de ámbito porque la mayoría de la población carcelaria es pobre. Terminan siempre por volver allí. La experiencia de los juzgados de sentencia o ejecución es que la mayoría de las veces a los prófugos los detectan en sus barrios. “Cuando no pasa es una de dos: extrema desidia policial o arreglo permanente”.

A veces también el problema de las huidas delata una patética deficiencia en la comunicación intraestatal, como la del prófugo que sacó su DNI teniendo activo un pedido de captura. Es decir que, según lo explicado, sacó su documento y el carné para la seguridad social sin que dos órganos del Estado —Registro Civil y Ansés— detectaran que tenía activa una orden de captura.

Monitoreo. Para los que cumplen condena en una cárcel del sur provincial, el tema de la reincidencia en el delito cada vez que tienen una salida legal, señala la jueza Prunotto, no parece ser moneda corriente. La impresión es que son muchos más los que retornan que los que no vuelven. Según datos del juzgado de ejecución penal de Rosario —atiende a los presos en cárceles de los siete departamentos del sur— desde 1993 se tramitaron 5 mil pedidos de salida transitoria y se libraron capturas por 360 casos que salieron pero no volvieron.

El Ministerio de Seguridad en este momento analiza imponer un sistema de pulseras electrónicas para las personas sujetas a proceso judicial —tengan o no condena— en caso de prisión atenuada. Tres empresas acaban de ofrecer la extensión de 100 pulseras y su control por un monto de 20 millones de pesos por dos años. La cartera de Pullaro está interesada en que el monitoreo, que es la parte más onerosa en el presupuesto, la hagan empleados propios. Este tipo de esquema está concebido en especial para acusados por violencia de género.

Una sola fiscalía con 31 prófugos

Un informe elaborado la semana pasada por la Fiscalía 10 del sistema penal saliente indica que hay 31 personas condenadas en procesos donde intervino esa fiscalía que no volvieron a prisión tras salidas concedidas. De esas 31 hubo 12 que fueron declaradas reincidentes. Uno de estos, reza el informe, era Lázaro Olguín, quien estuvo siete años prófugo, según sus vecinos viviendo en su casa de barrio Las Flores, hasta matar a su esposa la semana pasada y luego quitarse la vida. Esa fiscalía actuó en delitos cometidos hasta el 13 de febrero de 2014 y es una de las diez del sistema conclusional de enjuiciamiento de delitos.

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