Condenaron a efectivo de la PAT por el homicidio de Jonathan Herrera

Alejandro Jonathan Gálvez, uno de los cuatro efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) que participó del crimen de Jonathan Herrera el 4 de enero de 2015 en barrio Tablada, fue condenado a 3 años de prisión efectiva en un proceso abreviado homologado por el juez Gonzalo López Quintana. El policía, un agente recién recibido de 21 años, se hizo responsable del delito de abuso de armas agravado por su función de empleado policial.

En la audiencia celebrada ayer la defensa solicitó que se le otorgara la libertad condicional, lo cual fue rechazado por el juez López Quintana. La querella, a su turno, había requerido que el efectivo fuera encausado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y tras conocer el fallo adelantó que en nombre de la madre de la víctima apelará el fallo.

Intervención. La tarde del domingo 4 de enero de 2015 Jonathan Herrera, de 22 años, quedó en medio de una persecución policial mientras lavaba su auto en Ayacucho y bulevar Seguí. Justo cuando efectivos del Comando Radioeléctrico atrapaban a un ladrón al que perseguían por el robo a una juguetería de San Martín al 3500, cuatro agentes de las PAT que iban en un colectivo de la 133 y se toparon ante esa escena decidieron intervenir. Los efectivos, agentes recién recibidos que se incorporaban a la nueva policía lanzada por el gobierno provincial, hicieron detener el ómnibus y se plegaron al operativo efectuando al menos 20 disparos.

Mientras el ladrón Brian V., de 19 años, caía herido frente a la casa de Herrera, los policías de la PAT siguieron gatillando. Tres proyectiles alcanzaron a Jonathan: uno le rozó la cabeza y le provocó el estallido del cráneo, otro se le incrustó en la cadera y el tercero le perforó el muslo afectándole la arteria femoral. Ese disparo fue realizado por el policía Ramiro R., para quien el fiscal de homicidios Adrián Spelta pidió prisión perpetua como autor material del crimen, calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad.

Según una reconstrucción integral del hecho, la bala que rozó a Herrera en la cabeza provino de una dirección distinta adonde estaba Ramiro R. Sus compañeros Francisco R. y Luis S., acusados de intervenir a tiros en el lugar, irán con él a un juicio oral y público.

Objeciones. En febrero pasado la madre de Jonathan Herrera requirió la nulidad del proceso abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa de los otros tres policías, entre los que estaba Gálvez, por el cual se había acordado una pena de 3 años de prisión efectiva por el delito de abuso de armas.

Además, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se hizo una presentación ante Fiscalía como "amicus curiae" señalando de manera fundada su preocupación de que se celebren juicios abreviados en casos de violencia institucional. Sin embargo, ante el pedido de nulidad la Cámara Penal dejó firme la resolución del juez López Quintana que habilitaba el abreviado. Los otros tres policías acusados irán a juicio oral y público.

Trámite. Con ese contexto, la audiencia de proceso abreviado acordado por Spelta y la defensora de Gálvez Sara Fátima Marcos, se transformó en un mero trámite. La esposa de Herrera, una de las partes querellantes, estuvo ausente. María Elena, la madre del joven asesinado, concurrió con las abogadas Cintia Garcilazo y Analía Abreu.

"Técnicamente, la querella no es parte en esta instancia", dijo el juez. Entonces el fiscal brindó los pormenores del acuerdo en el que no se plantearon accesorias legales. Luego fue el tiempo de la defensa que planteó la ejecución deferida de la condena acordada.

La abogada trazó una cronología desde que su cliente cayó preso el 12 de enero de 2015. Gálvez estuvo detenido en la subcomisaría 27ª de Darregueira, entre Valle Hermoso y Vieytes. Al cumplirse ocho meses, el 16 de septiembre pasado, tuvo acceso a la morigeración de prisión con una domiciliaria en casa de su concubina. Tras cumplir ocho meses de detención, y tomando en cuenta la condena que le fue impuesta, su defensa solicitó que el juez le aplicara el derecho de la libertad condicional. La querella se opuso enérgicamente, lo cual generó un tenso diálogo con el juez en el que las abogadas se reservaron los derechos para protestar.

A la hora de fallar, López Quintana homologó el proceso abreviado. Respecto del pedido de salidas transitorias, el juez lo rechazó "a pesar de que habitualmente suelo otorgar ese derecho", dijo. Así, le dejo abierto el terreno, una vez que se resuelva la apelación, al juez de ejecución penal que intervenga en la detención de Gálvez.

Apelación. "Es obvio que apelaremos esta resolución para discutir la nulidad del procedimiento. Sabemos que estamos alejados de tener una instancia digna de poder discutir los pormenores de un acuerdo abreviado", explicó al finalizar la audiencia la abogada querellante Analía Abreu.

"Los dispositivos que la ley nos concede —agregó la profesional—son presentar nuestra disconformidad ante el fiscal regional. Y quien revisa la causa es el mismo órgano acusador al que nosotros le impugnamos una irregularidad".