Policiales

Crítico informe de la Corte por la prisión domiciliaria de "Ema Pimpi"

Indica que no fue legal ni racional la medida con que dos jueces habilitaron a vivir en una casa al acusado de un intento de triple homicidio calificado.

Miércoles 11 de Marzo de 2020

Un informe de la Corte Suprema de Justicia de la provincia sobre la prisión domiciliaria otorgada a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, asesinado hace seis meses en una vivienda de La Florida mientras esperaba ser llevado a juicio por un intento de triple homicidio calificado, concluye con una crítica severa al desempeño de los dos jueces que la concedieron. El remate del documento es que se trató no sólo de una medida contraria a la ley sino carente de racionalidad. Aceptar que Sandoval habitara una zona muy cercana a su barrio, donde tenía actividades verificadas de violencia ligada a la narcocriminalidad, fue una decisión sin sentido común.

El documento que trasciende ahora fue entregado el 27 de diciembre pasado por el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella, funcionario designado por la Corte Suprema santafesina como sumariante, a la Procuración de la Corte, que es el órgano que debe analizar qué pasos se toman en relación a los jueces cuyas decisiones resultaron observadas.

La investigación nació a raíz del resonante asesinato a balazos de "Ema Pimpi", ocurrido el 26 de octubre pasado en una casa de dos plantas en La Florida, atentado en el que murieron otros dos jóvenes. Lo que se analizó fue la decisión de conceder la prisión en un domicilio particular a "Ema Pimpi" cuando la ley impide asignarla en delitos como aquel por el cual estaba acusado, un intento de tres homicidios con arma de fuego.

Se trata de un asunto de notable singularidad por la entidad de la víctima y el contexto del caso. "Ema Pimpi" fue condenado como ideólogo del atentado a balazos contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti cometido en 2013. La vivienda del barrio La Florida en la que estaba cuando lo mataron pertenece al juez civil Oscar Puccinelli, que se la había alquilado a quien alojó a Sandoval. Éste ya había cumplido la condena por el ataque a la casa del ex gobernador, pero estaba preso por un triple intento de homicidio junto a su hermano Lucas, que en diciembre pasado fue sentenciado a diez años de prisión por ese hecho. "Ema Pimpi" no llegó a juicio porque lo mataron un mes antes.

Sólo un fragmento

El análisis de cómo se llegó a la prisión morigerada dejó al desnudo otro asunto que sacudió a los investigadores. Fue cuando se descubrió que el registro de la audiencia del 16 de mayo de 2018 en la que se dispone que los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval dejen de estar en prisión preventiva y pasen a la detención domiciliaria no existe. Del registro de la audiencia, que duró 12 minutos según el acta correspondiente, solo hay imágenes y sonido de los últimos 46 segundos, durante los cuales no se constata ninguna actividad procesal.

Lo que se aprecia es que del tiempo que duró la audiencia, entre las 9.31 y las 9.43 de aquel día, solo se cuenta con un pasaje de 46 segundos, inútiles para saber qué ocurrió en ese acto jurídico en el que participaron Adrián Spelta como fiscal, Fausto Yrure como defensor de los Sandoval y el juez Hernán Postma.

Esta verificación consta en el informe preliminar que la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) elaboró sobre detenciones domiciliarias otorgadas durante un tramo de 2019 con el fin de determinar la regularidad en la asignación de ese tipo de beneficios, con el caso de "Ema Pimpi" como tema central.

Frente a esta constatación la auditora María Cecilia Vranicich solicitó a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia la urgente remisión de la copia completa de la audiencia. Un funcionario responsable de esa oficina respondió que no existían grabaciones que sustentaran el acta escrita del acto procesal, lo que era atribuible a un error del sistema o a un error humano del operador de la sala. Eso hizo que el contenido del acto no quedara grabado, o se hubiera perdido, lo que fue informado a la Corte Suprema de Justicia, y a todas las autoridades del MPA así como a los fiscales provinciales, a los que se les comunica las actividades de la Auditoría.

Gravedad institucional

Se trata de una situación de gravedad institucional irrefutable. Lo que está en investigación es si fue irregular conceder la prisión en un domicilio a "Ema Pimpi" cuando, según la interpretación preliminar, la ley impide asignarla en delitos como aquel por el que estaba acusado. Sin la constancia de esa audiencia se pierde el instrumento para saber qué ocurrió objetivamente en la sala aunque la auditora indica que tiene medios alternativos para intentarlo. La herramienta que no está es, en el sistema oral vigente, el reaseguro instrumental de los trámites. Es como si en el sistema escrito se hubiera perdido un expediente, o parte de él.

Tras la audiencia de mayo de 2018 que habilitó la prisión de "Ema Pimpi" en un edificio de Barrio Rucci, que es de la que no hay registro, se realizó otra audiencia en abril de 2019. Allí el fiscal Spelta y el defensor Yrure acordaron una prisión atenuada para Sandoval en el domicilio de Pago Largo 654 que el juez Gustavo Pérez de Urrechu convalidó. El beneficio no se llama prisión domiciliaria, que el Código Procesal y una instrucción del Fiscal General prohiben desde 2018 en acusaciones por delitos contra la vida, sino que es un mecanismo previsto en el artículo 219 inciso 7 del Código Procesal, que habilita restricciones en ámbitos cerrados con control de mecanismos como una pulsera electrónica.

Disidencias

Lo que dijo críticamente Corbella es que aunque le den otro nombre, el beneficio otorgado no es otra cosa que una prisión domiciliaria. Consideró cuestionable que dos jueces concedieran el permiso sin examinar los medios de vida que tenía Sandoval ni el origen de sus ingresos, y sin que tenga un garante personal cuando tenía antecedentes ligados al narcomenudeo. Tampoco que hubieran controlado si el propietario de la casa estaba al tanto de quién vivía allí.

En ese sentido no quedó exento del reproche del sumario el juez Puccinelli como dueño de la casa por, como mínimo, la desprolijidad de no tener constancia que en una vivienda suya residía una persona con alto perfil en el hampa.

Los jueces remarcan en su descargo las dificultades para procesar el control de mucha documentación frente a la carga de audiencias por un lado. Pero además sostienen que sus decisiones tienen amparo en las leyes vigentes y, entre otras cosas, en que en el caso de Sandoval convalidaron un acuerdo de partes entre la defensa y el fiscal. Desde la Corte Suprema dejaron saber su disidencia con este argumento.

En el MPA la auditora Vranicich enumera las restricciones para otorgar las prisiones domiciliarias.El beneficio sólo puede alcanzar a personas que padezcan una enfermedad grave que no pueda ser tratada en la cárcel, cuando se constate una patología incurable en etapa terminal, cuando sean mayores de 70 años o cuando se trate de una mujer embarazada. No era el caso de "Ema Pimpi".

La auditora concluye que en el 50 por ciento de los casos informados entre febrero y octubre de 2019, las medidas de prisión domiciliaria fueron dispuestas por los jueces con la oposición de los fiscales. Pero también indica que sobre 46 casos informados por el MPA, en 10 se observaron prácticas donde los fiscales las admitieron por fuera de los supuestos legales.

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