Policiales

Crimen del repartidor: el fiscal pidió alta pena y la defensa la absolución

La acusación requiere 21 años de prisión y la querella, en nombre de la víctima, perpetua. El acusado alegó inocencia. Su defensa pidió la absolución al valorar que no hay prueba irrefutable.

Sábado 04 de Junio de 2011

“De todo lo que se me imputa, me sigo declarando inocente”. Con esas once palabras Hugo Daniel La mona Aranda, el acusado por el asesinato del repartidor Darío Tirabassi ocurrido en barrio Saladillo en 2009, el juicio oral y público en su contra quedó a un paso de la sentencia. En este proceso Aranda es juzgado además por otros dos hechos.

Ayer, durante poco más de tres horas, se escucharon los alegatos de las partes. La Fiscalía solicitó una condena de 21 años de prisión por los tres delitos. La defensa requirió la absolución en todos los casos. Aunque ante la posibilidad de condena, pidió que no superara los diez años. Por su parte la querella, que actúa sólo en el caso Tirabassi, solicitó prisión perpetua. El martes a las 11 en los tribunales provinciales se conocerá el veredicto.

Este es el primer juicio oral y público en los tribunales provinciales en el marco del flamante sistema de enjuiciamiento penal santafesino. Para quienes esperaban que el trámite rozara lo observado en películas de juicios y abogados, al estilo hollywoodense, no hubo sueño cumplido. Sí un formato que requiere aprendizaje y protagonistas que lógicamente precisarán tiempo para adaptarse a la nueva exigencia.

Pero fue novedoso poder observar cómo de los testimonios las partes extrajeron conclusiones para poder alegar. O cómo una misma prueba resulta valorada de modo distinto según cada estrategia. También advertir todo lo que falta para que en un juicio pueda valorarse una sólida actuación policial preliminar, aunque los peritos policiales hayan lucido, ellos sí, mayor solvencia.

Tres acusaciones. A las 9.05 de la mañana, esposado y vestido con una campera celeste claro, Aranda ingresó a la sala. Fue acusado por tres hechos: un robo de 10 pesos a una vecina de 10 años, ocurrido en enero de 2006, la tenencia en su casa de una escopeta recortada que le incautaron en un allanamiento en abril de 2009, y por último, el asesinato de Darío Tirabassi. Este repartidor tenía 45 años y era conocido como Pela o Pelado. Vivía en barrio Rucci y tenía cuatro hijos, dos de ellos de un primer matrimonio. Cuando fue asesinado trabajaba como distribuidor de Arcor. El 14 de octubre de 2009 al mediodía, Tirabassi estacionó frente a una granjita de Hilarión de la Quintana al 13 bis su furgón Ford 4000. Mientras su sobrino Martín R. llevaba mercadería a otro negocio, fue abordado por dos jóvenes en un moto. Le dispararon con un revólver calibre 22 y escaparon. El plomo le ingresó por debajo del mentón y le destrozó la masa encefálica. Murió a los tres días.

A las 9.08, los jueces Gustavo Salvador, Carlos Carbone e Ismael Manfrín le dieron la palabra al fiscal Aníbal Vescovo para su alegato acusador. La sala rebosaba de público, nutrido por jueces, fiscales y penalistas. Entre los asistentes había familiares de Tirabassi, como su papá Norberto, y de Aranda. El garante fiscal requirió para la primera acusación una calificación de robo calificado agravado por el uso de arma de fuego. Para la segunda, el hallazgo de una escopeta de caño recortado calibre 16, tenencia de arma de guerra sin autorización. Y por último llegó el turno del caso Tirabassi.

Habla el fiscal. En su alegato Vescovo esbozó su estrategia acusatoria basándose en la testigo María Graciela P que tuvo, según dijo, “una ubicación privilegiada” al momento del ataque sobre Tirabassi. La mujer declaró que estando en la casa de su hija, ubicada al lado de la granja donde Tirabassi bajaba mercadería, salió a la vereda ante un corte de luz. Así pudo presenciar el ataque al repartidor. Adujo que reconoció a La mona, porque solía asistir a un pool que funcionaba debajo de su casa. Y dijo que a partir de que la reconocieron sufrió amenazas que la obigan hoy a tener custodia.

La acusación se orientó hacia un homicidio en ocasión de robo. Mientras el fiscal exponía su trabajo, Aranda clavaba sus ojos en la nada. El juez Carbone tenía su mirada fija en Vescovo. Le quedó claro que Aranda manejó la moto, que no fue secuestrada, y que disparó su acompañante, quien se mantiene prófugo. Solicitó una pena de 21 años por los tres hechos.

La querella. Fue entonces el tiempo de los abogados querellantes, Carina Bartocci y Martín Ricardi, quienes en nombre de Norberto Tirabassi, pidieron que el crimen del repartidor fuera calificado como homicidio calificado criminis causa: el que se comete para asegurar otro delito. “Al no poder concretar el robo, mataron por frustración y rabia”. La columna vertebral de su estrategia se basó en los dichos de María Graciela P.. “Según la testigo la distancia entre Tirabassi y los agresores era menor a un metro”, indicó Bartocci. E incorporó conceptos expuestos por el médico forense Luis Alonso, a cargo de la autopsia, quien indicó que el proyectil ingresó por debajo del mentón, con una trayectoria de abajo hacia arriba. La abogada sugirió que el tirador bien pudo estar sentado en la moto y de ahí la trayectoria.

También mencionó la pericia sobre revólver 22 largo marca Brenta secuestrado y mencionó que una de las bisagras del tambor estaba quebrada. “El proyectil hallado en el lugar es compatible con ese calibre”, dijo la querellante. También jaquearon el testimonio de Alejandra S., concubina de uno de los hermanos de La mona, por ser dichos de “una cuñada”. Los querellantes pidieron que se lo encuadre como coautor y requirieron al tribunal una condena de prisión perpetua.

El último turno fue el de las abogadas de Hugo Aranda, las defensores oficiales Estrella Galán y Marcela De Luca (ver recuadro aparte en la página anterior).

La querella. A la hora de las replicas hacia la defensa, que se permitieron ya de mediodía tras un receso de 15 minutos, tanto la querella como la fiscalía expusieron las constantes contradicciones en que incurrieron las abogadas de Aranda. Martín Ricardi hizo hincapié “en las múltiples teorías de la defensa” y las continúas “contradicciones entre sí”. También hubo espacio para discutir varios minutos sobre el color de una moto que no fue secuestrada y la intención de matar de un asesino que está prófugo. El martes se conocerá el fallo del tribunal.

El padre

Acompañado por su familia, Norberto Tirabassi asistió al juicio. “Lo único que quiero es que se haga justicia, no fue justo que me lo hayan quitado así nomás. Tengo otro hijo pero Darío era el más apegado a mí”, exclamó. “Mi hijo era un trabajador honesto. Para nosotros todo fue muy duro. Mi esposa hace seis meses que no puede levantarse de la cama”, comentó el hombre, tras los alegatos finales del juicio. “Estoy conforme con lo que se hizo en este juicio. Acá tenemos una justicia, pero es la de la tierra. Hay otra que es divina y con esa también se las va a tener que ver”, indicó el hombre en relación al autor del homicidio, mientras sacaba de su bolsillo un pequeño ejemplar del Nuevo Testamento.

“No condenar por dichos”

La estrategia de la defensa de Hugo Daniel Aranda fue situar todo bajo la duda. “No se puede condenar por dichos”, esgrimió Estrella Galán y pidió la absolución de Aranda en los casos del robo de los diez pesos y el secuestro de la escopeta recortada. En el segundo caso “el arma estaba colocada sobre una mesa cuando entraron los testigos. No pudieron ver de dónde la secuestraron”, dijo poniendo otra vez bajo sospecha el accionar policial. “No se demostró que esa arma (por la escopeta recortada con la que supuestamente se cometió el homicidio) fuera de mi representado. El no vivía en ese domicilio, que es el del padre. El vive a la vuelta”, indicó.

Y al centrarse en el caso Tirabassi fue con los tapones de punta contra la Fiscalía y su principal testigo, María Graciela P. “Su testimonio fue mendaz, mentiroso”, dijo Marcela De Luca, para luego entrar en una fundamentación enmarañada. Galán manifestó su sorpresa porque no estuviera incorporada a la causa el acta de defunción de la víctima.

Pericia frustrada. Además pidieron la nulidad del secuestro del revólver que supuestamente se utilizó para cometer el crimen. Y se citó el testimonio del jefe de la Sección Balística, subcomisario Gustavo Colombo, quien dijo que no se pudo comparar ese revólver con la bala extraída al cuerpo de la víctima porque estaba deformada. “Es imposible saber si esa bala fue disparada por esa arma”, había dicho el perito.

La cabeza de playa de la defensa de Aranda es que el acusado no estaba en Rosario, sino que estaba pescando en la isla. “A mi lado tengo sentado a un inocente. Afuera hay dos asesinos sueltos”, le dijo Galán al tribunal y pidió la absolución. Posteriormente fue De Luca quien se encargó de las penas alternativas a la absolución que pidió la defensa: allí le recordó al fiscal que este caso estuvo a punto de cerrarse en juicio abreviado con una pena de 16 años. Vale aclarar que ese trato no se cerró porque Aranda no accedió.

Esto fue replicado por el fiscal Vescovo, quien sugirió que no se puede hacer valer aquel acuerdo fallido. Tras citar el voto Eugenio Raúl Zaffaroni en el caso Estevez, de 2010, pidió que “en el hipotético caso” de ser hallado culpable su defendido fuera condenado a 10 años que es el mínimo legal por homicidio preterintencional: esto es, el acto del que intenta dañar, pero termina matando.

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