El oficial Juan José Raffo, quien denunció cómo operan las cajas negras de la policía rosarina, fue condenado a un año de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública en una causa iniciada en 2006 por el hurto de una puerta. Si bien el juez de Sentencia Julio Kesuani asegura haberse ceñido estrictamente al expediente, sin considerar el contexto en el que se encuentra Raffo tras denunciar a la policía en febrero y ser pasado a disponibilidad, para el oficial la condena tiene relación con sus dichos.   

“Esta causa es la herramienta legal que tenían para sacarme del ruedo”, señaló Raffo. El fallo fue apelado y ahora la Cámara Penal decidirá si hay elementos para confirmar la condena.

Oscura acusación. Raffo fue condenado por instigación al hurto y tráfico de influencias. La causa en su contra se inició en enero de 2006 cuando el dueño de una pensión de Zeballos 1020 denunció que un ex inquilino se había llevado una puerta de cedro de doble hoja de una habitación de la planta alta.

De acuerdo con el expediente, cuando ese inquilino— Atilio T.— fue ubicado por la policía, dijo que había entregado la puerta a “un empleado policial de apellido Raffo” con 200 pesos para que “le solucionara un problema” en una causa por abuso sexual. En un allanamiento a la casa de Raffo, el 7 de marzo de 2006, se secuestró una puerta de madera de doble hoja.

De acuerdo con el fallo, el denunciante reconoció que eran las hojas de la puerta sustraída y un habitante de la pensión dijo haber visto cuando Atilio T. la cargaba en un flete. Además, el inquilino dijo que “podía ser” la misma abertura “por el panel de madera de la parte inferior”. En el caso también declaró un carpintero que trabajaba para Raffo y que sostuvo haber achicado una puerta de 3 metros a un “tamaño estándar” de 2,5 metros. El inquilino que acusó a Raffo fue procesado por el hurto pero está prófugo.

Según Raffo, la causa fue “armada” cuando él trabajaba en la seccional 2ª. Asegura que compró la puerta a un hombre al que identificó y declaró como testigo en la causa. También sostiene que a quien lo acusó lo conocía por su trabajo en esa  comisaría.

Sus abogados, Adrián Ruiz y José Ferrara, señalaron que una pericia del jefe de Planimetría de la Unidad Regional II revela que, por las mediciones realizadas, “no se trata de la puerta sustraída de la pensión”.  Y aseguran que esa prueba no fue valorada en la condena. Por eso pedirán que el fallo sea declarado nulo. En uno de los escritos presentados al tribunal, señalaron que quien acusó a Raffo, pese a estar prófugo, “se encuentra generalmente en la puerta de Tribunales”.

Argumentos. El juez Kesuani fundó la condena en que en la causa “existió un damnificado cuya credibilidad no pudo ser objetada” y el reconocimiento de la puerta por la víctima.

“Habiendo una pericia que es totalmente contundente respecto de que el elemento secuestrado no es el que se está buscando entiendo que nos notificaron una sentencia nula. Me condenaron por tráfico de influencias, una figura sobre la que casi no hay jurisprudencia en la Argentina. Cualquiera que se siente a leer el sumario y le saque el apellido Raffo entiende que no debí ser procesado”, expresó ayer el oficial.

Raffo había sido pasado a disponibilidad en febrero al abrirse en su contra tres sumarios basados en denuncias anónimas y que ya fueron archivados por falta de sustento. Entonces denunció ante sus superiores y ante el juez Osvaldo Barbero, cómo operan los mecanismos de recaudación ilegal de la policía, identificó a quiénes aportan a esa caja y precisó cuánto se recauda por cada rubro.

El ministro de Seguridad, Daniel “Cuenca, con lo único que cumplió fue con lograr que me condenen”, dijo Raffo al conocer la sentencia. Es que desde el mismo momento en que el oficial denunció el mecanismo de la caja negra, el gobierno le quitó relevancia  al tema sosteniendo que era un agente procesado y poco creíble. En esa circunstancias, se anunció la creación de una secretaría de control de las fuerzas de seguridad que nunca se puso en marcha. Así las cosas, desde el entorno de Raffo entienden que “todo esto fue una jugada de presiones políticas a la Justicia para desacreditarlo y dejar que todo siga como está”.