La serie de audiencias para revisar las prisiones preventivas de acusados de integrar la banda de Los Monos terminó sin cambios para 13 de los implicados, que seguirán detenidos o bajo arresto domiciliario, aunque acarreó beneficios a Patricia Celestina Contreras, procesada como una de las organizadoras del clan. El camarista Rubén Darío Jukic, que ayer dio respuesta a los planteos, recomendó no sólo que la mujer recupere la libertad sino que se revise el carácter de jefa que le endilgan porque a su criterio no existe prueba suficiente que lo demuestre. Y aunque le señaló al juez de Instrucción Juan Carlos Vienna algunas correcciones, avaló lo sustancial de la causa.
Al igual que en el caso de "La Cele" Contreras, Jukic le recomendó a Vienna que revise algunas acusaciones colaterales por delitos como encubrimiento o cohecho que a su criterio no cuentan con prueba de peso que las sustente. Pero avaló la trama principal: dio su respaldo al encuadre general de asociación ilícita que encabeza la causa y dijo que esa figura "no puede ser tildada de arbitraria o carente de fundamentación" en esta instancia.
Pruebas hábiles. El juez repasó las escuchas y testimonios que dan cuenta del funcionamiento de la banda y estimó que esas pruebas son "hábiles para proporcionar el grado de convicción" propio de esta etapa previa al juicio. "El examen individual de los imputados no permite encontrar situaciones en las cuales sea evidente la ausencia de proyección condenatoria efectiva y de peligrosidad procesal, que en principio aparecen configuradas para todos", analizó. Y dijo que por el mismo carácter clandestino de la organización no puede exigirse un contrato que la ponga en evidencia.
Así como las audiencias de apelación desarrolladas la semana pasada nadaron en aguas más profundas que el mero tratamiento de las cautelares, la resolución también abordó cuestiones de fondo que rodean a la meneada causa de Los Monos.
En ese marco, el camarista respondió a las críticas que llovieron sobre la pesquisa: consideró que no existe un conflicto de competencia con la Justicia Federal, que los cuestionamientos a la sección Judiciales de la policía no deslegitiman lo actuado y que fueron justificadas las escuchas telefónicas que componen el corazón de la prueba (ver aparte).
A primera hora de la mañana, Jukic dio lectura sólo de la parte resolutiva de su escrito de 135 páginas. Lo hizo ante el equipo de fiscales y doce abogados particulares, sin la presencia de los imputados. Como hubo concesiones a ambas partes, desde las dos tribunas hubo algo para celebrar a la salida.
Conformismo. "Creemos que la resolución se dictó despojada de cualquier tipo de interés. En relación a Contreras modifica la situación anterior y respecto al señor (Ariel Máximo "Guille") Cantero hay que ver los fundamentos. Nos vamos conformes. Creemos que algún grado de razón el juez nos ha concedido", dijo Carlos Varela, abogado de madre e hijo procesados como jefes de la banda.
El fiscal Guillermo Camporini, en tanto, recordó que fue él quien planteó el carácter "endeble" del rol de Contreras como jefa y también se mostró conforme: "Está dentro de lo que nosotros imaginábamos porque todas las prisiones preventivas fueron confirmadas". Tampoco se mostró extrañado ante la recomendación de revisar situaciones procesales: "No nos extraña. Algunas habrá que atenuarlas, a otras que agravarlas", dijo, y aclaró que la tarea asignada demorará el camino hacia el juicio.
El trámite que concluyó ayer se inició tras el procesamiento dictado en febrero por el juez Vienna a 36 personas, entre ellas 13 empleados de fuerzas de seguridad, por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos como asesinatos y narcotráfico. La apelación de la medida no prosperó —aunque ahora se sugirieron retoques— pero Jukic sí aceptó revisar las situaciones de detención o arresto domiciliario que pesaban sobre 19 acusados.
De ese total, cinco desistieron del recurso. Entre ellos está Mariano Ruiz, supuesto inversor de la banda, quien declinó del planteo porque obtuvo la libertad en marzo. Aunque su caso no se trató, Jukic le pidió al juez de Instrucción que aclare si le otorgó una sustitución de prisión o una detención morigerada porque considera que no está claro qué instituto lo benefició.
El fiscal Camporini tomó especial nota de esa alusión: "La fiscalía quiere ver los considerandos para tomar las medidas que corresponda. En su momento nos sorprendió la atenuación de Ruiz y más ahora cuando se confirmó la situación de (Francisco) Lapiana, que cumplía el mismo rol al poner en el circuito financiero legal dinero proveniente de la presunta actividad ilícita".
En lo sustancial, Jukic confirmó los arrestos del sindicado como jefe Ariel Máximo Cantero (ayer procesado por el crimen de Diego "Tarta" Demarre, ver página 32), sus supuestos laderos Leandro Vilches y Angel Villa, el suboficial de Prefectura Naval Roberto Mario Otaduy, el representante de futbolistas Francisco Lapiana, el supuesto lugarteniente Norberto González, Susana Estela Alegre y su hijo Miguel Angel Vilches, el cabo primero Diego Javier Cárdenas, el comisario Sergio Rafael Blanche, el policía federal Waldemar Raúl Gómez, el ex empleado de Drogas Peligrosas Juan Angel Delmastro y el policía en disponibilidad Juan José Raffo.
Jukic consideró que procede la prisión preventiva para todos (ya sea que estén en la cárcel o con arresto domiciliario) aunque aclaró que en algunos casos pueden ser necesarias más cautelas y en otros podrían evaluarse medidas alternativas, lo que abrió la puerta a futuras discusiones.
Beneficiada. En el caso de Celestina Contreras, en arresto domiciliario, recomendó que le restituyan la libertad de que gozaba antes de ser procesada. Para el juez, de las escuchas queda clara la hipótesis de que integraba la asociación ilícita en un rol que excedía el contacto familiar: dan cuenta "de una actividad que la involucra directamente en el desarrollo de actividades". Así lo revelan, señaló, conversaciones donde es alertada de la cercanía policial.
No obstante, consideró que no abundan elementos para colocarla como jefa u organizadora de la banda: "Que se diga que Cele no recibe órdenes de nadie no aparece a mi juicio como un elemento de peso relevante, porque además de ser la madre de los reputados jefes (Guille y Pájaro) esas comunicaciones también evidencian que ella no las da".
Tampoco es solvente, para el juez, la acusación que pesa sobre la mujer por la tenencia de un arma de guerra hallada dentro de un auto en su casa. Consideró que no está probado que la pistola 9 milímetros ni el auto le pertenecieran. Por esto pidió revisar ésta y otras imputaciones, lo que retrotrae al juzgado de Vienna la discusión de sintonía fina en el caso.
