Policiales

Cuando el poder interfiere en el deseo de expresarse

María Laura

Domingo 17 de Febrero de 2019

La ansiedad se leía en el rostro de Aejandro T. cuando entró caminando, apoyado en una muleta, a un Centro de Justicia Penal casi desierto. Eran las 9 de la mañana de un sábado de sol cálido. No tardé en reconocerlo. Era el hombre que la noche anterior había contado a los noticieros de la ciudad, con una franqueza desgarradora, los problemas de su hijo con el consumo de drogas. Un hijo al que acababan de meter preso por matar a golpes a su amigo, que llevaba dos días desaparecido y estaba muerto bajo su cama. La cama donde el acusado, de 23 años, dormía. Una escena imposible de encasillar en una lógica criminal.

Entramos juntos al ascensor. A Alejandro lo acompañaba un hijo de 24 años. Detrás llegó el resto de la familia: su ex esposa y un hombre mayor. Fueron los únicos en presenciar la audiencia. "Los familiares del muchacho fallecido no pudieron venir porque lo estaban velando en la casa. Hoy es el entierro", comentó Alejandro.

Necesitaba hablar, transformar la angustia en palabras. Contó aturdido que la noche anterior habían incendiado su casa en una represalia y acordamos conversar al final de la audiencia. Quería escuchar su historia.

Cuando el trámite penal terminó comenzamos la entrevista en la planta baja. Alejandro habló de un hijo mayor al que no ve desde hace dos años y empezó a detallar el atentado con dos bombas Molotov que arrojaron de madrugada a su casa.

En ese momento se acercó el resto de su familia y lo interrumpió: "Dijo la fiscal que no hablemos con periodistas". Algo turbado, Alejandro hizo un silencio repentino y un mudo gesto de resignación. Se fue insinuando un saludo. La charla amena pareció convertirse en una amenaza para esa familia que quiere colaborar con la causa.

La decisión personalísima de hablar o no con la prensa debe respetarse. Lo inaceptable es la interferencia de un poder público con el derecho de los ciudadanos a expresarse. No es la primera vez que personas ligadas a un proceso penal refieren haber recibido una indicación institucional de "no hablar con los periodistas".

Los conflictos penales no son de las partes. Son de la comunidad. El trabajo de la Fiscalía es aclararlos y para eso cuenta con mecanismos de probada eficacia. No precisa —ni debe— avanzar sobre la tarea de informar, que ayer quedó trunca: Alejandro se alejó caminando por la plaza con su drama silenciado a cuestas. Me hubiera gustado escucharlo.

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