Dos casas de repuestos y autopartes de la zona oeste de Rosario fueron clausuradas ayer en operativos sorpresivos porque no tenían la documentación que acreditara la procedencia de los elementos que en esos locales se comercializaban. Funcionarios judiciales y municipales inspeccionaron esos negocios con el objetivo de determinar si la mercadería en acopio era expendida en forma legal. Los operativos se enmarcan en un propósito que excede la acción judicial ya que también participan las autoridades provinciales y municipales.

Estas acciones apuntan a fiscalizar la actividad regular de los negocios de este rubro en el marco de una política criminal nacional a la que adhiere la provincia: apunta a impedir que a los mostradores lleguen autopartes ilegales, que a veces proceden de delitos cometidos con altos niveles de violencia, como el robo de automotores. Esta modalidad delictiva produjo, en los últimos quince días, dos resonantes homicidios ocurridos en Wilde y Derqui, localidades del conurbano bonaerense (ver aparte).

Las inspecciones de ayer se enmarcan en una ley nacional de agosto del 2003 a la que la provincia adhirió y reglamentó en octubre de 2008.

Por sorpresa. Ayer a la mañana, la fiscal de la oficina de causas sin autores individualizados, Viviana Cingolani, agentes de la Guardia Urbana municipal y de la sección Sustracción de Automotores de la policía rosarina llegaron a dos comercios de autopartes de la zona oeste. En los dos casos, según dijo Cingolani, los dueños de esos negocios no exhibieron la documentación en respaldo de la procedencia lícita de los repuestos que tenían a la venta.

"Los negocios fueron clausurados por la Municipalidad porque no tenían las facturas o los remitos con el número identificatorio de los repuestos usados que se ofrecían. Otra anomalía que detectamos es que los inventarios de la mercadería estaban incompletos, sostuvo Cingolani.

Las autoridades estuvieron en un local situado en avenida Circunvalación y Presidente Perón y en otro ubicado en el cruce de Pellegrini y Felipe Moré. En el primer negocio, según la fiscal Cingolani, la inspección también comprobó que tenía la habilitación municipal vencida. Los dueños sostuvieron que los locales que regentean no son desarmaderos. "Dijeron (por los propietarios de los negocios) que vendían autopartes que se la compraban a terceros, pero no explicaron a quiénes", indicó Cingolani.

A partir de que la provincia adhirió a la norma nacional que regula la actividad comercial de los desarmaderos, el organismo encargado de controlar su desempeño legal es la Secretaría de Justicia, a cargo de Roberto Vicente. "No se nos escapa que el robo de automotores puede terminar en el desguace y en un comercio ilícito que si no está regulado por el Estado puede llegar a tener un mercado negro de autopartes".

—¿Cómo planean desalentar esa actividad delictiva?

—En realidad, tenemos la norma provincial que establece una regulación muy parecida a la nacional, que tiene un registro y a su vez permite ejercer los controles sobre la base de que cada uno de los repuestos usados que se expongan en los desarmaderos tienen que tener un sticker para individualizarlos de modo que aquel no tenga este tipo de rotulación no es apto para la venta porque tal vez su procedencia sea ilegal.

La regularización. Vicente indicó que en la provincia, tres meses atrás, había inscriptos solamente 17 locales que comercializan autopartes. "Es un indicador que no refleja la realidad. Por eso alentamos a quienes se dedican a esta actividad se inscriban o se reinscriban a través de la página web para que puedan trabajar en un marco de legalidad", sostuvo el funcionario provincial.

"A partir de la reglamentación de la ley, ocurrida en octubre de 2008, la provincia buscó organismos municipales que contribuyeran al control de autopartes y repuestos en los locales que los comercializan, de modo añadido se buscó configurar un banco de datos para entrecruzar información", dijo el secretario de Justicia.

A su vez, Vicente señaló que uno de los objetivos es desalentar la posibilidad de que esta actividad se realice en un marco informal y en condiciones irregulares. Y sostuvo que la tarea se está realizando con otras dependencias oficiales. "Les pedimos colaboración al Ministerio de Seguridad y a la policía de la provincia. Además nos reunimos con los fiscales NN para aunar criterios y a realizar controles con las municipalidades de Santa Fe y de Rosario", explicó.

Protesta

Los integrantes de la Cámara Argentina de Comerciantes y Reparadores de Partes del Automotor (Cacyrpa) realizaron una protesta en la calle Warnes de Capital Federal “en defensa de la fuente laboral” y contra los desarmaderos clandestinos. “Controles sí, hostigamiento no” fue la consigna para demostrar que no están relacionados con el delito.