Policiales

Con inusual motivo, revisarán la pena al policía que denunció cajas negras

Al oficial Juan Raffo lo condenaron por el hurto de una puerta y un tribunal confirmó la medida. Pero la Corte Suprema examinará el caso ante la gravedad institucional de sus planteos.

Martes 22 de Junio de 2010

El copamiento a tiros del club Newell’s Old Boys por parte de la vieja conducción de la barra, el asesinato de Pimpi Camino, la detención de su hijo por un crimen, la denuncia de un oficial sobre la recaudación ilegal de la policía y la divulgación de conexiones de la fuerza con la hinchada. Toda esa trama compleja de sucesos que comenzó a tejerse tras el recambio institucional en el club del parque Independencia llegará, por una vía indirecta, a ojos de la Corte Suprema de la provincia. El máximo tribunal revisará una condena impuesta a Juan José Raffo, el efectivo que a comienzos de 2009 salió a develar la corrupción en la Jefatura rosarina y ahora plantea que lo sentenciaron sin pruebas por haberse metido con la caja negra.

La Corte intervendrá en la causa contra Raffo porque tres jueces de la Cámara Penal, en una medida poco frecuente, aceptaron un planteo del oficial para que sea revisada su condena. El policía había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo que en febrero pasado confirmó su condena a un año de prisión en suspenso. Entonces la Sala I del tribunal de apelación le impuso además una inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Fue en una causa por el hurto de una puerta y tráfico de influencias, iniciada antes de la denuncia pública de Raffo sobre las cajas negras.

Lo inusual es que los mismos jueces que lo condenaron autorizaron la revisión del expediente en la Corte. Ese tipo de recursos generalmente son rechazados y los afectados llegan al máximo tribunal por vía de una queja. Pero en este caso el cuestionamiento fue declarado admisible, lo que agiliza la revisión. La Corte puede mantener el fallo, dictar la nulidad o pedir que se modifique.

Raffo sostiene que fue sentenciado por el impacto político de su denuncia sobre las cajas negras y no por el asunto de la puerta. Otro eje de su planteo es que la sentencia fue arbitraria porque desconoció una pericia técnica que, según remarcó, lo dejaría libre de sospecha.

La admisión. Los camaristas que integraron la Sala I y confirmaron su condena fueron Ernesto Pangia, Juvencio Mestres y Elena Ramón. Al aceptar ahora el recurso los jueces no ponen duda su veredicto ni las razones por las que decidieron sentenciar al oficial. Pero le hicieron lugar para “garantizar su derecho a defensa” y darle transparencia al trámite penal, sobre todo cuando el policía adujo cuestiones de “gravedad institucional”.

Es que los defensores del efectivo suspendido, Adrián Ruiz y José Ferrara, señalaron que su cliente fue sentenciado en represalia por haber prendido el ventilador, que lo condenaron en tiempo récord luego de que se hiciera pública su denuncia y que la causa fue armada por un comisario enemistado con Raffo, quien luego fue desplazado por la investigación de la recaudación ilegal en la fuerza.

“Peligroso mensaje”. Para los abogados, que Raffo sea sentenciado por divulgar mecanismos corruptos implica un peligroso mensaje institucional: “Esto es consecuencia de haberse metido con las cajas negras y con la financiación espuria de la policía y de la política”, dicen.

La causa por la que Raffo terminó condenado se inició el 9 de enero de 2006. Ese día el dueño de una pensión de Zeballos al 1000 denunció la sustracción de una puerta de dos hojas de roble de la pieza que ocupaba Atilio T., quien desapareció debiendo un año de alquiler. El inquilino fue detenido a los dos meses por otra causa (de la que luego fue desvinculado) y dijo que le había entregado la puerta a Raffo para que lo favoreciera en ese sumario.

En la casa de Raffo se secuestró una puerta de esas características. El policía sostuvo que se la había comprado a un comerciante, quien respaldó su relato, y un carpintero declaró que la había achicado.

Tres años después, en febrero de 2009, Raffo fue puesto en disponibilidad tras una serie de denuncias anónimas que finalmente no prosperaron. Cuando se defendía de esas acusaciones, al declarar en la misma Jefatura, optó por un buen ataque: terminó revelando mecanismos de recaudación ilegal en la Inspección de zona 3ª, donde él trabajaba. Dio nombres, cifras y datos de aportantes a la red. Se inició en base a su relato una investigación por la que varios de sus superiores fueron relevados. Y reveló la protección de jefes policiales a barras de Newell’s (ver aparte).

Las objeciones. Los abogados de Raffo (ahora suspendido) remarcaron en su escrito que la causa contra el policía se reactivó tras su denuncia sobre corrupción policial. El 17 de marzo fue citado en la causa y en junio el juez de Sentencia Julio Kesuani lo condenó. “La condena de Raffo fue un trámite en tiempo récord. Pateó un hormiguero y esto enfureció a sus superiores”, plantearon.

En el tramo más caliente del plateo, los abogados señalaron que Raffo sufrió “persecución política” y fue descalificado por las autoridades de la provincia. Tiempo después, sin embargo, por la repercusión de su denuncia se creó la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad.

Los defensores señalaron que la causa contra Raffo fue armada por un comisario principal ahora en disponibilidad en complicidad con el inquilino, quien sería su informante.

El principal cuestionamiento de los defensores en relación a la prueba es que el marco de la puerta sustraída de la pensión mide 1,97 metro de alto. Mientras que la puerta hallada en casa de Raffo tiene 2,3 metros de altura y, según un informe técnico, había sido adaptada porque su tamaño originar superaría los tres metros. “La sentencia es arbitraria porque ni siquiera repara en esa pericia”, enfatizaron.

Pero el argumento de peso que condujo a la aceptación del recurso es que la causa “excede el mero interés individual, ya que compromete a las instituciones básicas de la provincia”, por las conexiones del caso Raffo con los otros sucesos de impacto público que analizará la Corte.

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