Barrio Parque: respaldo de la Corte a la jueza del caso

La jueza que investiga la serie de homicidios de ancianos en barrio Parque fue respaldada al frente de la causa por la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El máximo tribunal rechazó un planteo de dos abogados defensores que habían requerido su apartamiento.

La Sala II de la Cámara Penal resolvió en septiembre pasado que la jueza de Instrucción Nº5, María Luisa Pérez Vara, debía seguir al frente de la causa por dos homicidios de ancianas en barrio Parque y el crimen de un jubilado en Zavalla. En los tres casos fue procesado como autor el comerciante verdulero Martín Santoro. El procurador de la Corte Suprema, Agustín Bassó, también había recomendado el alejamiento de la jueza.

En un dictamen unánime, los integrantes de la Corte concluyeron que la ausencia de "adecuados fundamentos" para fundamentar la parcialidad de la magistrada. Señalaron que su apartamiento de la causa podría derivar en la nulidad de las actuaciones y tendría incidencia directa en la situación procesal de los imputados. Tal decisión podría implicar que Martín Santoro fuera excarcelado.

Los ministros de la Corte- Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler- sostuvieron que no se advierte un planteo que viole la garantía del proceso y que no puede concluirse que Pérez Vara no sea la jueza natural del caso como reclamaron los defensores Adrián Ruiz y José Ferrara. El juez natural es aquel que está designado con anterioridad al proceso que motiva el trámite judicial y basado en normas legales

Los integrantes de la Corte remarcaron que "no cualquier temor o sospecha de parcialidad puede fundamentar un apartamiento de un juez natural". Y recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación alude a un "fundado temor o a una "duda razonable" para valorar el apartamiento de un magistrado. Para los jueces supremos no los hubo.

Historia. Los abogados Ruiz y Ferrara, defensores de José Marotto y Matías Massoni -imputados de encubrimiento-, habían recusado, en julio del año pasado, a la jueza Pérez Vara argumentando que durante el proceso penal "se había violado o vulnerado el principio constitucional de igualdad ante la ley" en referencia a la negativa de otorgar a sus representados el beneficio de la liberación de prisión que sí se les dio a otros implicados en la causa. Y dijeron que esa medida "provocó un fuerte rechazo en la opinión pública y sobre todo fue altamente cuestionada por los familiares y vecinos de las víctimas".

Los abogados refirieron a la existencia de "un misterioso trato entre el secretario del juzgado y los defensores de Santoro, por lo que el funcionario judicial se convirtió en una suerte de vocero del letrado". Ruiz y Ferrara también se quejaron por falta de independencia de la jueza Pérez Vara. Le atribuyeron a la magistrada haber dicho en referencia al abogado Raúl Superti, hermano del ministro de Justicia Héctor Superti y defensor de Martín Santoro, que "no sé más que darle (a Superti) porque a pesar de todo lo que le doy igualmente se queja y me amenaza con denunciarme o recusarme".

La jueza no aceptó ser separada y el caso fue girado a la Sala Nº2 de la Cámara Penal. Los jueces de este tribunal rechazaron el pedido de recusación, pero admitieron el recurso de inconstitucionalidad de los letrados para que la discusión continuara en la Corte. En ese momento, según fuentes judiciales, la intención de los camaristas fue otorgarle transparencia al trámite y que el tema fuera revisado por sus superiores, aunque los camaristas Ramón Ríos, Adolfo Prunotto Laborde y Juvencio Mestres habían dicho que el pedido de apartar a la jueza carecía de sustento.

En el escrito, los abogados objetaron que mientras se discutía la recusación de Pérez Vara en la Cámara no se realizó una audiencia pública en la que tenían previsto presentar una serie de pruebas. Entre ellas, "pruebas de reuniones privadas que mantenía el juzgado con la defensa de Santoro" y una copia de la denuncia que había presentado el fiscal Esteban Franichevich sobre un presunto pedido de dinero por parte de un funcionario del juzgado al padre de un detenido, a cambio de dejarlo en libertad.

Otro pedido. El apartamiento de la magistrada también había sido requerido por el querellante que representa a familiares de Susana García de Giménez, asesinada en su vivienda de Riobamba 3036 el 27 de mayo pasado. El querellante Luciano Botello planteó entonces que la existencia de dos denuncias contra el juzgado conspiraba "contra la averiguación de la verdad real y la transparencia".

Se refería a la denuncia por supuesta corrupción radicada por Franichevich y a otra por arbitrariedad y desigualdad que habían radicado Ruiz y Ferrara al denegarse la excarcelación a sus clientes. Pleito pero que se volvió abstracto cuando ambos obtuvieron la libertad.

A su vez, en el marco de la causa, el fiscal Franichevic denunció penalmente que en el juzgado de Instrucción Nº5, que tramita el caso, se omitieron del expediente dos escritos en los que él se había manifestado a favor de la libertad de Marotto y Massoni. La causa penal quedó en el juzgado de Instrucción Nº13 e interviene la fiscal Ana Rabín.

Más arriba

Tras conocerse el dictamen de la Corte provincial, los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara señalaron que evalúan la posibilidad de presentar al máximo tribunal de la Nación un recurso extraordinario para que el dictamen sea revisado. “No lo tenemos definido. Debemos consultarlo con nuestros clientes”, comentó Ruiz.