Lo consideran un hombre de "estrecha confianza" de Esteban Lindor Alvarado, preso desde febrero por ordenar el crimen a tiros de Lucio Maldonado y liderar una asociación ilícita. Era el casero de la quinta donde estuvo secuestrado el prestamistas antes de su asesinato y tenía un pedido de captura desde abril. El domingo a la tarde la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo capturó en una jineteada en Andino luego de que presentara un documento falso. Se llama Facundo A., le dicen "Lapo" y quedó preso a la espera de la audiencia imputativa donde se definirá qué rol le atribuyen en la ejecución a tiros cometida en noviembre pasado, además de su pertenencia a la banda.
La captura de un hombre considerado un cercano colaborador de Alvarado tuvo como marco un festival de jineteada que se desarrolló el domingo a la tarde en Andino, a 47 kilómetros al norte de Rosario. Según se informó en un parte policial, "Lapo" A. estaba prófugo y se movía con documentación falsa. De hecho cuando los efectivos de la TOE lo ubicaron a las 18.30 del domingo entregó un documento trucho.
Como los efectivos seguían sus pasos, quedó preso. Le secuestraron un vehículo, un trailer para trasladar animales, cuatro caballos, el DNI apócrifo, 200 dólares y las libretas sanitarias de los equinos.
"Es una persona de estrechísima relación con Alvarado. No da un paso sin consultarle", lo calificó uno de los investigadores. El detenido, de 28 años, era el casero de la quinta del paraje Los Muchachos, ubicado sobre la ruta A-012 y cercano a Piñero, donde según la pesquisa estuvo retenido Lucio Maldonado antes de ser asesinado. El prestamista de 37 años fue ultimado con tres balazos y arrojado la noche del lunes 12 de noviembre pasado a la vera de la autopista a Buenos Aires, frente a barrio Las Flores.
Esta semana se hará la audiencia imputativa en la cual los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra definirán qué rol le imputan a A. en el crimen, que podría ser el de autor o partícipe, de acuerdo con la evidencia reunida.
Espera en el campo
A Maldonado lo secuestraron cuatro hombres armados el domingo 11 de noviembre pasado frente a su casa de Garibaldi al 600. Lo metieron en una Renault Kangoo y lo llevaron hasta la quinta. Cuando se encontró el cuerpo tenía un tiro en la espalda y otro en la nuca. En en un bolsillo se encontró una nota que decía "con la mafia no se jode".
En el hecho también se usó una camioneta Amarok que se encontró a fines de junio en la localidad entrerriana de La Paz. Al requisar la casa quinta durante los primeros allanamientos llevados a cabo en la causa se encontró documentación a nombre de Alvarado. El hombre detenido el domingo era el casero de esa propiedad y se presume que es la persona que estaba esperando en el campo la llegada de los secuestradores de Maldonado.
Fuentes de la investigación desmintieron que en un allanamiento en la zona sur se haya secuestrado droga en poder de Lapo A., como había trascendido en los primeros momentos. Los fiscales tienen previsto además imputar a "Lapo" como un miembro de la asociación ilícita que se le atribuye haber liderado a Alvarado, detenido en febrero pasado en Córdoba como ideólogo del crimen de Maldonado y artífice de los últimos ataques a edificios del Poder Judicial. Hasta ese momento el hombre de de 42 años gozaba de libertad condicional tras cumplir parte de una condena a seis años y medio de prisión por comandar una banda dedicada al robo de autos en el conurbano bonaerense.
Según la acusación, para eludir su responsabilidad en el crimen del prestamista Alvarado intentó dirigir las sospechas hacia Los Monos. Para ello orquestó los últimos tres atentados a blancos del Poder Judicial (al Centro de Justicia Penal, los Tribunales de calle Balcarce y la casa de una funcionaria en Rioja al 500), infiltró a policías en la investigación e inventó pruebas.
Esta mecánica se detectó al desbloquear un celular iPhone 8 que arrojó a un lago al ser detenido y fue recuperado por un policía. También fue acusado junto a once civiles y cuatro policías de integrar una organización que cometía delitos contra las personas y la propiedad, dotada de una estructura para blindarse de impunidad. Un tercer estamento gestionaba nueve empresas comerciales a través de las cuales se disponían bienes muebles, inmuebles y servicios.