Tras una audiencia acusatoria de ocho horas la jueza Paula Alvarez dictó prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, para cinco acusados de haber participado en siete hechos delictivos, entre los que resaltan los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero de la línea K Marcos Daloia y el asesinato del playero Bruno Bussanich. Además de los asesinatos les fueron imputaron una intimidación pública contra la comisaría 15ª, tentativa de homicidio hacia víctima chofer de colectivo 122 y una bandera colocada sobre un puente de Oroño y Circunvalación.

Alejandro Núñez, alías “Chucky Monedita”, de 28 años; Brenda “La Cote” Pared, de 29; Gustavo Marquez, de 29; Macarena Muñoz, 28; y Axel Rodríguez, de 29, fueron acusados este martes por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone. De los hechos también participaron personas menores de edad identificados como M.M de 17 años, M.C. de 16 y los menores no punibles D.M.G de 15, y C.N.T de 15, quienes actuaron junto a personas que aún no identificadas.

Para los fiscales los mencionados formaron parte del grupo que ideó y perpetró una parte de los ataques armados destinados a generar temor y conmoción pública en Rosario tras la selección de “objetivos sensibles como víctimas choferes de taxi; recolectores de residuos; choferes de colectivos; comisarías; farmacias; y estaciones de servicio; ello como respuesta a las modificaciones impuestas en los últimos tiempos en los distintos regímenes de detención en las Unidades Penitenciarias, tanto en el Servicio Penitenciario Provincial como en el Servicio Penitenciario Federal, logrando tras el accionar conjunto atemorizar a la población en general”, tal se sintetizó en información de prensa de la Fiscalía Regional Segunda.

Los imputados tuvieron como finalidad infundir temor y conmoción pública, logrando atemorizar a la población de Rosario en general y a la comunidad de taxistas, colectiveros y playeros de estaciones de servicios en particular, provocando el cese temporal de dichos servicios, quebrando la tranquilidad pública de toda una sociedad.