A tres años de la matanza de 14 presos en la cárcel de Coronda, la mayor tragedia en la historia penitenciaria santafesina, ninguna de las medidas vinculadas con la investigación de los sucesos y la sanción legal a los responsables está concluida.
A tres años de la matanza de 14 presos en la cárcel de Coronda, la mayor tragedia en la historia penitenciaria santafesina, ninguna de las medidas vinculadas con la investigación de los sucesos y la sanción legal a los responsables está concluida.
Hay tres tramos de investigación distinguibles. El primero, de carácter administrativo, es el que sustancia el Poder Ejecutivo contra el personal del Servicio Penitenciario provincial (SP) sospechado de haber promovido la gestación de la masacre o de no haber impedido su desarrollo. El gobierno provincial mantiene el pedido de cesantía hacia cinco de siete funcionarios sumariados. Esto se encuentra bajo análisis de la fiscalía de Estado.
Los ejecutores. Un segundo nivel de pesquisa es la causa judicial contra los internos que fueron individualizados y acusados como responsables de los ataques contra otros reclusos. Estos fueron procesados por el juez Jorge Patrizi por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio. El expediente lo tiene en su despacho el juez de Sentencia de Santa Fe Mauricio Frois.
Una tercera causa fue la que se inició a los funcionarios del SP por los presuntos delitos que posibilitaron la matanza o no la impidieron. Son los mismos que están sumariados a nivel administrativo. Están en el juzgado de instrucción 5ª de Santa Fe a cargo de Darío Sánchez, donde, según fuentes del gobierno provincial, ya hubo indagatorias.
Los oficiales del SP con pedido de cesantía, requerido por el ex titular de esa dirección, Jorge Bortolozzi, son el ex jefe del penal, alcaide mayor Oscar Mansilla; el subjefe, subprefecto Carlos Monti; el jefe de vigilancia, subalcaide Marcelo Calligaro; el jefe del ala norte del penal (lugar desde donde salió el grupo de los asesinos), alcaide Daniel Ferreyra; y el jefe de Correccional, subprefecto Manuel Benegas. Además, los guardias que estuvieron vinculados a los hechos recibieron sanciones: Oscar Yosviak (quien fue rehén de los presos), tuvo 10 días de suspensión; y su compañero Eduardo Marchesin, una medida similar de 30 días.
El horror. La matanza comenzó la tarde del lunes 11 de abril de 2005 y terminó de concretarse la mañana del día posterior. Los presos santafesinos del pabellón 7 tomaron como rehenes a los guardias Yosviak y Marchesín. Se definió que eso permitió a medio centenar de hombres llegar hasta los pabellones 1 y 11 para sorprender a reclusos y llevar adelante una masacre sangrienta y selectiva.
Catorce internos murieron apuñalados o calcinados: Ramón Andrés Valenzuela, de 30 años; Diego Hernán Aguirre, de 23; Cristian Adrián Heredia, de 27; Walter Enrique Gómez, de 33; José Itatí García, de 29; Juan Manuel Ortigoza, 27; Amelio Abel Mercado, de 26; Ramón Alberto Duarte, de 27; su hermano Sergio Damián Duarte, de 24; Sergio Pablo Frías, de 32; Carlos Ariel Barreto, de 26; Jorge Jorge Raúl Yanuzzi, de 27; Juan Díaz y Fabián Ezequiel Benítez, de 22 años.
La primera explicación oficial adjudicó el hecho a la rivalidad entre santafesinos y rosarinos. Sin embargo, esa hipótesis no alcanzó a explicar las facilidades que tuvieron los reclusos para circular libremente por pasillos con guardias y concretar la masacre.
"La rivalidad regional existió. alimentada por abusos ciertos de internos rosarinos hacia santafesinos. La persistencia de esto fue complicando la convivencia hasta que estalló. Pero es evidente que hubo una zona liberada que, como mínimo, implicó una negligencia absoluta del SP", dijo a este diario una fuente del sumario.
Por Claudio González