Andrés Pillín Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central, no sólo
se quedó sin poder presenciar in situ el Mundial de fútbol de Sudáfrica tras ser deportado a su
llegada a ese país sino que, como viene la mano, los últimos partidos del certamen los va a tener
que ver en prisión. Es que la Sala IV de la Cámara Penal ratificó la condena a 2 años de cárcel que
le habían impuesto en primera instancia por el delito de amenazas coactivas en perjuicio de un
empleado de la institución canalla. Junto a la confirmación de la pena, los jueces ordenaron la
detención del caracterizado hincha, la que hasta anoche no se había concretado.
La historia judicial del caso cuya sentencia definitiva se conoció ayer empezó
el 28 de septiembre de 2007. Entonces Central estaba intervenido judicialmente y la jueza a cargo
de monitorear el concurso preventivo de acreedores había nombrado un triunvirato encabezado por
Arturo Araujo, presidente del Colegio de Abogados, tras la escandalosa salida de la anterior
comisión directiva.
Esas autoridades habían convocado a una asamblea general de socios que debía
nombrar la junta electoral para que finalmente convocara a elecciones de la nueva comisión
directiva y normalizar la vida institucional del club. El requisito principal para participar de
ese cónclave, que se iba a realizar a fines de octubre de 2007, era tener las cuotas societarias al
día. Y el problema surgió con la gente de la filial de Granadero Baigorria, que tenía un alto
porcentaje de incumplimiento.
El apriete.Pablo Ismael García, la víctima del hecho, se desempeñaba hasta ese
momento como encargado de cómputos y bajo su responsabilidad estaba la emisión de recibos de pagos
de cuotas societarias. De acuerdo a lo que se dio por probado durante la instrucción del juicio,
Bracamonte se presentó ante García y le pidió que le imprimiera las cuotas societarias del mes de
septiembre correspondiente a los socios de la filial de Baigorria, a lo que el empleado respondió
que no podía cumplir con ese pedido.
"Me dijo que tuviera cuidado, que sabía a que hora mi hermano de 17 años iba a
su casa", declaró el denunciante, quien contó que la amenaza se realizó dentro de un Citroën C3
negro al mando del cual estaba Bracamonte.
Según lo recabado en la causa, el empleado cedió ante la extorsión y ese mismo
día, pero fuera del horario laboral, ingresó a la sede de Central, imprimió todos los talonarios de
cuotas pagas y se los entregó a Pillín.
En su declaración indagatoria, el barrabrava negó todo y aseguró que era una
mentira para perjudicarlo y correrlo del club. Pero para la jueza de Sentencia Carina Lurati no
quedaron dudas de que Bracamonte amenazó al trabajador y destacó el hecho de que la víctima haya
elevado una nota a las autoridades denunciando el episodio para posteriormente renunciar a su
puesto. También valoró el hecho del trabajador de haberse presentado en los estrados judiciales
para ratificar todo.
La sentencia. Con esos elementos en su poder, en diciembre pasado la magistrada
condenó a Bracamonte a 2 años de prisión efectiva y en la resolución explicó que "el imputado hizo
uso de las amenazas para que la víctima hiciera algo en contra de su voluntad. La finalidad de
Bracamonte no fue un beneficio económico (puesto que las cuotas se pagaron) sino violentar la
libertad del empleado para que socios de Granadero Baigorria pudieran concurrir a la asamblea que
se realizaría dos días después en la sede del club".
Sin embargo, esa sentencia fue apelada tanto por la fiscalía como por la
defensa. Para el fiscal Esteban Franichevich, el mismo que autorizó a Pillín a viajar a Sudáfrica,
la figura delictiva en la que había incrrido Bracamonte era la de "extorsión y asociación ilicita",
por lo cual solicitaba una pena de 2 años y 8 meses de cárcel, un poco más alta a la impuesta.
Sin embargo, para el defensor de Pillín, Carlos Varela, no había elementos
suficientes para condenar a su cliente. Así las cosas, el expediente llegó a la Cámara Penal y fue
la Sala IV (integrada por Otto Crippa García, Rubén Jukic y Daniel Acosta) la que esta semana
ratificó la sentencia de primera instancia por lo que el líder de la barra brava auriazul deberá ir
tras las rejas.
Anoche Pillín seguía prófugo aunque algunos de sus allegados confiaron a La
Capital que "posiblemente se presente el sábado, cuando la esposa llegue desde Sudáfrica, adonde
habían viajado juntos". Según dijo la fuente la tarde de ayer, "la esposa de Bracamonte se quedó
allá porque tenían todo pagado y recién fue anoticiada de la confirmación de la pena ayer.
Entonces, la mujer tuvo que cambiar los pasajes y emprendió el regreso", pero su arribo a Rosario
se prevé para mañana.
Así las cosas, Pillín deberá contentarse con ver la evolución del seleccionado
de Diego Maradona en Sudáfrica desde alguna prisión de la ciudad que cuente con pantallas de
televisión. Mientras tanto, el barrabrava ya presentó una demanda contra el Estado argentino por
haber enviado los informes que imposibilitaron su presencia en Sudáfrica y así poder "recuperar los
20 mil dólares que perdió" en el frustrado viaje.
