El encubrimiento policial de la represión a la protesta social de diciembre de 2001 finalmente quedó demostrado en una causa judicial por uno de los hechos más emblemáticos de esos días: el crimen de Claudio Pocho Lepratti por parte de un efectivo de la policía santafesina. Cinco uniformados, dos de ellos con rango de jefe, fueron condenados a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por alterar pruebas y montar una farsa para favorecer al autor del homicidio, un agente que hoy cumple una condena a 14 años de cárcel.

El fallo de un tribunal rosarino avanza, ocho años después, sobre una cuestión pendiente en la investigación de los sucesos del diciembre negro: los actos de ocultamiento policial del accionar de la fuerza en esos días convulsión social. Por contraste, la medida también deja en evidencia todo lo que la Justicia santafesina no hizo para esclarecer los hechos que causaron la muerte de siete personas en la provincia.

Juicios de valor. No se sabe aún cómo se impartieron las órdenes que habilitaron a la policía a reprimir con balas de plomo los incidentes previos a la caída de Fernando de la Rúa. La mayoría de las muertes permanecen impunes. Las dos únicas condenas que se aplicaron en Rosario por los homicidios de Lepratti y de Graciela Acosta se cortaron en rangos medios de la fuerza, mientras que los oficiales con voz de mando no sortearon mayores complicaciones penales.

El ex ministro de Gobierno de aquella época, Lorenzo Domínguez, (quien admitió que la policía no seguía sus directivas), y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, (a quien Domínguez definió como el "responsable directo del control de la policía"), fueron sobreseídos por el juez Correccional santafesino Roberto Oscar Reyes. Es el magistrado que en octubre de 2005 fue beneficiado con un polémico ascenso a camarista penal de Santa Fe.

El entonces gobernador Carlos Reutemann nunca fue citado siquiera a dar explicaciones, cuando a nivel nacional el ex presidente De la Rúa fue llamado a indagatoria junto a los mayores responsables de la seguridad del país. Si bien fue sobreseído, la fiscalía fundó el planteo en que "parece imposible creer que fuera ajeno a lo sucedido".

Un argumento similar esgrimen desde hace ocho años los integrantes de la Comisión Investigadora no Gubernamental de los hechos de diciembre cuando reclaman una respuesta: si no dieron órdenes, plantean, ante la primera muerte debió existir una reacción oficial para impedir las otras. Lo innegable a esta altura es que la policía reprimió.

La comisión denunció en reiterados informes maniobras de la policía para no dejar rastro de sus acciones: que escamotearon información a los tribunales sobre heridos de bala, amenazas a testigos, adulteración de las escenas de los homicidios.

"Intentaron tapar las pesquisas de todos los asesinatos", dijo el padre de Lepratti en 2002, cuando cuestionó que la policía le adjudicara falsamente a su hijo haber estado armado. La Justicia ahora le dio la razón y, al menos en ese caso, se demostró una acción organizada de la institución policial para encubrir sus pasos.

Claudio Lepratti era un militante cristiano de barrio Ludueña. Tenía 38 años. Organizaba talleres con los pibes del barrio y dictaba clases de filología y teología en la parroquia del padre Montaldo. En el otro extremo de Rosario, trabajaba en el comedor de la escuela José Serrano de barrio Las Flores. Allí estaba cuando se desató la convulsión social del 19 de diciembre de 2001.

Pocho subió al techo de la escuela para observar qué pasaba. Un patrullero del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco pasó frente a la escuela, por una calle paralela a la Circunvalación a la altura de España. “Dejen de tirar hijos de puta. Acá hay chicos”, les gritó. Dos efectivos bajaron y respondieron con plomo. Uno hirió de muerte a Lepratti en el cuello.

El encubrimiento comenzó en ese momento, según el fallo que ahora dictó el juez de Sentencia Julio García. Los compañeros de Lepratti lo llevaron en un auto al hospital Roque Sáenz Peña. En el camino se detuvieron frente a la subcomisaría 20ª, de San Martín y Batlle y Ordóñez, a pedir que les despejaran el tránsito. En la puerta, según declaró una empleada de la escuela, estaba el policía que había baleado a Claudio.

“Yo no lo maté nena, se lastimó con un vidrio”, replicó el efectivo cuando ella le recriminó lo que había hecho. Ese policía es Esteban Velázquez, un agente condenado a 14 años de prisión como autor del disparo. El juez García consideró acreditado que en esa seccional se adulteró un acta y el libro de guardia para endilgarle a Lepratti una falsa resistencia. También allí le efectuaron dos disparos al patrullero para justificar la reacción de Velázquez y favorecerlo en la causa.

Horarios. Por esa maniobra había sido imputado el entonces titular de la División Judiciales y luego jefe de Rosario, José Manuel Maldonado, aunque por una cuestión de horarios se entendió que no estuvo en la seccional cuando se armó el montaje y fue sobreseído.

Los condenados por el encubrimiento son el entonces jefe de la sub 20ª, comisario Roberto de la Torre; el ex titular del Comando de Arroyo Seco, Daniel Horacio Braza; el jefe de la patrulla en la que iba Velázquez, Rubén Darío Pérez —quien también disparó aunque no alcanzó a herir a Lepratti— y el chofer de la unidad, Marcelo Fabián Arrúa. Los integrantes del Comando firmaron el acta sobre el crimen.

También fue condenado el oficial de guardia Carlos Alberto De Souza por insertar datos falsos en el libro memorándum de la seccional. “No tiene respecto a sus superiores obediencia debida para insertar atestaciones falsas”, consideró el juez.   

Les impuso 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por falsedad ideológica de documento público y encubrimiento. Planteó que una pena de prisión efectiva no tendría sentido a ocho años del hecho, cuando el objetivo de la pena es la resocialización y no el castigo.

Además les aplicó una inhabilitación absoluta por el doble de tiempo, lo que implica su remoción de la fuerza, la pérdida del derecho electoral y la prohibición de ejercer cargos públicos. Otros cinco efectivos de menor rango fueron absueltos porque el juez no encontró pruebas. El fallo fue apelado.

El plan para acusar después de muerto a Lepratti de una falsa resistencia quedó probado. A los familiares de las otras víctimas, y a la sociedad santafesina, les queda la tarea de reclamar las respuestas pendientes por la represión que dejó siete muertos en la provincia.

Celeste

“Esta es una respuesta parcial. No puedo estar satisfecha sabiendo que los mayores responsables de lo que ocurrió quedaron despegados”, dijo ayer Celeste Lepratti, hermana de Claudio. “José Manuel Maldonado tuvo responsabilidad directa con el encubrimiento de los documentos y de pruebas y se lo dejó libre de culpa y cargo”, planteó.