Policiales

Cómo se preparó el acuerdo para cerrar el juicio abreviado con Los Monos

La condena se cerró con la deserción de dos fiscales disconformes. La condición no fue sólo atenuar el rol de Guille Cantero en el crimen de Demarre sino sacar la carátula de hecho premeditado.

Lunes 20 de Abril de 2015

Como toda situación cuesta arriba de explicar, el acuerdo abreviado al que se llegó la semana pasada con 18 procesados por integrar la Banda de Los Monos requirió para gestarse del amparo de un secreto, aunque en este caso paradójico, porque muchos lo conocían. El caso termina con una pena de nueve años al jefe de una organización criminal que confiesa haber ordenado y consumado ejecuciones a balazos, concretado extorsiones en base a su poder de fuego, reclutado gente para vender drogas, generado contactos policiales que proporcionaran recursos para asegurarles impunidad y acopiado armas de fuego para el predominio territorial de sus variados negocios ilícitos. Entre los principales actores de la banda hay dos que recibieron ocho años de condena. El resto se lleva tres años, que algunos deberán cumplir en prisión y otros en situación condicional.

La historia de este abreviado que ahora deberá validar un juez de sentencia obedeció a una estrategia que por lo ambicioso de su concepción parecía misión imposible. Se trataba de que al jefe de la asociación ilícita, Ariel Máximo "Guille" Cantero, se le borrara la autoría de un asesinato mafioso, de los más brutales que se recuerden en Rosario. La ejecución a mediodía a veinte cuadras del centro de un hombre desarmado, que salía de declarar en un juzgado, que iba en su vehículo con su esposa y al que masacraron con seis tiros a corta distancia. En una secuencia donde la estabilidad política zozobró con cinco asesinatos ligados al mismo entorno en 72 horas.

Paso a paso. Para que todo cerrara primero se intentó lisa y llanamente borrar toda acusación contra Guille Cantero en esa causa, la del crimen de Diego "Tarta" Demarre, de 34 años. Como eso provocó el rechazo enérgico de la fiscal del caso, que tomó licencia, hubo que cambiar el rol de Guille hacia una figura con menos pena. Pero como eso no alcanzaba tampoco se debió modificar la presentación legal del hecho en sí: que no fuera un homicidio calificado por la premeditación de varias personas sino un homicidio agravado. Un segundo fiscal se negó la semana pasada a formar parte del acuerdo. Pero éste lo mismo se celebró hace cinco días. Desde el lado de la acusación el convenio fue auspiciado por los fiscales de Cámaras Guillermo Camporini y Cristina Rubiolo y el fiscal de grado Gonzalo Fernández Bussy, bajo instrucción del Procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre.

Guille Cantero estaba procesado como quien ejecutó esa media docena de disparos de un arma de guerra contra Demarre en Maipú y Seguí el 27 de mayo de 2013. La fiscal Cristina Herrera y la jueza Alejandra Rodenas así lo entendieron en base al acopio de evidencia abundante y coincidente. Que era un acto premeditado entre varios y no espontáneo asomaba como indudable. Desde Tribunales, donde había salido la víctima, dos hombres de la banda iban avisando a los ejecutores del crimen el camino que tomaba Demarre, lamentando incluso haberlo perdido un momento. Otros cuatro, desde dos autos, se acercaban al vehículo y uno de ellos cometía el crimen. El móvil también estaba claro: vengar el asesinato de "Pájaro" Cantero, hermano de Guille, que había sido baleado 30 horas antes frente al boliche de Demarre, a quien según las escuchas los Cantero señalaban como el entregador.

El programa de las defensas de Cantero apuntaba muy alto. Primero había que gestar un pacto con los fiscales para confesar los delitos de la asociación ilícita, que investigó el juez Juan Carlos Vienna, en un acuerdo en el que a cambio de penas más bajas ingresara como bisagra el crimen de Demarre. El segundo paso era suprimir a Guille de autor del asesinato de Demarre por el que tenía destino de perpetua. Directamente de que por ese hecho no lo acusaran de nada. Ni apretar el gatillo, ni estar en los dos autos registrados por una cámara que emboscaron a Demarre, ni haber participado del planeamiento del hecho, ni de encubrirlo. El nombre de Guille debía evaporarse de la causa.

La ayuda de la viuda. ¿Cómo hacerlo? Con un auxilio que surgía como inconcebible. Se trataba de que la viuda del hombre asesinado, que lo había visto morir a su lado, ayudara al matador, de manera de despegarlo del caso.

En diciembre del año pasado Betiana Mabel Quintana, viuda de Demarre, entró en efecto en la fiscalía 9, acompañada de los abogados del presunto asesino de su esposo. Allí le dijo a la fiscal Cristina Herrera que el hombre procesado por acribillar a su marido no era quien lo había hecho. La fiscal preguntó cómo podía decir eso cuando en tres ocasiones había afirmado ser incapaz, por la rapidez de la acción, de identificar al asesino. Con un traqueteo de palabras ahora decía que algo había visto como para afirmar que, al menos, ese hombre Guille no era.

Desde dos meses antes de que este acto ocurriera en los anaqueles del juzgado de Instrucción Nº 5, donde se tramitaba la causa Monos, estaban disponibles unas escuchas telefónicas que anticipaban el modo en que el entorno de Los Monos preparó ese trámite desde la cárcel de Piñero. La revelación surgía de la escucha de Emanuel Chamorro, que fue uno de los que el miércoles pasado firmó una condena por ocho años.

 

Ema Chamorro  es uno de los que estaba procesado por guiar desde Tribunales a los asesinos de Demarre. En esas escuchas captadas el 26 de agosto del año pasado, Guille contaba en detalles que habían pagado para que la mujer favoreciera "a los tres que estaban presos" (él entre ellos), afirmando que "no tenían nada que ver" con la matanza de su marido. Y que luego sus abogados pedirían su libertad.

 La difusión periodística de este despropósito todavía sin aclarar por los superiores de los jueces y los fiscales, donde se ignora una información superlativa para un caso penal de máxima prioridad, volvió imposible no acusar a Guille de nada en el caso Demarre. En la conferencia de prensa del miércoles pasado al fiscal Guillermo Camporini se le preguntó si esto mismo _que Guille quedara sin reproche alguno dentro de esta causa_ había sido algo contemplado en la negociación. Camporini no pudo negarlo. Solo dijo: “Se barajaron varias variantes pero ya ven que esa no es la que salió”.

Entonces la alternativa fue imputarle una participación secundaria. Sin embargo la jueza Rodenas tenía procesado a Guille por homicidio calificado lo que prevé, para la nueva figura escogida, una pena mínima de 10 años. La calificación del hecho, entonces, también debía ser reescrita. Quedó en el abreviado sólo como homicidio agravado. La pena prevista para un cómplice secundario de este delito es 5,4 años. Ahí sí una pena a nueve años para Guille cerraría legalmente, considerando además la confesión de ser también jefe de una asociación ilícita y el cómputo de dos años por una condena ya dictada por acopio de un arma.

La novedad de este acuerdo hizo que Mariano Ríos, el fiscal subrogante del caso Demarre designado para reemplazar a Herrera, rechazara firmarlo. Dos de las tres alternativas que él ofrecía en su dictamen eran para acusar a Guille con delitos penados con prisión perpetua. Se negó a ser parte del esquema un día antes de su cierre.

No parece mal ceder expectativas de penas rigurosas para lograr una condena. La pregunta es en qué ocasión y ante quién. Si el principio vale también para una organización criminal que en las escuchas telefónicas sigue activa en sus mismos negocios violentos, y para la cual los mismos funcionarios que hoy les sucriben condenas de nueve años como máximo prometieron no tener la mínima contemplación. El argumento es que la prueba era endeble o controvertida. Sin embargo en la causa de asociación ilícita que manejó el juez Juan Carlos Vienna había confirmación de jueces de cámara. Y la jueza que trabajó el caso Demarre no fue Vienna, que está cuestionado, sino Rodenas. 

En Tribunales no polemizan sobre la legalidad de este acuerdo. Pero sí sobre su racionalidad, su congruencia con otros hechos juzgados y sus efectos en la opinión pública. Hace 11 días este diario publicó el caso de un hombre de barrio Las Flores, Marcelo “Nono” Perugorria, que fue condenado por matar de una puñalada en una pelea entre grupos a Gastón Zuvelza, a partir de una gresca en un cumpleaños. Le dieron nueve años de pena pero la Cámara Penal ordenó subir esa pena a 10 años y 6 meses “por la frialdad con la que se consumó el asesinato”. El jefe de una asociación ilícita acusada de ordenar delitos violentos continuados al efecto de asegurar millonarios negocios, que casualmente es del mismo barrio, se lleva nueve años.

Cuando en marzo del año pasado en el marco de la investigación de la causa Monos su nombre apareció en una nómina de posibles asesinatos, junto al del juez Vienna, Camporini dijo que el problema era institucional. “Lo que han querido mandar es un mensaje que es muy delicado. Quisieron decir que el poder lo tienen ellos. Pero creo que lo mejor es no bajar los brazos y seguir investigando”. 

Lo que explica este negocio jurídico cerrado a tres días de las elecciones de ayer, precisamente, es que Los Monos son un consolidado factor de poder. 

 

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