"La pena no es una venganza, sino un remedio a un mal social. El ejercicio de la
función penal no tiene por finalidad transformar al hombre, sino hacerle comprender la conveniencia
para él y para la sociedad del respeto de los valores fundamentales". Ese fue uno de los
fundamentos que los integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal esgrimieron
al confirmar en fallo dividido la absolución de Pablo Correa, uno de los acusados por el crimen del
estudiante Germán Owsianski, ocurrido en 2003, cuando era menor.
Los jueces consideraron que el joven cumplió
"satisfactoriamente" durante estos cuatro años el proceso de resocialización y que, de acuerdo a
los informes volcados en el caso por psicólogos, asistentes sociales y gabinetes, ya no representa
un peligro para la sociedad. "Una pena privativa de la libertad en este momento, cuando goza de
libertad y adoptó una profesión con la que posee una actividad laboral, implica reintegrarlo a un
establecimiento penitenciario nuevamente y dejar de lado todo lo obtenido en ese tiempo", evaluó el
camarista Otto Crippa García, el primero de los vocales de la sala que votó favorablemente por la
no imposición de pena. El régimen penal de menores permite no aplicarles pena a los jóvenes
declarados culpables de un delito si se considera que, tras la intervención judicial, se han
rehabilitado.
El fallo fue dividido. La jueza Elena Ramón opinó en igual
sentido, mientras que Ernesto Navarro se pronunció en contra y sugirió además que el muchacho
cumpla con tareas comunitarias.
La resolución confirma la sentencia que había emitido en
noviembre del año pasado el juez de Menores Juan Leandro Artigas, quien absolvió al muchacho porque
consideró en base a los informes de adaptación que era " innecesaria la aplicación de pena".
Esa resolución de primera instancia fue apelada entonces
por la fiscalía, que entendía que el joven, a pesar de los avances que había mostrado en el
desarrollo del proceso, debía ser sancionado penalmente ya que la gravedad del delito (robo
agravado por uso de arma, seguido de muerte) así lo imponía y que, de lo contrario, el caso
quedaría impune.
Por las zapatillas. Correa, quien al momento del hecho tenía 17 años, fue
responsabilizado de participar en el asalto y posterior ejecución de Germán Owsianski, un joven
oriundo de San Justo que estudiaba la carrera de Psicología en la Universidad de Rosario. Eso
sucedió el 13 de octubre de 2003 cuando la víctima regresaba a su departamento de Maipú al 1900 y
fue interceptado por dos jóvenes que, bajo amenaza de muerte con un arma de fuego, quisieron
robarle las zapatillas. Según se pudo probar en el proceso, Germán no se resistió y cuando se
agachaba para quitarse el calzado recibió un disparo en la cabeza y murió a los pocos minutos,
cuando intentaba ingresar al edificio.
La Justicia demostró que además de Correa, en el hecho
estuvo involucrado otro muchacho, Brahian Pizzicatti, quien en aquel entonces tenía 18 años y sería
quien apretó el gatillo. Este último fue condenado a 14 años, pero la sentencia fue apelada por la
defensa.
Con relación a Correa, Crippa García citó en la resolución
distintos artículos de la Constitución Nacional, de la Convención de los Derechos del Niño, la ley
26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes y una resolución de la Corte
Suprema Nacional, que "ha destacado que el sistema jurídico de la justicia penal juvenil se
encuentra configurado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Convención Americana
de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", entre otros.
