Policiales

Confirman condena a un policía que mató a un joven y plantó un arma en la escena

La Cámara ratificó la pena de ocho años para Raúl Anzoategui por el crimen de Gustavo Lares y cuestionó la conducta del acusado.

Martes 26 de Marzo de 2019

"El silencio, el armado de la escena y el posterior reflejo espurio en el acta aparecen como una conducta tendiente a culpabilizar a la víctima en un contexto de abuso institucional". Esa valoración realizaron tres jueces de la Cámara Penal al confirmar la condena a ocho años de prisión al policía Raúl Anzoategui por el crimen de Gustavo Lares, un joven de 20 años baleado por la espalda en 2013. El efectivo —sentenciado como autor de un homicidio culposo (sin intención) porque la bala rebotó antes de alcanzar a la víctima— había apelado el monto de la pena. El tribunal la mantuvo al entender que las maniobras de ocultamiento policial para presentar el hecho como un enfrentamiento agravan el caso.

El veredicto fue emitido por los camaristas Carolina Hernández, Alfredo Ivaldi Artacho y Gabriela Sansó luego de una serie de idas y vueltas en el trámite del caso. Anzoategui había sido condenado en diciembre de 2016 al término de un juicio oral a ocho años de prisión como autor de un homicidio culposo y coautor del delito de falsificación de documento público. La decisión fue adoptada por los jueces Ismael Manfrín, Edgardo Fertitta y Marisol Usandizaga, quienes descartaron la opción más grave de homicidio agravado por la función policial que reclamaba el fiscal Luis Schiappa Pietra, un delito que prevé prisión perpetua.

El fallo fue apelado y un tribunal de segunda instancia convalidó el fondo de la cuestión pero ordenó revisar el monto de la pena. Entonces un nuevo equipo de jueces penales, María Isabel Mas Varela, Rodolfo Zvala y Hebe Marcogliese, se abocaron al estudio del caso y llegaron a la misma conclusión que sus predecesores: dictaron ocho años de prisión para Anzoategui, un policía de 51 años. Una vez más, la decisión fue apelada por el abogado defensor Cristian Anderson, quien planteó que no se tuvieron en cuenta algunos atenuantes en favor de su cliente, como la "falta de un móvil criminal", la ausencia de antecedentes del acusado y la "prolongada duración del proceso".

Argumentos

Sin embargo el último fallo emitido por un tribunal de Cámara la semana pasada consideró que "son múltiples las circunstancias que convergen para agravar la pena y apartarse sustancialmente del mínimo legal de la escala". Una de las cuestiones había sido planteada por la querellante por la familia de la víctima, Virginia Llaudet, del Centro de Asistencia Judicial, quien durante la audiencia de apelación planteó que "en el caso se plantó un arma para criminalizar a la víctima". Los camaristas receptaron ese argumento.

Para los jueces, es "palmaria y evidente" la desproporción entre el ataque y la situación en que se encontraba Lares al recibir el disparo, "desarmado y en estado de fuga". En un pasaje del fallo que se aparta de la llamada "doctrina Chocobar" remarcan: "El uso de arma de fuego, tema tan en boga en la actualidad, resulta un recurso extremo en el que previamente deben agotarse otras vías disponibles para aprehender, controlar o detener al presunto autor de un ilícito. Que, en este caso, ni siquiera era la persona buscada".

Huida fatal

El crimen ocurrió el 6 de junio de 2013. Cerca de las 10 de ese día, la policía allanó la casa de Lares en Empalme Graneros en busca de un hermano y armas de fuego. No hallaron nada. Como había tenido conflictos con la seccional 20ª, Gustavo huyó por los techos. Lo siguieron en dos patrulleros. En uno iban el cabo Claudio R. y Anzoategui.

El joven de 20 años saltó un tapial y entró a una casa donde quiso tomar a un niño como rehén y se peleó con los tíos del nene, quienes declararon en el juicio que no le vieron portar un arma. El chico siguió su huida y se metió en el arroyo Ludueña, donde terminó muerto de un balazo en la nuca. El acta policial refirió un enfrentamiento y consignó el hallazgo, bajo el cuerpo del joven, de un revólver Bersa calibre 22 largo que según la pericia balística no tenía aptitud para el disparo.

La condena a Anzoategui descartó que el chico estuviera armado. Consideró que el arma fue plantada y la preparación de la escena se realizó para ocultar una ejecución. El reciente fallo de Cámara remite varias veces y de manera crítica a las maniobras de ocultamiento policial. "Marcelo Lares vio sesgada su vida de manera prematura y con ello su familia, en especial su madre, quedó devastada y con múltiples interrogantes que la institución policial no sólo no zanjó sino que coadyuvó a alimentar, generando incertidumbre, desconcierto y zozobra".

"Es que no puede dejar de evaluarse lo que ocurriera con posterioridad a la muerte —prosigue el fallo— y es el haber insertado datos falsos en el acta de procedimiento, conducta constitutiva de la falsedad ideológica de instrumento. Se erige una suerte de puesta en escena, aprovechando Anzoategui incluso la soledad en que estuvo en el lugar con el cuerpo yaciendo muerto por el plazo aproximado de una hora, montando una especie de enfrentamiento e incluyendo el «plantado» de un arma para justificar lo ocurrido y dejar prácticamente impune una muerte inocente".

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