Andrés Pillín Bracamonte, el jefe de la barra brava de Rosario Central, sufrió un tropezón judicial al ser condenado como autor de amenazas coactivas contra un en ex empleado del club de Arroyito. Una jueza lo sancionó con dos años de prisión efectiva, es decir que en caso de que el fallo quede firme debería cumplir esa pena tras las rejas. El hecho ocurrió hace poco más de años, cuando la institución auriazul estaba intervenida judicialmente en el marco de un concurso de acreedores y faltaban pocos días para que una asamblea general de socios eligiera a la junta electoral que supervisaría las elecciones internas.
  Según la resolución, Pillín apretó a un empleado para que un nutrido grupo de socios de una filial de Granadero Baigorria quedaran “en blanco” y pudieran participar de la que en ese momento era una reunión plenaria. “El imputado hizo uso de las amenazas para que la víctima hiciera algo en contra de su voluntad. La finalidad de Bracamonte no fue un beneficio económico (puesto que las cuotas se pagaron) sino violentar la libertad del empleado para que socios de Baigorria pudieran concurrir a la asamblea que se realizaría dos días después en la sede del club”, afirmó en los argumentos del fallo la jueza de Sentencia Carina Lurati.

El apriete. La amenaza se produjo el 28 de septiembre de 2007. Por aquella época Central estaba intervenido judicialmente. La jueza a cargo de monitorear el concurso de acreedores había nombrado una especie de triunvirato encabezado por Arturo Araujo, presidente del Colegio de Abogados, tras la escandalosa salida de la antigua comisión directiva. Pablo Ismael García, la víctima, se desempeñaba hasta ese momento como encargado de cómputos y bajo su responsabilidad estaba la emisión de recibos de pagos de cuotas societarias. Tras denunciar el hecho, García presentó su renuncia como empleado del club y se cambió de domicilio.
  Por entonces, el trío interventor había convocado a una asamblea general de socios que debía nombrar una junta electoral para que finalmente convocara a elecciones de la nueva comisión directiva y normalizar la vida institucional del club. El requisito principal para participar de ese cónclave, que se iba a realizar a fines de octubre de 2007, era tener las cuotas societarias al día. El problema surgió con la filial de Granadero Baigorria, que presentaba un alto porcentaje de incumplimiento.
  De acuerdo a lo que se dio por probado durante el juicio, Bracamonte se presentó ante García y le pidió que le imprimiera las cuotas societarias de septiembre correspondiente a la delegación Baigorria. García respondió que no podía cumplir con ese pedido. “Me dijo que tuviera cuidado, que sabía a que hora mi hermano de 17 años iba a su casa”, declaró el denunciante. La amenaza se anunció dentro de un auto Citroën C3 negro al mando de Bracamonte.

Mentiras y verdades. Según la causa, el empleado cedió ante la extorsión y ese mismo día, pero fuera del horario laboral, ingresó a la sede de Central e imprimió todos los talonarios y se los entregó a Pillín. En su declaración indagatoria, el barrabrava negó todo y aseguró que era una mentira para perjudicarlo y correrlo del club.
  Para la jueza Lurati, no quedaron dudas de que Bracamonte amenazó al trabajador y destacó el hecho de que la víctima haya elevado una nota a las autoridades denunciando el episodio para posteriormente renunciar a su puesto. También valoró el hecho de haberse presentado en los estrados judiciales para ratificar todo. Los abogados defensores de Pillín, plantearon en cambio una apelación ante la Cámara Penal. l