La Cámara Penal de Rosario confirmó el procesamiento de once policías de la Unidad Regional de Cañada de Gómez, entre ellos el ex jefe máximo de esa departamental, por distintos delitos vinculados a una pinchadura del poliducto de la empresa Repsol-YPF a la altura de Bustinza, que derivó en la sustracción de 16.500 litros de nafta virgen, denunciada por esa empresa hace un año. El tribunal destacó como objetable el espíritu de cuerpo que mostraron los policías implicados al negarse mayoritariamente a hablar del tema: aludió a un silencio "más propio de la «omertá» mafiosa que de miembros de una institución fundamental".

Todos los policías apelaron la medida de la jueza Ana María Bardone. Alegaban inocencia y que los habían procesado en base a hechos no probados. Pero los camaristas de la Sala III rechazaron por unanimidad ese argumento: remarcaron la solidez de lo planteado por Osvaldo Laborda y Enrique Fernández, investigadores contratados por Repsol-YPF, quienes fueron los que arrinconaron a los policías.

Tres policías, entre ellos el jefe de la Unidad X, Sergio Aguilar, quedaron procesados ahora como partícipes secundarios de robo y encubrimiento. A los otros ocho les impusieron encubrimiento de robo.

Los hechos. La firma Repsol denunció que el 7 y 8 de julio de 2007, entre las 23.55 y la 0.17, hubo una primera caída de presión del ducto que transporta combustible, a 60 kilómetros de Rosario. La segunda fue entre la 0.31 y la 0.56. Eso implicaba que alguien sustraía nafta.

El responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Girona Hernández, denunció que policías de Bustinza acudieron al lugar del robo, detuvieron a tres personas y secuestraron un camión cargado de combustible. Allí, según su denuncia, ocurrió un segundo delito. Esta vez cometido por otros policías, que llegaron para ordenar la inmediata libertad de los detenidos, por lo que del lugar desaparecieron los delincuentes y el vehículo. En ningún lado la policía asentó que esto había ocurrido.

Laborda declaró que el jefe de la comisaría de Bustinza, Jorge Alberto Díaz le iba dando detalles de las detenciones por teléfono. Pero en un momento le dijo que estaba "todo mal": aseguró que sus superiores, al llegar al lugar, le dijeron que se olvidara del operativo.

La jueza Bardone estableció, con una pericia, que entre Laborda y Díaz hubo varios contactos telefónicos esa madrugada. Eso para los camaristas es crucial: aunque la policía no documentó nada, un contratado por Repsol se enteró del operativo porque policías de Bustinza que hablaban con él por celular se lo contaban en directo. Y Laborda, al mismo tiempo, reportaba a la planta de Repsol en la ciudad de La Plata que había tres detenidos.

"No puede negarse la existencia del suceso denunciado en cuanto a la sustracción del combustible en el poliducto en las fechas indicadas", dijo el camarista Otto Cripa García en la resolución fechada el 25 de junio.

Parar todo. Laborda informó que de un vehículo policial llegado al sitio donde chupaban el combustible bajó un policía que ordenó interrumpir el operativo porque la incumbencia del delito alcanzaba el máximo nivel policial. "Esto llega hasta provincia", le dijeron. Quien dio esa orden, según la denuncia, fue el jefe de Unidades Especiales, Javier Kamlofski, que terminaría procesado por robo e incumplimiento de deberes de funcionario público, al igual que el jefe de la regional.

La jueza Bardone determinó que once empleados se enteraron de lo ocurrido y no dieron cuenta de ello. Algunos, en apariencia por no desafiar órdenes superiores, quedaron involucrados en delito de encubrimiento de robo. Lo paradójico es que uno de ellos es el oficial Díaz quien, según Laborda, había interceptado el camión y detenido a los ladrones. Y obedecido la orden superior de soltarlos.

Para los camaristas, se desprende de los dichos del personal de Repsol que habló con el oficial Díaz que fue Kamlofski quien incidió para que el operativo quedara en la nada, se liberara a los detenidos y al camión con la nafta robada.

Los contactos telefónicos de esa madrugada entre distintos policías fueron, para la jueza, la evidencia de que se encubrió el robo. Esto fue remarcado por los miembros de la Sala III: Elena Ramón, Ernesto Navarro y Crippa García. Estos llaman la atención sobre que hay una llamada al Comando Radioeléctrico desde Bustinza que recibió la agente Carla Rodríguez y que no la asentó "porque se le dio la orden de no hacerlo".

Bardone determina por una pericia que hubo un contacto telefónico entre Aguilar y el oficial Díaz a las 2.34 del 8 de julio. Pero Aguilar, que sí aceptó declarar ante la jueza, negó haberse contactado con Díaz. El fiscal de Cámaras Guillermo Camporini sostuvo que, en el caso de Aguilar, no hay prueba de comunicación.

Aguilar afirmó que sus oficiales inferiores solo le reportaron sucesos menores esa noche y nada ligado a una sustracción al poliducto de Repsol. Se establecieron, en la instrucción, tres llamados entre Aguilar y Kamlofski. Aguilar justificó esos contactos. Declaró que había hablado con él para disponer servicios en los boliches. Eso fue a las 3 de la mañana: la hora que se atribuye a Kamlofski haber estado junto al tubo de Repsol bajando la orden de liberar a los ladrones.