Policiales

Cinco agentes del Comando siguen en prisión preventiva

A fines del mes pasado fueron imputados de una serie de graves delitos. Otros 18 efectivos siguen siendo investigados pero en libertad.

Lunes 08 de Abril de 2019

Cinco de los 23 policías del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe que a fines del mes pasado fueron imputados de diversos delitos desde robos a mano armada y lesiones hasta privación de la libertad y falsificación de actas continuarán detenidos con prisión preventiva luego de una extensa jornada que se extendió por tres días. Entre esos cinco agentes hay una mujer a la que se le dictó un arresto domiciliario porque tienen un hijo menor de 5 años.

En tanto, según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a los 18 uniformados restantes seguirán siendo investigados aunque transitarán el proceso en libertad luego de que se les impusieran medidas alternativa al arresto, entre ellas la obligación de constituir fianzas de entre 70 mil y 100 mil pesos cada uno.

Denuncias

A partir de varias denuncias recibidas por la Fiscalía de Flagrancia de la ciudad de Santa Fe en la que se detectó la repetición de anomalías en el accionar policial se inició una investigación de la Unidad de Delitos Complejos que condujo, el pasado 25 de marzo, a la detención de 24 efectivos que durante los años 2016, 2017 y 2018 integraron el Comando Radioeléctrico Zona Norte de la capital provincial.

En ese marco se practicó una serie de allanamientos en los que se incautaron seis pistolas calibre 9 milímetros, tres revólveres calibre 32, un revólver 38, un chaleco antibalas, una mira telescópica, un pistolón calibre 36, una escopeta, una tumbera, 20 cargadores de distintos calibres y unas 200 municiones. También se halló marihuana y cocaína.

Según definió por esos días el subsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad del gobierno santafesino, Ricardo Giusepponi, no se trataría de una asociación ilícita sino de "una sucesión de mecánicas ilícitas de la mala policía". Así, los investigadores afirmaron estar ante "una pandilla de ladrones inescrupulosos que se escudaban en el uniforme para delinquir", mientras no se descarta que hayan alquilado o hasta vendido armas a delincuentes, teniendo en cuenta que varias de las víctimas de su accionar viven o vivieron al margen de la ley.

Los policías fueron imputados individualmente de una serie de delitos, en algunos casos muy graves, por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. "La falsedad ideológica en instrumento público y la portación y tenencia indebidas de armas de fuego son dos de las atribuiciones que más reiteran en las 23 personas investigados", indicaron los fiscales, para explicar: "Esto es así porque una de las conductas ilícitas de los imputados es lo que vulgarmente se llama «plantar» armas a personas que no las llevaban o «reemplazar» armas a quienes tenían una en su poder".

Los fiscales detallaron que también se les atribuyó a algunos de los acusados otros delitos que no tienen que ver con su accionar. "Hubo un joven agredido a golpes mientras le introducían la cabeza en una bolsa plástica, una embarazada que debió ser hospitalizada por lesiones producidas por balas de goma, un hombre con la mandíbula quebrada por una golpiza y hasta hubo un caso en el que mataron de un balazo al perro de la víctima porque ladraba", resumieron.

Formuladas las imputaciones, la semana pasada comenzó a debatirse en una larga audiencia ante el juez Sergio Carraro las prisiones preventivas solicitadas. Al término de las tres jornadas el magistrado decidió dejar presos a cinco uniformados, entre ellos a una mujer madre de un pequeño menor de 5 años.

Los uniformados que quedaron detenidos son Oscar G., un oficial de Asuntos Juveniles de 31 años que fue imputado como coautor de hurto calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, robo calificado por el uso de arma de fuego cometido en poblado y en banda y por ser policía, privación ilegal de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica en instrumento público, severidades, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, lesiones graves y daño. Los mismos delitos se le imputaron al subinspector Eduardo Miguel R., de 42 años.

A la subinspectora María Elena B., de 42 años, la imputaron de abuso de armas, allanamiento ilegal, vejaciones, apremios ilegales, amenazas coaccionantes, hurto calificado por ser policía, daño, robo calificado, privación ilegal de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica en instrumento público.

Por su parte, al oficial de 31 años Jonatan Emanuel P., le imputaron allanamiento ilegal, vejaciones, apremios ilegales, amenazas coaccionantes, hurto y robo calificado, privación ilegal de la libertad por abuso funcional; y falsedad ideológica en instrumento público. Finalmente, a Tamara Yanina R., oficial de 31 años, le atribuyeron hurto calificado, robo calificado por uso de arma de fuego, privación ilegal de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica en instrumento público.

En ese marco, 18 policías fueron liberados mientras continúa la investigación en la que siguen involucrados. La investigación sigue y tenemos que seguir investigando, pero el juez dio por acreditado todos los hechos que les imputados a los involucrados.

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