"Ese hombre me daba tanta seguridad de poder cobrar, que decidimos ir para adelante. Incluso, dada esa confianza inició también el trámite de mi jubilación". Ana María C. utilizó esas palabras para definir con precisión lo que el abogado trucho procesado esta semana por 24 hechos de estafa y usurpación de título despertó no sólo en ella, sino también en la comunidad religiosa de la Iglesia Sendero de la Cruz, templo evangélico en el que cosechó la mayor parte de sus víctimas sorprendidas de buena fe.

En la causa judicial que instruyó la jueza María Laura Sabatier, que también derivó en el procesamiento de una abogada rosarina por su presunta participación secundaria en tres hechos, se detallan los casos en los que ambos están acusados de actuar en combinación.

Transferencias de automotores, juicios por mala praxis (con pedido de autopsia incluido), trámites de jubilaciones, divorcios, actualizaciones impositivas, solicitudes de créditos hipotecarios, reclamos por accidentes laborales y todas las diligencias inherentes a la labor de un gestor.

Ese fue el abanico de servicios que abarcó Marcelo R., el falso profesional, a la hora de ofrecerse como letrado en Derecho en el templo al que llegó supuestamente "en busca de ayuda pastoral", según contó uno de los testigos. Eso sucedió en 2005. Muchos de los perjudicados eran familiares entre sí.

Blanco fácil. "Durante 18 meses comenzó a tener relación con la mayoría de los miembros (de la comunidad religiosa) y a hacerles trabajos, diciendo que estaba asociado con dos abogados y con un escribano", afirmó uno de los primeros creyentes. Uno de esos profesionales era la mujer que terminó acusada por la resolución de Sabatier. De los otros dos no se publican los nombres porque no surgieron pruebas que los vincularan a las maniobras.

Marcelo utilizaba como base de operaciones un conocido bar de Pellegrini al 1600. Entre la cantidad de caídos en desgracia citados en la resolución, uno de ellos contó que se le encomendó el trámite de un subsidio para la iglesia, por el que el abogado trucho cobró como adelanto 3.500 pesos. Esa ayuda económica nunca apareció. En total, el templo habría sufrido una estafa de unos 15 mil pesos. El damnificado contó también que lo contrató para otros seis trámites personales que nunca se concretaron, por los que perdió 5 mil pesos.

Otro fiel, Héctor F., de ocupación remisero, le encargó a Marcelo que le llevara todos los papeles del coche (pago de patente, seguro, monotributo y demás gravámenes). Entre julio de 2006 y julio de 2007, Héctor entregó un promedio de 600 pesos por mes más el valor de las matrículas y 100 más en concepto de honorarios. Entre otras irregularidades, jamás le dio un comprobante y no pagó ninguna patente de 2007.

Confianza ganada. El chofer además quiso iniciar un reclamo judicial a Telecom por el que el abogado trucho le hizo pagar en total 2.500 pesos. La demanda jamás se inició, según consta en la resolución de procesamiento. "A medida que pasaba el tiempo, Marcelo R. entraba más en confianza con su familia y así fue que le dieron más trabajo", sostuvo Sabatier.

Otro que dio cuenta de las tropelías fue Roberto G., un albañil que intentaba recomponer sus aportes jubilatorios. Tuvo que pagarle 100 pesos por mes, entre febrero de 2006 y julio de 2007. Poco después de enterarse de que Marcelo no era abogado, el obrero comprobó en la Ansés que no había ningún aporte a su nombre y que el perjuicio sufrido llegaba a casi 1.800 pesos.

Ana C. intentó gestionar una jubilación por invalidez para su esposo. Marcelo R. se comprometió a estudiar su caso y a los pocos días le informó que ese beneficio había sido "mal rechazado y que le haría cobrar todos los años retroactivos". Ana tuvo que aportar durante cinco meses 260 pesos. Además, pagó 1.250 pesos por el trámite de una supuesta jubilación anticipada. Pero nunca accedió al beneficio prometido por el falso gestor, quien terminó preso y con sus bienes embargados.