El gobierno provincial diagramó un pelotón de medidas con las que se propone corresponder al fallo
judicial que ordenó a fines de 2007 desalojar de presos a las comisarías de Rosario. La más
importante será el inicio de los trámites para la construcción de una cárcel en una localidad del
departamento Rosario durante el primer semestre del año.
Además mañana se abrirá la convocatoria para incorporar 200 empleados al
Servicio Penitenciario provincial (SPP) cuyos aspirantes, destinados a establecimientos del sur
provincial, recibirán un novedoso programa de capacitación. El objetivo es llegar antes de fin de
este año a no sobrepasar la capacidad técnica de alojamiento que tienen las seccionales para, en
una segunda etapa, erradicar totalmente de detenidos las dependencias policiales.
“Es nuestro propósito cumplir con las resoluciones judiciales
pero, además, aprovechar los recursos humanos y técnicos de la policía para sus tareas específicas,
que no incluyen alojar, cuidar y trasladar presos”, dijo el ministro de Seguridad de Santa
Fe, Daniel Cuenca.
Ese principio significa mandar al archivo el proyecto anunciado en 2004
por el gobierno de Jorge Obeid de levantar las remanentes cinco alcaidías. De las dos alcaidías que
en ese plan tocaban a Rosario una fue construida, la ubicada en la Jefatura de Unidad Regional II.
En 2005 se habían proyectado cuatro minipenales además para Rosario: dos sobre Circunvalación (uno
a la altura de San Martín y el otro de Baigorria) y dos sobre terrenos en el plano medio de
Circunvalación hacia el límite del municipio.
Nada de esto se concretará. Tampoco el penal de un centenar de plazas
previsto por el gobierno antecesor en la comisaría 11ª de Lamadrid al 200 bis, en zona sur.
“El motivo es que no queremos seguir atando a la policía a la tutela de presos. Esa será
tarea exclusiva del SPP. La atención policial a presos deberá ser transitoria y no prolongarse más
de 48 horas desde la detención”, añadió Cuenca.
Nueva cárcel. A fines de noviembre de 2007 la Cámara Penal de Rosario ordenó sacar de las
comisarías de la Unidad Regional II a los detenidos que excedieran la capacidad de sus penales. La
resolución incluía una orden de traslados inmediatos y de acelerar la conclusión de los institutos
en construcción. Era una respuesta positiva a una habeas corpus presentado tres años antes, en
septiembre de 2004, por la Coordinadora de Trabajo Carcelario debido a la desesperante situación de
los presos en seccionales.
Las cifras hoy. Por aquella época había 1250 presos en las seccionales rosarinas. Ayer el
panorama era menos agobiante: había 597 en penales policiales de la Unidad Regional II, un número
que igualmente supera la capacidad de alojamiento.
Cuenca dijo a este diario que la cárcel proyectada, que se levantará en
proximidad de una localidad del departamento Rosario, tendrá una capacidad más acorde al diseño de
penitenciarías modernas: unas 350 plazas. “Los proyectos deben definirse en áreas contiguas a
zonas urbanas por la necesidad de servicios esenciales. La futura cárcel no debe estar alejada de
Rosario porque será lugar de alojamiento para gente que hoy está presa en la ciudad y es preciso
facilitar el acceso de los familiares para las visitas”, señaló.
El programa de descomprimir comisarías se posibilitará, además, con la
ampliación de la capacidad de la cárcel de Piñero, donde ya está casi culminado un pabellón
adicional para otras 160 personas. Ayer en ese penal había 303 internos.
