“Esta imputación es una luz después del cono de sombras inicial. La causa parecía trabada y ahora se empieza a deshacer la madeja”, dijo el abogado Adrián Martínez tras la imputación a un joven del barrio Los Pumitas como presunto coautor del crimen del arquitecto Joaquín Pérez, baleado en el intento de robo de su auto en Arroyito el 19 de octubre de 202. Martínez es querellante en la causa desde los comienzos junto a Carlos Varela y este lunes acompañó a la familia de Pérez en la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal.

L., de 25 años y detenido el miércoles pasado, fue imputado además por el crimen del comisionista Ariel Simoncini, emboscado y atacado a tiros para robarle el 7 de enero de 2023 en Zelaya y Matheu tras una transacción por Marketplace. El fiscal Adrián Spelta le imputó dos homicidios calificados criminis causa y otros delitos por los que el juez Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva del acusado por dos años.

En su rol de querellante, Martínez estuvo en la sala acompañando a los familiares del arquitecto que presenciaron la audiencia, entre ellos la viuda, la madre y un hermano de la víctima. La reactivación del caso para ellos supone “una luz de esperanza”, dijo el abogado, quien compartió el encuadre legal requerido por la Fiscalía y el pedido de prisión preventiva.

“Como siempre el paso del tiempo hace estragos en una causa judicial, pero es bueno encontrar un punto de partida”, dijo Martínez, quien espera el resultado de las pericias telefónicas al celular del acusado. Tal como explicó en conferencia de prensa el fiscal, el abogado recordó a La Capital que fueron las declaraciones de seis testigos de identidad reservada con algún tipo de cercanía hacia el imputado las que destrabaron el caso luego de tres años.

“El fiscal le atribuyó ser parte de una banda muy violenta que cometió una seguidilla de hechos, al parecer conectada con gente presa que organizaba delitos por Marketplace”, dijo el penalista, e indicó que “la expectativa de la familia es encontrar a los responsables del hecho y que paguen el máximo de la pena prevista para este delito que es prisión perpetua”.