Policiales

Defensores Públicos provinciales: "Investigar la tortura aún no es prioridad"

Representantes del Servicio de Defensores Públicos de la provincia debatieron ayer en una conferencia la necesidad de actuar con protocolos de prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos...

Martes 19 de Abril de 2016

Representantes del Servicio de Defensores Públicos de la provincia debatieron ayer en una conferencia la necesidad de actuar con protocolos de prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos en dependencias estatales. "Aún la tortura no es visible y aún la tortura no es prioridad en las políticas de investigación en las fiscalías. La tortura aún no sensibiliza a los jueces, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general como lo hacen otros delitos", dijo el defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, quien detalló las acciones que los defensores provinciales realizan para poner en evidencia y desmantelar este tipo de acciones.

Ayer se realizó el primer encuentro de la Defensa Pública en el marco del Protocolo Facultativo de Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en la sede de la Facultad de Derecho de la UNR. "La Defensa Pública desde 2014 ha protagonizado un cambio en la cultura de la institución asumiendo un rol proactivo", dijo Franceschetti ayer. Las acciones consisten en la inspección y monitoreo de centros de detención de personas penitenciarios, policiales o manicomiales, según los manuales de intervención y producción de informes y recomendaciones. También en garantizar presencia frecuente, sorpresiva y sistemática en cárceles, comisarías y hospitales.

"La Unidad de Defensores de Ejecución garantiza dos visitas semanales a unidades penitenciarias y una abogada cuya única función es inspeccionar a diario las comisarías donde hay personas detenidas. También informamos de casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes al Registro Provincial de Torturas y tratos crueles, para formar un banco de datos que proporcione la información necesaria para planificar políticas públicas", dijo Franceschetti.

Además los defensores públicos hacen un seguimiento de sus denuncias en las fiscalías y patrocinan a las víctimas de violencia institucional económicamente vulnerables para garantizar su acceso a la Justicia "ante el hecho comprobado que ningún otro organismo estatal le da cobertura a tales necesidades".

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