La Justicia Federal de Santa Fe comenzará hoy a tomar declaraciones indagatorias a los policías provinciales que el año pasado produjeron un levantamiento de la fuerza que privó del servicio de seguridad a la mayoría de las ciudades de la provincia. Las acusaciones abarcan, además de la omisión del servicio, delitos diversos como la destrucción o el daño a bienes públicos como patrulleros, el sabotaje de las comunicaciones al 911 y la intimidación generalizada que significó el realizar concentraciones frente a los lugares desde donde debían salir los móviles policiales.
Las medidas judiciales empiezan en Santa Fe con la citación instada por el fiscal Walter Rodríguez a seis policías identificados como promotores de esos presuntos delitos. La ronda comenzará con las declaraciones de Fabricio Javier Abasto, Oscar Alberto Aguirres, Mauricio Miguel Pagani, Claudio Marcelo Patiño y Alejandro Zamaro. Para el 18 de diciembre se espera al considerado organizador principal de la huelga a nivel provincial: el secretario general del no reconocido gremio Apropol, Alberto Martínez, ex suboficial de la policía santafesina expulsado de la fuerza en la gestión del gobernador Jorge Obeid.
Un año atrás. Esta investigación se inició a mediados de diciembre de 2013 cuando el fiscal de Estado Pablo Saccone, a pedido del gobernador Antonio Bonfatti, denunció a Apropol como responsable de incitar los acuartelamientos de los policías santafesinos y favorecer los saqueos y desmanes suscitados en distintas localidades santafesinas.
Durante esos días la seguridad pública fue prestada de manera precaria exclusivamente por fuerzas federales dado que tanto las unidades de Cuerpos, que brindan servicio en la calle, como las de Orden Público, que son las comisarías, se mantuvieron inactivas de una manera especialmente abrumadora en Rosario y Santa Fe. El reclamo se desactivó cuando el gobierno provincial concedió un aumento salarial al personal policial.
En la ciudad de Santa Fe durante la huelga policial se produjeron acontecimientos violentos, con episodios de saqueos y la muerte de Esteban Gerold, de 38 años, que fue atropellado por dos jóvenes que escapaban en moto tras un robo masivo a un frigorífico en la zona oeste capitalina. En esos días no solamente se propagaron los episodios delictivos sino que, ante la falta de custodia, importantes franjas de la población tomaron las acciones de seguridad de manera espontánea, por propia cuenta, armándose para defenderse.
Frente a la denuncia de Saccone el fiscal federal Walter Rodríguez pidió tres veces la indagatoria hasta que el 21 de octubre pasado, tras una prolongada demora que fue motivo de quejas de la fiscalía, el juez federal Reinaldo Rodríguez aceptó imputar a los policías.
Intimidación. El fiscal Rodríguez pidió también que la investigación por las advertencias dirigidas al gobernador se acumulen a la pesquisa por el delito de sedición, aunque se está a la espera de que la Corte Suprema de la Nación defina la viabilidad de ese pedido, que ya obtuvo el dictamen favorable del procurador fiscal ante el máximo tribunal, Eduardo Casal.
Las advertencias, en ese contexto tomadas como una intimidación, se concretaron a partir de un mensaje de texto recibido en el celular de Bonfatti que decía: "Pelado pagá las 12 lucas" en referencia al reclamo salarial de los efectivos instalados frente a la Jefatura de Rosario. Una pesquisa impulsada por el juez Javier Beltramone ubicó el teléfono emisor del mensaje en la casa de Alberto Martínez y estableció que la línea estaba a nombre de su mujer. Además Apropol instaba a la sublevación policial desde su sitio web y hacía volanteadas incitando a lo mismo en los lugares donde los uniformados obstruían la salida de los patrulleros.
Martínez fue convocado a declarar el jueves 6 de noviembre en la Justicia provincial por la jueza Susana Luna por ese mensaje telefónico. Ese día sus abogados defensores recusaron a la magistrada entendiendo que eso debía tramitarse en la Justicia Federal. La magistrada no hizo lugar al pedido de apartamiento y elevó el incidente a la Cámara Penal para que fuera resuelto tras una audiencia oral y pública.
El fiscal Nº 4 de Santa Fe, Juan Pablo López Rosas, junto a la fiscal NN María del Carmen Bertone, identificaron a policías por actos de sabotaje como dejar fuera de servicio una camioneta Amarok para impedir que patrullara, a la vez que instigar al personal a abandonar funciones. A partir de los aportes de registros fílmicos de medios de prensa la Fiscalía NN de Santa Fe identificó a 37 uniformados como participantes de la protesta.
Obstrucción. En Rosario los incidentes en el marco de la sublevación policial son investigados en el juzgado de Instrucción 14ª en un expediente que en noviembre pasado acumulaba seis cuerpos. Allí se examina la obstrucción frente al portón de Jefatura, el incendio a su oficina de prensa y el sabotaje de comunicaciones. A la vez el fiscal NN Marcelo Vienna impulsó causas para que se identifiquen situaciones graves derivadas de la omisión del servicio. Con imágenes requeridas a medios audiovisuales se identificó a nueve policías. El fiscal Donato Trota pidió a la División Personal el legajo de cada uno y la indagatoria de todos ellos por diversos delitos.
Vienna también pidió a todos los hospitales públicos de Rosario el listado de personas que ingresaron heridas de arma de fuego entre el 7 y 10 de diciembre, días del conflicto, sin que se hubiera formado causa penal en las jurisdicciones policiales que debieron intervenir.
"Ese reclamo fue contra la ley"
"Hace un año hicimos la denuncia por indicación del gobernador Bonfatti de los policías que apoyaron su reclamo salarial exhibiendo armas y haciendo uso de un procedimiento que estuvo más cerca de la sedición que del justo reclamo", recordó ayer el fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone. "Lamentablemente vemos que el procedimiento se fue dilatando, al punto de que pasó un año para que se cumpla el primer paso procesal, el llamado a indagatorias. Pero tenemos la satisfacción de que los jueces han visto que, tal como denunciamos, esta forma de reclamar va en contra de la ley", dijo el funcionario a LT3.
Saccone destacó que "al menos en esta primera instancia los jueces ven que se configuró una figura delictual como la sedición, alzarse en armas contra un gobierno democrático". Y adelantó: "Mañana (por hoy) van a llamar a cinco o seis personas que se alzaron en armas contra el gobierno para sacarle alguna medida".
El funcionario dijo que la demora en indagarlos se motivó en una disputa de competencia entre el fuero local y el federal. "La expectativa es que se confirme la línea trazada hace un año, cuando se negociaba la salida del conflicto, es decir diferenciar entre quienes hicieron un justo reclamo y los que cayeron en líneas delictuales usando armas para extraer medidas al gobierno".
"Aspiramos a que los jueces dejen bien trazadas esas líneas y que quede claro que el gobierno no está contra los reclamos salariales sino contra los policías que olvidan su deber y usan para empujar sus reclamos las armas que el gobierno les da para proteger a la sociedad", concluyó.
