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"Bajar la edad de imputabilidad es tomar partido por lo que existe hoy"

Pasó como casi siempre: un hecho coyuntural trágico, como el crimen de Daniel Capristo en Valentín Alsina, puso en apurada revisión todo un sistema normativo, en este caso el tratamiento judicial a adolescentes que delinquen. El diputado nacional Emilio García Méndez es un académico especializado en derecho de menores...

Lunes 27 de Abril de 2009

Pasó como casi siempre: un hecho coyuntural trágico, como el crimen de Daniel Capristo en Valentín Alsina, puso en apurada revisión todo un sistema normativo, en este caso el tratamiento judicial a adolescentes que delinquen. El diputado nacional Emilio García Méndez es un académico especializado en derecho de menores, impulsor inicial de un proyecto de un régimen de responsabilidad penal que no sólo fije sanciones a los chicos por debajo de 16 años que delinquen sino que también les asegure un debido proceso, vale decir, un juicio justo: esto es que tengan derecho a un defensor y a conocer los plazos de su detención.

García Méndez aclara que el nuevo régimen penal que se discute en el Congreso no tiene nada que ver con rebaja de la edad de imputabilidad. Y que centrar el debate en esto último tiene como resultado "tomar partido por lo que ya existe hoy".

—¿Qué hay que hacer con chicos menores de 16 años que cometen un delito grave?

—No tengo ninguna duda al respecto: hay que someterlos a un debido proceso a partir de los 14 años. Eso no descarta aplicarles una sanción con privación de la libertad en los casos graves. Soy redactor de un proyecto de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y 18 años que establece penas privativas de libertad pero sólo ante delitos graves. Pero éstos no quedan librado a la discrecionalidad del juez, como hoy, sino que están taxativamente considerados. Prevén una pena máxima de 5 años para la franja de 16-17 años y una pena privativa de libertad máxima de tres años para la de 14-15. Para el resto de los delitos que no son graves, que representan el 85 por ciento, preveo como pena privilegiada la prestación de servicios a la comunidad. El fundamento de una pena a un menor de edad es reconectarlo con su responsabilidad. Y esto puede ser eficaz.

—¿Por qué se habla de régimen penal juvenil como el que discute el Congreso y de rebaja de la edad de imputabilidad como si fueran la misma cosa?

—Se pretende confundir a la opinión pública diciendo que son dos cosas similares. Para reducir la edad de imputabilidad bastaría una reforma legal con un solo artículo que diga: bajamos la edad, por ejemplo, a 14 o 12 años. Esto supone tratar penalmente a los menores de edad como si fueran mayores, con las mismas penas y el mismo proceso que a los adultos. Los que proponen bajar la imputabilidad lo que hacen es tomar partido por lo que existe hoy. Un régimen penal juvenil los hace susceptibles de una sanción pero, a diferencia de ahora, con un debido proceso.

—¿Por dónde pasa la diferencia con el cuestionado sistema actual?

— Al revés de lo que se piensa, hoy los menores de 16 años son totalmente punibles y sin garantías. En Argentina hay por lo menos 600 menores de 16 años sin debido proceso. Tenemos un régimen de la minoridad, decretado en 1980, que establece dos categorías. La franja entre mayores de 16 y menores de 18 son relativamente imputables. Cuando un chico de esta franja comete un delito se ordena un tratamiento tutelar cuyo contenido es misterioso. Si son de clase media o alta, en general la tutela da resultado antes de comenzar y se lo entregan a sus padres. Si son pobres nunca da resultado y el tratamiento consiste en privarlos de libertad y a los 18 juzgarlos como adultos por los delitos que cometieron como menores. En base a ese sistema tan brutal se han dictado en la Argentina 13 sentencias a cadena perpetua a menores.

—¿Qué ocurre con los que son menores de 16 años?

—Los menores de 16 años son absolutamente inimputables por ley. Pero en Argentina con los menores de 16 años se abre este circuito: los acusan policialmente, comprueban que tienen menos de 16, les cierran el expediente penal, les abren un expediente tutelar por sus condiciones de vida y los privan de libertad para protegerlos. Con esto los mantienen encerrados. Esto es lo que han convalidado ministros de la Corte Suprema como (Eugenio) Zaffaroni y (Carmen) Argibay en un fallo en el que rechazaron la liberación de menores de 16 años inimputables en diciembre de 2008.

—¿Es significativa la cantidad de menores que cometen delitos graves? ¿Se corresponden con la alarma social que provocan?

—Argentina tiene una fragilidad vergonzosa en su sistema estadístico. Sobre menores privados de libertad no se pueden utilizar responsablemente las estadísticas policiales. Hay que usar las estadísticas judiciales. Estas dicen que en Argentina los menores de 18 años son responsables por no más del 8 por ciento del total de delitos. Es casi una tendencia mundial.

Sin embargo en Argentina tenemos 1.700 menores de edad detenidos sin debido proceso. La mitad por ser menores de 16 y los otros por estar en tratamiento. Si a todos les concediéramos un proceso legal, que es lo que pide la Constitución, el 70 por ciento saldría en libertad. Entonces la verdadera tendencia represiva de hoy no está en bajar la imputabilidad ni aumentar las penas, sino en disminuir las garantías. El verdadero proyecto de los represores lúcidos consiste en barnizar el sistema que tenemos, pero dejar su esencia intacta. Seguir utilizando la privación de libertad no como respuesta seria a los delitos graves cometidos por menores de edad, sino como una forma reforzada de política social para los adolescentes pobres.

—¿Qué viabilidad legislativa le ve al proyecto de responsabilidad penal juvenil?

—Si se lo mide en relación al consenso que hay en el Congreso, que orilla el 90 por ciento, se tendría que aprobar esta semana. Proyectos que propongan la rebaja de edad de imputabilidad no hay. Lo que nos falta es una posición clara del Poder Ejecutivo. De eso, o de que no haya un veto presidencial, depende todo. Este debate no se reabrió porque hubo un delito grave sino porque el gobierno, en base al impacto del hecho, ordenó discutir el tema. Ni una coyuntura electoral ni un contexto de alarma social suponen un momento oportuno para hacerlo. Pero el desafío que tenemos es hacer la mejor ley, aunque sea en el peor momento.

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