POLICIALES

Condenan a un cobrador de una violenta banda de prestamistas usureros

El colombiano Guillermo Bernal Albarracín aceptó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión condicional, multa y reglas de conducta

Miércoles 28 de Abril de 2021

“Marica, me paró la policía, huevón. Llevaba un crédito para una cliente. Como 35 mil”. Cuando el colombiano Guillermo Bernal Albarracín contó con esos modismos propios de su tierra que había sorteado un operativo policial, su celular estaba intervenido. Era escuchado por fiscales que investigaban una banda de prestamistas que ofrecía créditos usurarios. Así se supo que el 24 de noviembre pasado logró esquivar un operativo gracias a la ayuda de una empleada policial que lo sacó del apuro y que era el encargado de las cobranzas, aseguradas de manera violenta ante el menor atraso. Este hombre de 30 años reconoció haber asumido ese rol al aceptar una condena a tres años de prisión condicional por cinco préstamos otorgados a tasas altísimas entre octubre y noviembre del año pasado.

“Usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo” es el delito que asumió “El Colombiano”, como le dicen en su entorno a este hombre nacido en el departamento de Norte de Santander. No llevaba mucho tiempo radicado en Rosario cuando en enero lo detuvieron por pertenecer a una banda con base de actuación en el Mercado de Productores de 27 de Febrero y San Nicolás. El juez Ismael Manfrín lo condenó ayer a la tarde al homologar un acuerdo abreviado entre partes.

La pena fue convenida entre la fiscal Valeria Haurigot y el defensor Mauro Nery Tolotti. Además de su asumir su responsabilidad, Bernal se comprometió a pagar 30 mil pesos de multa y a asumir por dos años ciertas reglas de conducta. Tiene prohibido comunicarse “de forma directa o por medios electrónicos” con el ecuatoriano José Francisco Chavarría, de 47 años, acusado como líder de la banda y con su causa aún abierta. Además deberá trabajar de 9 a 13 en la limpieza y mantenimiento de una agencia de loterías de zona sur de 9 a 13.

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La investigación comenzó por un hecho ocurrido una noche de fines de agosto pasado en la casa de un changarín de 21 años que vivía en barrio Vía Honda. Alguien tocó timbre y preguntó por Ezequiel M. Cuando éste salió a la puerta recibió un tiro en el abdomen que le causó una grave lesión intestinal por la que deberá usar para siempre bolsas de colostomía. El joven se había quedado sin trabajo en la pandemia y, a través de un contacto en el mercado de zona oeste, tomó un crédito de 8 mil pesos con la organización. Pero se atrasó en el pago y un supuesto colombiano conocido como Brian lo baleó con un revólver calibre 38.

Esa fue la punta que permitió descubrir una red de prestamistas informales integrada por colombianos —no es la única organización de ese tipo— que prestaba dinero a niveles de usura. El 13 de enero hubo varios allanamientos en la zona oeste donde se hallaron troqueles de 415 operaciones crediticias, algunas marcadas con la palabra “clavo” en alusión a operaciones de difícil cobro. Hubo tres detenidos (otros integrantes sólo fueron identificados por su nombre de pila), entre ellos una ex empleada de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusada de brindarle al colombiano una protección captada en las escuchas.

El grupo ofrecía efectivo a personas sin condiciones de tomar dinero en entidades oficiales pero con alguna actividad que les posibilitara el pago. El acuerdo consistía en entregar, por ejemplo, 8 mil pesos y devolver diariamente 200 en plazos muy largos y con intereses que rondaban el 360 por ciento anual.

Bernal Albarracín aparecía en las escuchas como la persona que demostraba tener mayor capacidad económica y que realizaba gestiones de manera diaria. “Estamos esperando a ver si conseguimos el carro. Si conseguimos el carro salimos hoy mismo”, anuncia su jornada, con sonoridad de telenovela, en una charla del 17 de octubre.

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En esa conversación Chavarría insiste en pedirle efectivo. El Colombiano responde que ese día no había podido ejecutar cobranzas: “Marica, no tengo un peso, huevón. Marica, hoy no pude trabajar porque accidenté. Salí a trabajar, marica, y una chica me estrelló por detrás. Me estrelló la moto por detrás y me toco ir a llevarla al dispensario y toda esa mierda, marica. Yo no trabajé, huevón”. A continuación le reveló a su interlocutor que sólo había podido ocuparse de una “renovación” por 60 mil pesos pero sólo tenía cambio en los bolsillos.

Renovaciones

La reiteración de operaciones con las mismas víctimas es uno de los rasgos atribuidos al grupo, acusado de “aprovecharse de la situación de necesidad y carencia de las víctimas”, para lograr ventajas patrimoniales. Bernal asumió su intervención en cinco hechos. Un préstamo de 100 mil pesos a devolver en una cifra exorbitante de octubre pasado y otro por 6 mil pesos a un tal “Cachito” a devolver en casi 8 mil. Sólo en el mes de noviembre se sumaron un crédito por 10 mil pesos, otro por 14 mil y un contrato por 35 mil; todos con un interés compensatorio del 360% anual.

En una de las charlas el Colombiano refiere a la solicitud de un crédito alto por parte de una clienta usual, aludida en su jerga como una “cucha”: “Necesita otro crédito. Ella tiene uno semanal y uno diario”, le dice a un hombre no identificado que lo anima a otorgárselo. “No, con esa cucha no. A veces se queda, se atrasa, pero también se pone al día, muy cumplida”, reflexiona antes de comentar que la mujer afrontaba esas exigencias “con un mercadito, minimercado, bien surtido pero pequeño. Tiene uno semanal que paga 17 lucas y el otro que paga 4.500”.

Las escuchas ordenadas por los fiscales Haurigot y Federico Rébola detectaron además que Bernal Albarracín usó las influencias de una ex empleada de la AIC cuando se encontró en un serio aprieto el 24 de noviembre. Iba en auto por la zona oeste y lo detuvieron en un retén cuando llevaba encima casi 40 mil pesos de imposible justificación.

El Colombiano llamó a la policía por su celular y le explicó lo ocurrido. La funcionaria le pidió que le pasara con el hombre del retén. Se identificó con su nombre y dijo que era subinspectora. Explicó que el conductor llevaba el dinero para pagar “una operación de una persona que había fallecido de coronavirus en el Carrasco” y solicitó que bajo su responsabilidad lo dejaran ir.

Dos meses después, al trascender el caso, la empleada se presentó en un hospital con un disparo que le había fracturado la tibia y el peroné. Dijo que se había herido a sí misma al dispararse su arma mientras la limpiaba y por ese extraño motivo presenció conectada desde una cama el Sanatorio Mapaci la audiencia en la que un juez le otorgó la libertad con restricciones. Por entonces trabajaba en el Laboratorio Biológico.

El incidente del retén quedó registrado en conversaciones en las que el Colombiano se jacta de haber zafado gracias a su manejo de influencias. “Me acabo de pegar una salvada”, le cuenta alguien que parece ser un compatriota suyo. Relata que lo habían parado con el dinero de un préstamo y él se defendió: “Yo dije que mi chica es de PDI y tenía como demostrar la plata”, le cuenta a un conocido que lo trata de “parcero”. “Mi chica le pegó su relajada a los manes, huevón. Me salvó las 40 lucas esa hembra, negro”.

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Estos diálogos constan en el texto del acuerdo abreviado donde se considera que la pena se ajusta al “daño causado” a víctimas “ que “no terminaban de saldar un crédito que requerían uno nuevo, entrando en un espiral de endeudamiento que agravaba la situación de vulnerabilidad. Ello era insensiblemente explotado por el acusado”. Se le asignó además “una impronta compulsiva” y hostil contra los acreedores, así como haber contado como una hazaña el incidente del operativo policial.

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