El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, acumula veinte años de experiencia como funcionario en distintas penitenciarías de la provincia. Se fija en la fecha, 22 de diciembre, y se asombra. Lleva solo doce días de gestión. Duerme poco. Es abogado, expenalista, un santafesino típico que ingresó produciendo trabajos académicos sobre gestión y relaciones interpersonales con el eje puesto en salud mental.

En esta nueva gestión provincial asumió una cartera que sumó Justicia, con lo que muchas de las iniciativas de leyes penales pasarán por ese ámbito: reformas de ley de narcomenudeo, cambios en la justicia de menores, la situación carcelaria, la prevención del delito y la nueva forma de trabajo policial.

Todos estos temas fueron abordados por el ministro en diálogo con La Capital, y no eludió ninguna cuestión de las que hacen el día a día en torno a Seguridad en la provincia, puntualmente en Rosario.

−¿Por qué tomaron la determinación de avanzar en los cambios de manera tan profunda a esta altura del año, con una fecha tan emotiva como la Navidad tan cercana?

−Tomamos decisiones por que a diferencia de otro momento político en que se implementó una gestión penitenciaria progresista, ahora iniciamos una etapa de gestión integral. Lo realizamos en todos los escenarios que hacen a la seguridad y se tomó una línea de acción desde el primer día, el 11 de diciembre a las 6 de la mañana. Mientras un equipo del Servicio Penitenciario daba la señal de inicio de gestión con un mensaje contundente y el traslado de presos, otros equipos se encargaban del tema policial, de los recursos económicos y del arreglo de los móviles para ponerlos en la calle. Las políticas de Seguridad estuvieron asediadas por discursos de negociación, tratando de molestar lo menos posible a los internos para evitar fricciones. Pero eso cambió, el momento es ahora, y tenemos un marco electoral favorable. Nosotros no podemos dudar, se pusieron todas las acciones en marcha, sin cálculo de riesgo.

−¿Qué se considera para definir a presos como de alto perfil?

−La categoría de alto perfil es una creación contingente y se generó hace veinte años, cuando un preso de riesgo era un hombre que podía haber participado de un motín o que era muy agresivo dentro del penal. Sin embargo, hace unos años ingresaron a las penitenciarias internos con capacidades económicas; logísticas y que formaban parte de una organización que los volvía mas peligrosos que cualquier preso amotinado. Luego los segmentamos para tener con ellos un tratamiento distinto pero hasta ese momento era una cuestión reglamentaria. En concreto, es una categoría de reclusos que no corresponde con el delito cometido sino a su desempeño. No obedece al hecho punible sino a un perfil criminológico que ahora con la Ley de Ejecución de la Pena, que se sancionó esta semana, nos da un marco legal para una ejecución diferenciada de estadía para quienes tienen estos perfiles. La administración penitenciaria, con aval judicial, determina el trato distinto para estos internos.

−¿Se habilitarán más unidades penales, que pasará con la unidad construida en la localidad de Larrechea?

−Nosotros podemos hacernos cargo de cualquier cárcel. Estamos acostumbrados a trabajar en condiciones de Emergencia en el ministerio de Seguridad. Cuando iniciamos esta gestión había 1.700 presos en comisarías, ya redujimos esa cifra a 1.400; ya sabemos cómo trabajar con las urgencias de situaciones específicas. En esta gestión los funcionarios somos intervencionistas en la administración carcelaria y tomamos decisiones, nos hacemos cargo de lo que sale bien y de lo que sale mal, sin echar culpas al personal de carrera. Y la idea de la cárcel de Larrechea es que si no tengo a los internos alojados ahí los tengo en comisarías, y es lo que no quiero. Esa unidad carcelaria está casi terminada y nosotros no tenemos problemas hasta en poner a trabajar ahí a la gente del Servicio Penitenciario Provincial. Si los federales quieren un delegado para no perder jurisdicción tampoco tengo problemas. Esta cárcel sería para internos federales y provinciales. Es más, aceptamos sobrepoblación. Igualmente el sistema federal nos debe la manutención de años de los 400 presos federales que están detenidos en la provincia y no vemos un peso, así que sería parte de una negociación.

−¿No sería un penal de máxima seguridad?

−Nosotros queremos una Unidad Penal de máxima seguridad pero restan definir algunas cuestiones. Los recursos los generaremos pero por el momento ponemos parches. Instalamos blindex para visitas, inhibidores de señal, controlamos visitas pero no son pabellones extremos de alto perfil. Algo logramos pero no se avanzó por que no había herramientas jurídicas, ahora ya tenemos la Ley para evitar planteos de parte de los defensores y ya lo podemos hacer.

−Ante estos tiempos difíciles, sin recursos y en los que se supone que se puede incrementar el marco delictual, ¿cómo se trabaja en la prevención del delito?

−La prevención estará dada por una serie de medidas de emergencia. Lo mínimo es el patrullaje y la eficiencia. Como ejemplo están los llamados al 911, si el ciudadano necesita a la policía, la policía debe estar, pero lo preventivo no se afronta solo con policías y fiscales. Vamos a enfocar la seguridad desde un punto de vista más integral. Un proyecto puntual que se implementará en los próximos meses es la intervención paulatina en ocho barrios de Rosario, entre ellos Tablada, Santa Lucía, Empalme Graneros y Nuevo Alberdi. Serán intervenciones intensivas y sostenidas en las que se evaluarán medidas a partir de indicadores de violencia.

−¿Cómo se abordarán?

−Desde distintas áreas sociales, con Fiscalía y municipios locales, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones. A veces por cuestiones urbanísticas o policiales en distintos barrios el tema se resuelve de otra manera. La seguridad debe brindarse en lugares en los que no hay una violencia lesiva pero si arrebatos, robos en viviendas, cosas que se resuelven de maneras distintas que en barrios que son sumamente violentos.

−¿Se incrementarán las cámaras de vigilancia?

−Hay dos temas a trabajar: el análisis general y el político. En la gestión de Perotti tal vez se definió la información criminal como herramienta política, nosotros blanqueamos la situación y se está armando un sistema de inteligencia y prevención basado en la futura “ley de producción y gestión de información”, y por el momento avanzamos en lo que podemos. Implementaremos más cámaras de vigilancia y analizaremos en este contexto no solo agregar cámaras sino plantear un proceso de integración tecnológica con los gobiernos locales, y en cuanto se pueda se ampliará el sistema de cámaras en distintas ciudades de la provincia, obvio en Rosario.

−¿La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, planteó integrar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, ¿Cuál será su función?

−No estamos informados en detalle de lo que hará el Ejército en los barrios de Rosario. Ellos tienen una función que no es compatible con intervenciones en zona urbana. Pueden ofrecer recursos logísticos en catástrofes climáticas y humanitarias, pero no más que eso. No nos oponemos en que estén pero estamos expectantes para saber qué función se les dará, independientemente de la Ley de Seguridad Interior. No creo que no estén preparados para intervenciones urbanas.

−¿Cómo se implementará la ley de narcomenudeo?

−En lo que hace a la política de persecución al microtráfico hay que distinguir radicalmente la incumbencia federal y el punto de venta lesivo al control territorial de la provincia, que es lo que afecta a los barrios día a día. La Justicia Federal trabaja a mediano y largo plazo y en investigaciones largas. Nosotros vamos a trabajar con dos niveles en la persecución. La coordinación central la hará la Fiscalía General de la provincia con puntuales focalizaciones de intervención. Habrá inteligencia territorial basada a la sanción de la “ley de gestión y análisis de la información” y así vamos a formar un grupo con personal que se desprenderá de la policía. Serían una agencia de relevamiento del territorio pero que no reporte a la organización policial. Se hará con Policía de Investigaciones y no con las reparticiones policiales ordinarias, y no dependerá de los mandos policiales.

−¿A partir de la reforma de la justicia del menor, cómo se abordará esa temática?

−Hay que distinguir tres cuestiones: el diseño procesal, la respuesta que se da desde el Estado hacia el menor punible y lo que hace al menor no punible. A ellos hay que juzgarlos como adultos, con las garantías que eso implica. Y con esta reforma a nadie se le quitan derechos y además se sale de un sistema tutelar. Esta reforma permite el juzgamiento. Ante el menor punible (de entre 16 y 18 años de edad) se irán reforzando las medidas de alojamiento en institutos cerrados. En cuanto al no punible (entre 14 y 16) vamos a proponer una reforma para que en situaciones excepcionales se nos de intervención a nosotros y no a niñez, pero en situaciones excepcionales. En otras se actuará como hasta ahora, y lo que marca la reforma, ya que la Ley es nacional, nosotros solo reformamos lo que puede hacerse desde la provincia.

¿Cómo es la situación del comando unificado en lo que hace a las fuerzas federales?

Un funcionario nacional, Federico Angelini, será el coordinador y nos parece muy bien que un funcionario político de la Nación sea responsable del comando unificado de las cinco fuerzas federales. Es necesario coordinar a cada fuerza en cuanto a su operatividad y de eso se ocupará una mano única, que será este funcionario. En tanto, nosotros pretendemos que se organice un organismo conjunto de fuerzas federales y provinciales y nos gustaría que lo dirija Omar Pereira, que es un comandante retirado de Gendarmería y héroe de Malvinas. La idea es que las operaciones de todas las fuerzas, tanto provinciales como federales, se diseñen de manera conjunta.

−Atento a los homicidios en Rosario a esta altura del año, que son alrededor de 250, y en Santa fe, unos 65, ¿es distinta la violencia entre una ciudad y otra?

−La ciudad de Santa Fe maneja otra situación en lo que hace al comercio criminal y al tema narco hay que entenderlo además de como un crimen también como un negocio, y conocer la lógica económica. A menudo, la Justicia actuó de manera tardía en Rosario y no se articuló con otras instancias. Se debió tener una estrategia, no negociar ni acordar. Habría que ver si Santa Fe es menos violento que Rosario, en algunos casos proporcionalmente hubo en la capital provincial mas homicidios que en Rosario. Son contextos distintos, en Santa Fe hay mucha violencia y esto nos preocupa mucho.

El ministro saluda, recibe una llamada del gobernador Maximiliano Pullaro, confía que “hablamos mil veces por día porque hay mucho trabajo por delante”, y se interna en su amplio despacho.