Los más altos representantes del gobierno provincial y del municipio de Rosario, legisladores de la región, colegios profesionales, sectores académicos y entidades del ámbito empresarial convocaron a las delegaciones locales de la Justicia Federal, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de las fuerzas de seguridad nacional a aportar su colaboración para trabajar en forma conjunta contra el narcotráfico en la zona.
El pedido de ayuda al mayor organismo tributario nacional, a los jueces y fiscales federales y a las fuerzas encargadas de reprimir el delito pasa por un punto crucial de política criminal: enfocar la persecución hacia los mayores actores del tráfico de drogas no sólo actuando en el plano del delito común sino en el ámbito donde se hacen visibles sus operaciones comerciales.
El planteo quedó expuesto ayer en la reunión del Consejo Provincial por la Seguridad de la región de Rosario, celebrada en la sede local de la Gobernación, presidida por los ministros de Seguridad, Alvaro Gaviola, y de Justicia, Héctor Superti, y en la que estuvo el intendente Miguel Lifschitz, la cúpula de la policía provincial y local y un vasto arco de entidades de la comunidad preocupadas por la temática.
El foco. "Debemos sentar en esta mesa a los más altos miembros de la Justicia Federal, de la Afip y de las fuerzas de seguridad nacionales para trabajar en conjunto. A menudo lo que no se advierte sobre el territorio de los fenómenos delictivos ligados a la droga se nota en lo que alguien está comprando con dinero negro", dijo a este diario el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi. Es allí precisamente, en el campo de investigación del delito económico y en las infracciones a la ley penal tributaria -que se penan con prisión efectiva- donde debería notarse el trabajo que falta. En la región, como dato ilustrativo, no hay personas presas por transgredir esta norma.
En las investigaciones judiciales por delitos violentos que ocuparon a la prensa local en los últimos dos años -el copamiento de la sede de Newell's, la emboscada a hinchas rojinegros, las escaramuzas entre facciones de esa hinchada, los decomisos de cocinas de cocaína- fue persistente la aparición de personas implicadas que se desplazaban en vehículos de alta gama, incluso secuestrados, sin poder acreditar actividad ni ingresos legales. Es por este lado que se abre el filón investigativo que los sectores que ayer estuvieron en la audiencia quieren recorrer.
"Vamos a convocar a la Justicia Federal y a la Afip a la próxima reunión. Pero ya que hay sentados en esta mesa representantes de empresas y comercios les pedimos colaboración, lo que fue bien acogido, para que nos ayuden a identificar los ingresos de las personas que les compran bienes, vehículos o propiedades a sus socios. Y así como hay falta de investigación penal ocurre también que hay comercios que les venden vehículos de alta gama o importantes propiedades a personas que no pueden acreditar sus ingresos. Aquí hay responsabilidad social empresaria. Ya que hay entidades civiles en la mesa aquí se abre una buena forma de contribuir con esta preocupación que es de todos", dijo Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe.
Debe y haber.. Estos requerimientos se hicieron después de que el director provincial de Prevención y Control de Adicciones, comisario general Hugo Tognoli, mostró el incremento desde 2007 a la fecha de los secuestros de sustancias narcóticas en territorio santafesino: adujo que desde el inicio de gestión se desbarataron once cocinas de pasta base y que hubo más de mil allanamientos contra el tráfico de drogas. En el mismo período se decomisaron 400 kilos de cocaína y 7.800 kilos de marihuana lo que es un récord histórico en un período así.
El costado crítico de lo que se exhibió como logro es que semejante volumen de narcóticos no fue suficiente para poner en el banquillo judicial a los que manejan el negocio desde la trastienda, sin exponerse en la calle y viviendo como magnates con dinero sucio.