El presunto autor del ataque a balazos contra los Tribunales Federales de Oroño al 800, detenido este miércoles, será indagado en las próximas horas por el juez Marcelo Bailaque. El vicepresidente de la Cámara Federal en lo Penal de Rosario, Aníbal Pineda, dijo que la investigación apunta a bandas de narcotraficantes cuyos líderes “operan desde las cárceles”. Y en ese sentido, se mostró a favor de avanzar en imponer mayor restricciones a reclusos de alto perfil.

Guillermo Sebastián C., de 34 años, fue detenido este miércoles por efectivos de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal en la casa donde al parecer estaba viviendo desde hace un tiempo, en San Lorenzo al 2200.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pineda señaló que el arresto del sospechoso se pudo concretar gracias al aporte que hicieron las cámaras de videovigilancia que hay en la zona de Oroño y Rioja “y luego con el seguimiento que hizo mediante las cámaras que hay en los edificios”.

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“Así se pudo ver cómo, tras efectuar los disparos, este hombre salió caminando y llegó hasta la zona donde fue detenido, que es donde moraba esa persona. Sin dudas esto representa un avance en la investigación para tratar de establecer no sólo quién disparó sino también quién está detrás de la orden”, subrayó Pineda.

El vicepresidente de la Cámara Federal admitió que “hay una línea de investigación” para detectar a los instigadores de aquel ataque ocurrido el 28 de septiembre pasado. “Hay algunas pruebas que indicarían que (el hombre detenido ayer) no actuó solo. Por lo menos recibió una orden de alguna banda criminal. Desgraciadamente, coincidimos en el mismo lugar de siempre, que operarían desde las cárceles”.

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Pineda se mostró a favor de implementar fuertes restricciones sobre el régimen carcelario de presos peligrosos o de alto perfil como forma de desalentar la planificación de delitos desde el interior del sistema penitenciario.

“Hay que avanzar en las restricciones. Hay que tomar la decisión y pagar los costos. Todo este tipo de restricciones contra el crimen organizado tiene un costo inmediato de rebelión y resistencia en el Servicio Penitenciario, porque estas situaciones existen porque hay corrupción y flujo de dinero”.

“Cuando uno corta ese flujo de corrupción, sin dudas la primera reacción desde el Servicio Penitenciario, la policía, la política o de la Justicia es intentar neutraliza eso. Entonces se requiere una decisión política y una fortaleza para avanzar e imponer un inhibidor de señales o terminar con las visitas a algunos presos en particular”, agregó.