"El balance es satisfactorio. Se están alcanzando objetivos iniciales en forma progresiva, lo que significa la consolidación del nuevo modelo. Este modelo apunta a una resolución rápida de los casos que redunde en garantías para los imputados y eficiencia para la víctima, lo cual implica beneficios para la sociedad".
Así resumió el fiscal regional de Rosario Jorge Baclini el funcionamiento del nuevo sistema penal santafesino que el pasado 10 de febrero cumplió dos años. Un sistema que, según su mirada, se va aceitando con el paso del tiempo y ofrece avances aun en aquellos aspectos en los que ve cosas por mejorar. Y para el cual aspira que se sumen recursos humanos y se activen herramientas como la Policía Judicial, que permitan dar respuesta a todos los problemas que plantea la tarea cotidiana de perseguir el delito en esta zona del sur santafesino.
Números. Baclini indicó que el segundo año de vigencia del nuevo sistema penal en la provincia ofreció, en comparación con el primero, entre un 20 por ciento y un 25 por ciento más de resolución de casos. El fiscal regional lo relacionó con la incorporación de recursos humanos entre fines de 2014 y principios de 2015, cuando se duplicó la planta inicial de fiscales y empleados y eso redundó en una mejora general del sistema. No obstante, la falta de personal sigue siendo uno de los problemas a resolver.
Al respecto, Baclini sostuvo que de los 37 fiscales iniciales hoy se cuenta con 65, a los que suman cinco del viejo sistema penal que días atrás fueron traspasados al nuevo y se concursan once cargos más. Asimismo, de los once empleados con los que comenzó a funcionar el nuevo sistema, por estos días hay 105.
"El viejo sistema penal tenía 190 empleados para hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo con la mitad. Está claro que se debe duplicar la planta de empleados y por lo menos incrementar en un tercio la dotación de fiscales", calculó.
No obstante, el fiscal regional remarcó que los resultados que está logrando el Ministerio Público de la Acusación superan a los del sistema anterior. "Tenemos la misma cantidad de condenados, por ejemplo. Pero además se resolvieron muchos casos por otros medios: 800 con procedimientos abreviados, 250 terminaron con probation, 900 se trataron en mediación y cerca de 400 se solucionaron con métodos de conciliación", describió.
Prácticas. "El sistema generó prácticas nuevas que se van aceitando aunque todavía faltan cosas por mejorar. Eso se ve en las audiencias, que mejoraron en cuanto a su calidad, los tiempos, argumentos, las preparaciones. La práctica del nuevo sistema se va aceitando a través del tiempo y hay mayor celeridad".
Uno de los aspectos del nuevo sistema que generó cierta controversia tiene que ver con la resolución de los casos mediante procesos abreviados basados en un acuerdo entre fiscales y defensores acerca de la calificación del delito cometido y la pena que merece. "Son acuerdos de parte pero sometidos a un control judicial en audiencia oral y pública. Hasta ahora el control de la legalidad que ejercen los jueces admitió la mayoría de esos procedimientos", aclaró Baclini, y agregó: "Hay una idea que circula en la sociedad que indica que todos los delitos merecen una pena máxima pero en rigor el juicio oral y público es un derecho del imputado. Y a veces se entiende que si el caso está resuelto no se necesita ir a un juicio oral si la pena es adecuada".
Baclini admitió como importante que los hechos de gran impacto público se ventilen en juicios orales e indicó que la mayoría de los que van a juicio oral son por homicidio o delitos sexuales. No obstante, la cantidad de casos resueltos por esa vía todavía distan de lo esperado. "Teníamos previsto que el año pasado se iban a realizar unos 70 juicios orales y sólo hubo 25. La tanda de 45 que quedaron pendientes no se pudo desarrollar por distintas cuestiones. Una podría ser la carencia de jueces, ya que a medida que crece la actividad del Ministerio Público de la Acusación debe aumentar la cantidad de jueces. La fiscalía es el motor del sistema y cuanto más casos hay tiene que haber más audiencias y para eso se requieren más jueces, entre otras cosas". Ese crecimiento lógico del sistema puede leerse en el incremento de audiencias públicas en un año: así como en 2014 hubo 4.500 en la región, durante 2015 la cifra orilló las 6.200, un 25 por ciento más.
Temas. Otro aspecto importante refiere al esclarecimiento de los casos, sobre todo los de homicidio (ver aparte). Se considera esclarecido un hecho cuando hay un imputado identificado y con elementos para someterlo a una audiencia para llevarlo a juicio. En este marco, sostuvo Baclini, en 2015 se esclareció el 52 por ciento de los casos y "hay un 25 por ciento más con posibilidades de esclarecimiento. Es que los crímenes de los últimos meses del año no siempre arrojan novedades enseguida, por eso hacemos el análisis en junio del año siguiente, para ver qué progresos hubo. Esperamos que muchos ocurridos en 2015 se esclarezcan en el primer semestre de este año".
En ese marco, el fiscal regional calificó como importante el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), abocada en exclusividad a las investigaciones de las fiscalías, aunque la cantidad de personal asignado todavía no es suficiente. "Tenemos 40 investigadores y por lo menos hay que duplicar esa cantidad", dijo sobre los policías que hacen el trabajo de calle en la investigación de entraderas, robos a bancos y homicidios. En ese aspecto, Baclini abogó por la puesta en funciones de la Policía Judicial, ya creada por ley y que a diferencia de la PDI, que depende del Poder Ejecutivo, su personal sería parte del organigrama del Ministerio Público de la Acusación.
"Estamos generando especializaciones y capacitaciones temáticas", sostuvo Baclini al resaltar la labor de los fiscales que se abocan a trabajar en temas puntuales y relacionar las investigaciones sobre delitos similares como por ejemplo el de los falsos secuestros telefónicos.
"Dio resultados. Es claro el ejemplo de los secuestros virtuales, que fue una tarea de investigación paulatina que evolucionó hasta desbaratar bandas y prácticamente hoy los casos son más aislados. Y esto fue así porque los fiscales trabajaron los casos en forma interrelacionada", sostuvo el fiscal, para agregar también hay muchos detenidos que integran grupos dedicados a entraderas y robos a bancos, pero son más los delincuentes que se dedican a esas modalidades de robo.
La ley de protección de testigos,una necesidad
Cuando se habla de esclarecimiento de homicidios el análisis no sólo pasa por la cantidad de crímenes en los que se logra dar con sospechosos sino también por las características de los hechos, ya que hay casos que suelen ser más difíciles para investigar como aquellos de tinte mafioso o vinculados con bandas que disputan territorios.
"En hechos relacionados con otros delitos previos se complica encontrar testigos que hablen, porque suelen entender que los hechos se definen entre sí. Puede ser un caso en el que dos personas armadas y con casco van en una moto y acribillan a alguien. Tal vez no hay cámaras de vigilancia, los vecinos prefieran no meterse y los allegados no dan información porque pretenden resolver lo sucedido con una venganza posterior", sostuvo Baclini, y añadió: "Para revertir estas situaciones hay que afianzar la ley de protección de testigos, que es una materia pendiente. La ley está sancionada y hay que reglamentarla. Para nosotros es importante que los testigos perciban que el Estado los pueda proteger en estas circunstancias. Esto solucionaría muchos homicidios y también otros delitos".