POLICIALES

Condenaron a 30 integrantes de cuatro bandas narco que trabajaban conectadas

Las penas van de 8 a 3 años de prisión y sus deliverys operaban en Rosario, Chabás, Villa Mugueta, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Pueblo Esther

Domingo 08 de Agosto de 2021

Treinta personas, entre ellos un ex efectivo de la comisaría 29ª, fueron condenadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario a penas que oscilan entre los 8 años de prisión y 3 años de cumplimento condicional como integrantes de una organización compuesta por cuatro bandas que se dedicaban al narcomenudeo desbaratada en noviembre de 2018 cuando distintas fuerzas federales y de la provincia irrumpieron en 39 domicilios. Una cuarta línea de venta sigue siendo investigada. La organización mantenía actividad de venta por delivery en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, Villa Mugueta y Chabás.

De acuerdo al fallo resolutorio del TOF 2 que lleva la firma del camarista Eugenio Martínez Ferrero, la pesquisa logró identificar a cuatro cabecillas: Mariano Aurelio Leonfranti, de 37 años, a quien condenaron a 8 años de prisión como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo; Lucas Muscara, de 31 años, fue acusado por el mismo delito y condenado a la misma pena; Jorge Daniel Paredes, de 45 años, fue sentenciado por el mismo delito que los anteriores a la pena de 7 años y 3 meses de prisión. En el caso del cuatro cabecilla identificado como parte de la red, Pablo Jesús M., su defensa solicitó la absolución y el fiscal general ordenó nuevas medidas que dejaron la resolución de su vida procesal en stand by.

En cuanto al agente policial que supuestamente les brindaba protección, se trata de Mario Germán Welschen, de 51 años quien estaba adscripto a la seccional 29ª, fue condenado como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y su calidad de funcionario público, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

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También fueron condenados Hugo Esteban Muscara, de 61 años, a la pena de 6 años y 4 meses de prisión por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo; Adrián Nicolás Muscara, de 33 años, sentenciado como autor del mismo delito a 6 años y 2 meses de prisión; y Maximiliano Gastón Sánchez, de 35 años, a la pena de 6 años que se le unificó con una sentencia anterior. Según la resolución Gisela Elizabeth Díaz, condenada bajo la misma figura penal a 4 años de cárcel, era quien proveía la droga. El resto de los acusados recibió penas de cumplimiento condicional y efectivo.

Operativo a gran escala

La mañana del 5 de noviembre de 2018 distintos barrios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, Villa Mugueta y Chabás se vieron sacudidos por 39 allanamientos realizados por efectivos de la policía santafesina, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el marco de una investigación que la Sección Inteligencia de la entonces Policía de Investigaciones (PSI) había comenzado un año antes, en noviembre de 2017.

Uno de los operativos casi termina en tragedia cuando en una vivienda de Belgrano al 2400 de Alvear, una pareja resistió a los balazos la irrupción de la policía e hirió a dos agentes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA, que no sufrieron riesgo de muerte. Por ese caso el fiscal Matías Edery acusó por resistencia a la autoridad agravada por el uso de una pistola calibre 40 a Pablo Jesús M. y a su concubina, Magalí Elizabeth Z.

La causa era un desprendimiento de “la profusa causa Gentini” por el apellido de Diego Leonardo Gentini condenado en noviembre pasado a la pena de 11 años de prisión por liderar una banda de vendedores de cocaína y marihuana bajo la modalidad delivery en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y en la zona sur de Rosario. Esa serie de operativos, que terminó con una treintena de detenidos, fue una de las últimas exposiciones públicas realizadas por el entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y la plana mayor de la entonces PDI (hoy AIC) liderada por director Daniel Corbellini.

En conferencia de prensa se indicó que los elementos secuestrados, que quedaron a disposición de los jueces federales Marcelo Bailaque y Guillermo Lega, había 30 armas de fuego de distintos tipos y calibres (dos pistolas calibre 45, tres escopetas, dos fusiles, una carabina, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver 32 y treinta cartuchos calibre 7.62, entre otras), además de una importante cantidad de marihuana y cocaína, 55 teléfonos celulares, seis autos de alta gama y una moto.

Según señaló en rueda de prensa el comisario Corbellini los estupefacientes se repartían a pie, en bicicletas y en colectivos urbanos además de agregar que tenían un diálogo permanente entre las partes de cada banda. Entre las medidas investigativas se realizaron escuchas telefónicas mediante las cuales se determinó que uno de los integrantes de la organización pertenecía a las fuerzas de seguridad y así llegaron a dar con el policía de la seccional 29ª.

La organización fue presentada con integrantes de la “clase media laburante” que comenzó a manejar grandes cantidades de dinero a raíz del la venta de drogas. “No es gente que vive en mansiones, pero tampoco marginales”, describió uno de los investigadores.

El jueves 24 de junio comenzaron las audiencias para el conocimiento de visu de los acusados, trámite que finalizó cuatro días más tarde. El expediente era un verdadero monstruo. El 5 de febrero pasado, cuando el tribunal decidió prorrogar la prisión preventiva de los acusados por nueve meses, se indicó que la causa “tuvo ingreso en este Tribunal Oral el 28 de diciembre de 2020 en un total de 27 cuerpos y 5.264 fojas; 32 imputados y 12 personas privadas de su libertad contando con una investigación efectuada por el Juzgado Federal Nº4 de Rosario que data de tres años y medio aproximadamente, la cual habría derivado de un desprendimiento de la profusa causa «Gentini» en la que este Tribunal ha dictado sentencia el 5 de noviembre próximo pasado”.

Las intervenciones telefónicas y a “través de un patrullaje virtual por redes sociales” se fue conformando “una red en la cual se pudo establecer las distintas conexiones entre las personas que iban surgiendo durante el transcurso de la investigación, lográndose la identificación de cada uno de ellos”, explica la resolución firmada por Martínez Ferrero.

Así se precisó que había cuatro grupos: uno encabezado por Lucas Muscara e integrada por otros ocho acusados; una segunda liderada por Leonfanti que tenía bajo su órbita a seis imputados; la banda de Paredes con tres eslabones; y la de Pablo Jesús M., cuya defensa solicitó “que se declare la inimputabilidad” y “su posterior sobreseimiento”. En la resolución de indicó que “se corrió vista a la Fiscalía General, quien solicitó una serie de medidas. Además, peticionó la separación de juicios y que se suspenda la causa respecto del nombrado hasta tanto ese Ministerio Público se expida al respecto y se resuelva su situación procesal. En tal sentido el 22 de junio se dispuso suspender provisoriamente la causa respecto a Pablo Jesús M.”, explicó el fallo.

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