Leandro Corti se hace cargo de la flamante Secretaría de Asuntos Penitenciarios en una coyuntura
sacudida por una secuencia de muertes recientes en cárceles de la provincia. La Coordinadora de
Trabajo Carcelario (CTC) acaba de advertir críticamente sobre el deterioro, la inestabilidad en las
condiciones de detención y el recrudecimiento de la violencia en las prisiones. El funcionario
designado dice tener una lectura dispar sobre esa descripción pero pide que lo dispensen: hoy a la
mañana hablará con los miembros de la CTC del asunto y sólo después hará público su diagnóstico
personal.
Será otro de los jóvenes funcionarios encargados de las prisiones
santafesinas. El director del Servicio Penitenciario (SP), Mariano Bufarini, tiene 31 años. Corti
tiene 35, es santafesino, padre de tres hijos, abogado y docente de la Universidad Nacional del
Litoral. Manifiesta sin pudor su reconocimiento a las gestiones en el SP de Fernando Rosúa y Jorge
Bortolozzi. Y enfatiza tres aspiraciones para el arranque: reforzar el perfil de rehabilitación que
debe ofrecer la cárcel, implementar auditorías para desmantelar la corrupción interna con los
recursos y gestionar la modificación del arbitrario sistema de calificación disciplinaria de los
internos.
—Asume con un crítico panorama marcado por siete muertes, en
distintas circunstancias, en cárceles de la provincia.
—Mañana (por hoy) a la mañana tengo un encuentro donde
analizaremos punto por punto el documento de la CTC. Hay cuestiones que quiero analizar con más
detenimiento. Hay conclusiones allí que me parecen más atendibles que otras. El gobernador expresó
que no nos podemos dar el lujo de perder una sola vida en el Servicio Penitenciario. Lo dijo Binner
y es una directiva que recibo. La voluntad de trabajar en esta gestión para resguardar la
integridad física de las personas privadas de libertad es clarísima. La violencia institucional en
la cárcel genera muerte. Lo que buscamos es trazar una estrategia de disminución de esa violencia.
—¿Para qué se crea una Secretaría de Asuntos Penitenciarios?
—Para trazar la política penitenciaria de la provincia de Santa Fe
con objetivos y plazos. Tendremos un plan anual. El Servicio Penitenciario es un organismo de
aplicación de esas políticas, que se ocupa históricamente de administrar las prisiones
santafesinas. También será incluido en el área de la secretaría el Instituto Autárquico de
Industrias Penitenciarias (Iapip), que hasta ahora fue un ente autárquico, porque asumimos el
trabajo como un capítulo esencial en la estrategia de resocialización, que debe ser el fundamento
de la cárcel. Otro objetivo será conformar un centro de capacitación penitenciaria para la
formación del personal que trabaja en cárceles. Queremos buscar una adecuación más clara de los
planes de estudio, modernizar los contenidos de las carreras penitenciarias con la normativa legal
internacional en la materia.
—Tanto en infraestructura como en condiciones de ejecución de
condenas, ¿cómo está Santa Fe hoy en situación carcelaria?
—Hay problemas estructurales que son los mismos que se verifican
en las cárceles de America Latina: tenemos hacinamiento, violencia, falta de espacios adecuados.
Pero en los últimos años hubo en Santa Fe cambios positivos. Me refiero en particular a las
gestiones de Fernando Rosúa y Jorge Bortolozzi. Ambas fueron saludables en la pretensión de
trabajar para instaurar una noción de legalidad en el interior del SP. Nos proponemos afianzar esa
línea aunque realizando cambios.
—¿En qué se basará ese trabajo?
—Tiene que quedar muy claro que se va a sancionar la corrupción en
las cárceles. Vamos a trabajar con el personal penitenciario porque lo contemplamos como un actor
fundamental del sistema. Pero el mensaje contra la ilegalidad no debe dejar dudas porque si no nos
hacemos cargo de los problemas de corrupción en la administración pública no iremos a ningún lado.
—¿Qué fenómenos de corrupción concretamente?
—Habrá un seguimiento muy minucioso con los aspectos contables y
financieros en cada una de las unidades, en el manejo de los presupuestos. Un control estricto del
histórico manejo de la sección Economato, para vigilar esta cuestión que siempre trascendió
referida a actos de corrupción en la distribución de la comida de los internos. Las auditorías
serán la rutina. De esto se trata ser progresista en la gestión: que personal interno robe los
recursos o los bienes para la comida atenta contra las condiciones de vida de cualquier preso.
Ocuparse de esto también es un mensaje para ellos.
—¿Qué destaca de las gestiones previas en el SP?
—Si tenemos una mirada madura desde lo que es la gestión pública
debemos profundizar los cambios iniciados que son positivos. Nosotros tomamos lo mejor de esa
línea. Y queremos supervisión permanente, auditoría sobre cada una de las unidades, reglas de juego
que premien al personal que trabaja bien y sanciona al que incumple la ley. Hubo algunas de estas
líneas que se iniciaron en la gestión de Rosúa puntualmente, también en lo que tiene que ver con
cambiar los reglamentos generales.
—La arbitrariedad en la calificación disciplinaria es un problema
histórico. ¿Se proponen alterar las formas de evaluar el concepto?
—La ley trabaja con una noción de concepto que históricamente fue
llave de discrecionalidades flagrantes dentro de la administración penitenciaria en contra de los
presos y sus beneficios. Queremos transformar la noción del concepto en un elemento más objetivo
para que esto sea un reaseguro para el interno. El preso sabrá que cumplir satisfactoriamente con
una lógica de méritos basados en la ley irá en su beneficio y no hacerlo irá en su perjuicio. Hoy
todo se define a ojo de buen cubero, según cómo el celador se levantó ese día, o según al tipo de
relación que tiene el interno con el guardia en el pabellón.
—¿Hay que construir cárceles en la provincia?
—Hay que sentarse a analizar la cuestión edilicia. Pero no para
proyectar la construcción de grandes cárceles, donde se generan y reproducen los problemas
estructurales de violencia que intentaremos contener. Se deben reemplazar por minipenales.
