Policiales

Caso Lepratti: dura réplica tras la absolución a policías por encubrir

Un fiscal superior valoró inconstitucional el fallo que desligó a 5 efectivos condenados por ocultar el crimen. Afirma que los acusados adulteraron el acta del hecho con el afán de "legalizar" un "horrendo crimen".

Miércoles 18 de Mayo de 2011

La absolución de cinco policías que habían sido condenados por encubrir el crimen del militante social Claudio Pocho Lepratti tiene una implicancia política que excede los límites del expediente. No sólo es uno de los homicidios más emblemáticos del diciembre negro de 2001 en la provincia de Santa Fe, donde hubo siete muertos civiles, sino que abrió la puerta a la investigación de las maniobras de ocultamiento policial a la represión de aquellos días. En este contexto, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini recurrió ahora a la Corte Suprema de Justicia provincial para que revise la medida por su "gravedad institucional".

El encargado de la acusación presentó un recurso para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia revise la causa. Allí cuestionó por "arbitraria" la reciente decisión de la Sala II de la Cámara Penal de desvincular a cinco policías que habían sido condenados en primera instancia a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica de documento público.

Los acusaban de alterar pruebas, falsear un acta y dispararle a un patrullero para endilgarle a Lepratti una falsa resistencia a la autoridad y así favorecer a su compañero Esteban Velázquez, quien mató de un disparo a Pocho. El efectivo cumple, ya en libertad condicional, una pena a 14 años de prisión.

Claudio Lepratti fue asesinado el 19 de diciembre de 2001, en medio de la represión a las revueltas que precipitaron la caída del entonces presidente Fernando De la Rúa. Era un militante cristiano de barrio Ludueña, tenía 38 años y trabajaba en la otra punta de la ciudad, en el comedor de la escuela José Serrano de barrio Las Flores.

Esa tarde estaba junto con otros compañeros de trabajo en el techo de la escuela observando lo que pasaba en el barrio cuando pasó un patrullero por una calle paralela a la Circunvalación, cerca del cruce con España. "Dejen de tirar hijos de puta, acá hay chicos", les gritó.

El disparo. El móvil policial se detuvo y bajaron dos policías que dispararon con balas de plomo hacia el techo de la escuela. Una bala alcanzó en la garganta a Lepratti, quien murió.

La investigación del encubrimiento policial se inició con el relato de una compañera de Lepratti. La mujer dijo que llevaban a Claudio en un auto al hospital Roque Sáenz Peña y, en el camino, se detuvieron frente a la subcomisaría 20ª, de San Martín y Pineda, a pedir que les despejaran el tránsito. En la puerta, contó, se encontró con el policía que había matado a Pocho y se lo recriminó. "Yo no lo maté nena, se lastimó con un vidrio", respondió el efectivo.

Ocho años después, el juez de Sentencia Julio García intervino en la causa y encontró pruebas para considerar que en la seccional se adulteraron el acta y el libro de guardia. Además, consideró que allí se efectuaron dos disparos al patrullero para justificar la reacción de Velázquez como un supuesto acto de legítima defensa.

Condenó al entonces jefe de la sub 20ª, comisario Roberto de la Torre; al ex titular del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Daniel Horacio Braza; al jefe del móvil en el que iba Velázquez, Rubén Darío Pérez (quien también disparó aunque no hirió a Lepratti); y al chofer de la unidad, Marcelo Fabián Arrúa. También fue sentenciado el oficial de guardia Carlos Alberto De Souza por insertar datos falsos en el libro de guardia.

El fallo fue apelado ante la Sala II y los jueces Ramón Ríos, Carina Lurati y Juvencio Mestres encontraron atendible el planteo de los defensores. "No está probado con certeza que los imputados dispararan ellos mismos al móvil para preconstituir un elemento de convicción", plantearon. Para los jueces, si bien los policías dijeron en el acta haber "escuchado detonaciones de arma de menor calibre" antes de accionar sus armas, eso no implica "fraguar el armado de una legítima defensa" ni que esos disparos fueran atribuidos a Lepratti. Los efectivos fueron absueltos.

Contra esa decisión ya se había pronunciado la Comisión Investigadora de los hechos de Diciembre de 2001. Sus integrantes remarcaron que la intención de atribuirle un ataque previo a Lepratti quedó demostrada con el sumario policial que se le inició después de muerto por resistencia a la autoridad y daño, causa que ingresó a un juzgado Correccional. La Comisión le señaló al gobernador Hermes Binner - cuyo tema de campaña fue El Angel de la Bicicleta, escrito por León Gieco en homenaje a Pocho- que con la "impunidad" se ven favorecidos el entonces gobernador Carlos Reutemann y sus funcionarios del área de seguridad.

Golpe al fallo. En el marco de la actuación judicial, el fallo fue impugnado ahora por Camporini. El fiscal elevó un recurso de inconstitucionalidad por la "arbitrariedad sorpresiva y manifiesta" del fallo y la "gravedad institucional" del asunto.

El planteo del acusador tiene dos aristas. Una cuestión de orden procesal y otra de interpretación de la prueba. En la primera objetó que la Cámara celebrara "el empeño de las defensas" en desmedro de "la escasa fuerza argumentativa" del dictamen fiscal. Para Camporini, el tribunal esperó un dictamen propio del sistema acusatorio (donde se refutan uno a uno los planteos de la defensa) cuando esta causa se tramitó bajo el sistema inquisitivo y escrito. Así, para el fiscal, la Cámara partió "de una premisa equivocada y arribó a conclusiones erróneas".

En cuanto a la prueba, Camporini remarcó que hubo una "clara y evidente intención en la inserción de datos falsos, tanto en el acta de procedimiento como en el libro memorándum" y además "se fraguó una agresión con armas sobre el móvil policial", cuando quedó demostrada la "inexistencia de agresión armada y total falta de agresión" por parte de Lepratti. Es más, en base a dichos del oficial De Souza, consideró acreditado que los jefes De la Torre y Braza ordenaron insertar el contenido del acta, mientras que el resto de los acusados "no podía ignorar su falsedad" ni el afán de "legalizar" un crimen.

La validez negada de una pericia de Gendarmería

El fiscal cuestionó la decisión de los camaristas de restarle valor a una pericia balística de Gendarmería Nacional. Ese estudio determinó que el patrullero había sido perforado con balas calibre 9 milímetros, como las de uso policial. El tribunal había dicho que existían dudas sobre la veracidad de ese dictamen, dado que otra pericia de la misma policía rosarina llegaba a una conclusión contraria. “Gendarmería es un órgano ajeno al hecho que se investiga; la propia policía (en cambio) ha intentado salvaguardar la imagen de la institución”, remarcó.

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