Dos de las personas que están detenidas en el marco de la causa genéricamente
denominada como de los homicidios de Barrio Parque elevaron una fuerte queja contra el tribunal que
maneja la causa. El reproche se hizo ante la Corte Suprema de Santa Fe. Y no es liviano: cuestiona
la transparencia en la administración de justicia en este caso y plantea que frente a una
imputación igual hay medidas desiguales según quien sea el imputado. El eje de la objeción es que
mientras dos de los hermanos verduleros implicados fueron favorecidos con prisión domiciliaria
otros que reclaman un semejante pedido de liberación no tienen respuesta alguna.
El reclamo habla de intolerable desigualdad ante la ley y arbitrariedad en la
conducta del juzgado de Instrucción Nº 5. Y señala un "misterioso trato" de parte de funcionarios
de este tribunal hacia los defensores de los hermanos Santoro.
La presentación la hicieron con asesoramiento legal los familiares de José M. y
Matías M. Estos dos últimos están detenidos e implicados en la secuencia de homicidios a partir del
señalamiento efectuado por Martín Santoro, el mayor de los hermanos verduleros de barrio Parque,
que los acusó de integrar un grupo dedicado al robo del que él formaba parte. Una acusación que la
defensa rechaza con énfasis.
La presentación elevada ante la Corte Suprema señala varias cosas que resultan
curiosas a criterio de quienes las postulan. La primera es la llegada de la causa a manos del
juzgado de Instrucción Nº 5 que es el tribunal al que se dirige el reproche. Según el texto el caso
llega "luego de que uno de los hermanos imputados hace una confesión parcial y sugestiva volcando
la competencia" hacia ese despacho, que está a cargo de la jueza María Luisa Pérez Vara, con el
manejo de la secretaría de Oscar Trueno.
Marcados. Lo que se reseña como "sugestiva declaración" es la que hizo Martín
Santoro, el mayor de los hermanos, a quien le decomisaron objetos pertenecientes a cuatro personas
asesinadas en los últimos cuatro meses. José M, Matías M. y Claudio C. fueron detenidos tras el
señalamiento de Martín Santoro quien los implicó en el robo a la fábrica Gafa.
Desde el entorno de Matías M. y José M. reconocen que existió una situación que
no es de robo sino de eventual defraudación. Consistía en adquirir artículos de valor bajo en la
firma Gafa y llevarse otros de mayor cuantía a través del contacto con empleados infieles. Ejemplo:
les marcaban el código de un horno a microondas y llevaban una heladera. Esos traslados, según
dijeron, se hacían en un flete que manejaba Martín Santoro.
Lo que ocurrió es que por esos hechos por los que a lo sumo podrían atribuirles
el delito de estafa —señala la presentación ante la Corte Suprema— José M., Matías M. y
Claudio C. terminaron acusados de homicidio criminis causa al igual que los hermanos Santoro.
La presentación hace señalamientos serios, que atribuyen una situación de
favoritismo dentro del juzgado hacia determinados defensores, que derivan en lo denunciado: la
petición a favor de los hermanos Federico y Cristian Santoro fue atendida —recibieron una
morigeración de prisión con reclusión domiciliaria— mientras que la realizada por José M. y
Matías M. persiste sin respuesta pese a encontrarse ellos en una situación procesal menos
complicada que aquellos.
Además destacan en el escrito que Claudio C. —que está en una igual
imputación que José M. y Matías— también recibe el beneficio de una excarcelación. Y lo mismo
ocurre según el texto con los hermanos Santoro. Según la familia de José M. y Matías M. la razón de
que con unos haya sido concedido el beneficio y con otros no dependió "de una orden de prelación al
azar" de acuerdo a lo explicado en el juzgado.
El reclamo habla de intolerable desigualdad ante la ley y arbitrariedad en la
conducta del juzgado de Instrucción Nº 5. La familia de estos dos detenidos en este caso no dudan
en señalar que ellos están en esa condición al solo efecto de una estrategia defensiva que
consistió "en embarrar la cancha" para lograr una ventaja. Por eso piden al máximo tribunal de la
provincia una investigación hacia funcionarios del juzgado.
Encerrados
A partir de la detención de los hermanos Santoro el 5 de junio pasado hubo otras
cinco detenciones. Hoy permanecen privadas de libertad cuatro personas: Martín Santoro; Alicia P.,
vecina de Riobamba al 3200, por unos cruces de llamados entre su casa y la de una víctima y los
denunciantes del juzgado, Matías M. y José M.
