Balean a una mujer de la comunidad gitana en la puerta de su vivienda

Una hija de Gustavo "Masacote" Miguel, un miembro de la comunidad gitana acusado de una serie de falsos secuestros que murió el mismo día en que iba a recuperar la libertad, fue baleada por dos motociclistas cuando estaba en la puerta de su casa de la zona sur de la ciudad. La mujer, de 30 años, fue internada en un sanatorio privado donde fuentes allegadas al caso indicaron ayer que evolucionaba favorablemente.

En la escena del hecho, ocurrido la tarde del domingo, los peritos de la Policía Científica recogieron alrededor de diez vainas servidas calibre nueve milímetros. Sin embargo, al cierre de esta edición los investigadores a las órdenes del fiscal de Flagrancia Patricio Serjal no habían podido determinar la motivación del ataque. En ese marco, un allegado al caso indicó que los agresores buscaban a un miembro de esa colectividad por un conflicto del que no brindó precisiones.

En ese contexto, el fiscal dispuso que el domicilio de la víctima sea vigilado por efectivos de la comisaría 21ª en cuya jurisdicción ocurrió.

En la puerta. Alrededor de las 19.30 del domingo María Celeste Miguel se encontraba en la puerta de su vivienda de Lamadrid al 2200 cuando una moto frenó bruscamente frente a la casa y uno de los ocupantes del rodado abrió fuego. Uno de los balazos atravesó un brazo de la mujer, el proyectil continuó su recorrido por la espalda y quedó alojado en el omóplato.

"En el hospital la operaron para extraerle la bala, pero su estado no reviste gravedad", explicó a este diario Marcelo Piercecchi, el abogado de la familia.

Piercecchi indicó que el viernes pasado fue tiroteada la esquina de Lamadrid y Alvear, a escasos metros de la casa de la mujer atacada, en un hecho que es investigado por el fiscal Lucas Altare.

Extorsiones. Varios miembros de la familia Miguel fueron condenados por integrar una banda dedicada a extorsionar por teléfono a personas de quienes obtenían dinero y bienes mediante la simulación del secuestro de un familiar, modalidad conocida como "falsos secuestros" o "secuestros virtuales". Sin embargo, según su abogado, María Celeste nunca estuvo involucrada en esa causa.

El padre de la familia, Gustavo "Masacote" Miguel estuvo detenido once meses hasta la madrugada del pasado viernes 27 de mayo cuando murió de un paro cardiorrespiratorio en la Unidad Nº 3 de Rosario. Esa mañana iban a llevarlo a Tribunales para dar su conformidad, junto a sus tres hijos, a una pena de tres años de prisión efectiva que le permitiría recuperar la libertad. Tenía 51 años.

Finalmente, el 3 de junio pasado tres de los hijos de Masacote también detenidos por falsos secuestros aceptaron una pena de tres años de prisión condicional en un procedimiento abreviado acordado por el fiscal de Investigación y Juicio Nicolás Foppiani y el defensor Piercecchi.

A raíz de la medida, que se firmó en un inusual marco de reserva dada la alta sensibilidad —con rumores de amenaza— reinante por la muerte de Miguel, los tres acusados fueron liberados luego de aceptar ser miembros de una asociación ilícita.

Acuerdos. Los hijos de Masacote estaban de acuerdo en cerrar el abreviado si es que su padre recuperaba la libertad, algo que igualmente le hubiera correspondido por el tiempo que llevaba en prisión preventiva. Es que Miguel padecía varias afecciones de salud por la que cuatro veces había solicitado prisión domiciliaria, pero todos los pedidos fueron denegados en virtud de informes médicos que indicaban que podía continuar con su tratamiento en prisión.

Con su muerte la situación cambió y también los términos del procedimiento abreviado, que de prever prisión efectiva pasó a imponer penas en suspenso a los tres hermanos. Aunque no se explicitó en el acuerdo, todo indica que el cambio se fundó en razones "humanitarias" y la consideración de que los hijos sufrieron una suerte de "pena natural" con la muerte del padre mientras era sometido a proceso.

Los acuerdos para los hermanos, además de las penas condicionales a tres años, incluyen las reglas de conducta de rutina, como fijar domicilios y "abstenerse de acercarse o tomar contacto de cualquier tipo con las víctimas". Sin embargo, las condenas no cierran todas las causas contra ellos ya que los hermanos aceptaron integrar una asociación ilícita pero siguen abiertos otros legajos por el delito de extorsiones reiteradas. Les imputan entre cuatro y nueve hechos a cada uno, en los que aún se deben probarse roles concretos.