Opinión

Avalancha de violencia y dificultades de investigación

La cantidad de incidentes con armas de fuego en Rosario tropieza con la capacidad limitada de los recursos humanos para aclararlos, pero también con ciertas rutinas de organización en el sistema penal

Jueves 25 de Febrero de 2021

Casos impresionantes como el del cementerio de Villa Gobernador Gálvez, cuando un hombre que está en el entierro de su hermano asesinado tres días antes es ultimado a tiros en un caso de tinte mafioso, son lo que prevalecen con toda lógica en la agenda pública. Pero solo con tomar algunos pocos casos al azar de los días recientes se notan hechos graves, que también pueden derivar en muertes, que no llegan a los medios. Un resumen arbitrario de algunos en los seis días previos:

* 17/2: Felipe Moré 3800. Dos hombres desde una Honda Tornado roja hieren a Miguel A., 52 años, en glúteo con orificio de entrada y salida.

* 17/2: La casa de L. G. recibe en Jujuy entre Suipacha y Francia recibe tres balazos a la 1 de la mañana. Uno impacta en la heladera y los otros en la pared sin que haya heridos.

* 18/2: Acribillan el frente de una casa en Alsina al 5200 a las 2.30 de la mañana con tres disparos.

* 18/2: En Dr Riva y Necochea son tiroteados desde un Fiat Siena blanco J.B., de 20 años, herido en el abdomen, y F.B de 29., en las piernas. Se recogieron 11 vainas servidas. Fue a las 22.35.

* 18/2: Los policías L.S y E.S detienen en Granadero Baigorria para identificar a un hombre de 25 años en una moto. Según el acta este hombre se exalta y dice "no saben con quien se metieron". El chequeo hace constar que no tiene antecedentes, le retienen la moto y le permiten retirarse. Inmediatamente desde atrás los dos policías son blanco de disparos de armas de fuego que no los alcanzan.

* 19/2: A las 7.15 ingresa la paciente Y.Q. de 22 años al Sáenz Peña con herida de bala en la zona abdominal por la que fue operada. El ataque fue en Edison al 300.

* 19/2: Le disparan a A.L. en Espinillo y Sanguinetti, zona oeste, que resulta con heridas que obligan a hospitalizarlo.

* 20/2: M.G, de 19 años, es abordado por dos personas en una moto que intentan robarle en Padre Giaccone y Paraguay. Intenta resistirse y le pegan un disparo en cada pierna. En la misma cuadra la policía hizo constar que habían baleado tres autos.

* 20/2: Diez balazos frente a una casa en Cochabamba y Esmeralda a la 1 de la mañana con una persona herida en cirugía en el Hospital Provincial.

* 21/2: A un chico de 14 años, B.G., le disparan un tiro en el muslo izquierdo desde un Corsa de dos puertas. Estaba en Chacabuco e Ituzaingó con dos amigos que lo llevan al Heca.

* 21/2/2021: Le pegan un tiro en la pierna derecha a K.U., de 19 años, en la zona de Esmeralda y Pasco.

Ninguno de estos casos aparece en los medios porque terminan desalojados por otros de mayor resonancia o de efectos letales. Se entiende si se repara en que en el último turno de Homicidios un solo fiscal, Gastón Avila, tuvo ocho crímenes: dos el jueves pasado, uno por día desde el viernes hasta el lunes y dos anoche. Pero a veces la diferencia entre un homicidio y un herido es una bala a un centímetro menos o más cerca de un órgano vital. El azar no solo define quién vive y quién no, también qué historia es o no visible en la prensa.

>>Leer más: Lo mataron a balazos cuando asistía al sepelio de su hermano asesinado

Lejos de cualquier irresponsabilidad que partidice estas cifras es constatable que Rosario sufre este tipo de eventos recurrentes con armas de fuego hace mucho. Con esa salvedad lo que se nota es que este tipo de violencia con armas de fuego está afianzada. Y que la reiteración de sucesos es una gran dificultad para su detección temprana y esclarecimiento.

"Hay un empleado desgrabando escuchas de una balacera importante y ocurren cinco", indica un funcionario de la Fiscalía Regional. No alcanzan los recursos humanos pero tampoco la capacidad temporal para atajar el vértigo de los hechos.

Frente a cada incidente reportado se abre un legajo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). De todos los hechos registrados, mayormente heridos de bala y balaceras contra casas, hay comunes denominadores: las víctimas no saben ni aportan datos así conozcan los conflictos de los que vienen los hechos, lo que a veces es comprensible porque implica cuidar el pellejo. Otras veces, muchas, es porque el atacado puede estar implicado en un hecho previo similar, como muestran las llamadas incidencias priorizadas, que son los reportes que salen de la base de datos de la Subsecretaría de Prevención y Control Urbano de la provincia.

Ante cada caso se piden rondas de vigilancia que obviamente no dan abasto frente a la catarata de eventos. Debería ser una cuestión de organización de recursos pero la información no siempre se logra. Por ejemplo las vainas recolectadas en la escena del hecho, aunque se manden a gabinete balístico, no terminan analizándose, a excepción de los casos de homicidio. Según el MPA no es falta de voluntad sino de escasez de peritos frente a un aluvión de trabajo.

Desde fines de septiembre pasado las vainas levantadas de balaceras se remiten al Sistema Nacional de Identificación Balística (Saib) por impulso del Ministerio de Seguridad, pero aún no llegan resultados al MPA para que se cotejen las balas de un hecho con otros hechos de manera de vincular los casos si hay coincidencia en el arma usada. En algún momento estarán disponibles pero hasta el presente, dicen los fiscales, supone casi trabajar a ciegas. Existe en la provincia el Registro de Identificación Balística (RIB) con el objeto de identificar y registrar toda arma de fuego y su correspondiente munición en relación a la dinámica, marcas y características que el disparo produce en la munición que emplea.

Son indudables pasos adelante que deben conciliarse con los recursos humanos capaces de sacar provecho de la información criminal. “Así como hay un enorme plantel del 911 que se dedica a registrar los hechos también se necesitaría un ejército para analizar los contenidos de la enorme cantidad de celulares de los detenidos con arma de fuego", dice Pablo Socca, fiscal que investiga balaceras. "Como no es posible se escoge en general de aquellos que tienen puntas para avanzar hacia aclararlos".

Y en estos casos la selectividad de causas se torna difícil. Priorizar una balacera sobre otra, que es lo que de hecho se hace a la fuerza, dificulta una prevención adecuada sobre la que fue descartada. Algo que igualmente se torna muy complejo ante la avalancha de hechos.

Y esto por varios motivos. Una de ellas es que los legajos donde hay detenidos muestra una renovación constante de un perfil de agresor amateur e inesperado detrás de las balaceras. Es abrumadora la cantidad de personas inexpertas que cometen delitos violentos. El otro problema es una paradoja de difícil resolución: la amenaza más fuerte que tiene el sistema penal hacia los que abren fuego es la cárcel, pero la cárcel no frena la violencia. “De 30 hechos de balaceras sin autor identificado hay indicios de que 25 se ordenan desde la cárcel”, dice un empleado de la Fiscalía NN. Los líderes criminales no solo multiplican los hechos cuando están detrás las rejas sino que disponen de una cantera inagotable de tiradores. El paradigma punitivo está en una encerrona. No es que no tiene que haber castigo, pero el mayor castigo, el encierro, es ineficaz para pacificar la calle.

>>Leer más: La mitad de los baleados en Rosario, atacados a menos de 500 metros de sus casas

El año pasado terminó con 871 heridos de balas en Rosario, casi cinco casos por cada homicidio. El 90 por ciento del total de baleados en la provincia se dan en las ciudades de Rosario y Santa Fe. El parque de armas ilegales de uso civil, pese al récord de armas incautadas el año pasado, sigue siendo muy robusto.

El gran reto del MPA es asignar las prioridades con criterio. Hoy los delitos cometidos con armas de fuego (balaceras, abusos de armas, homicidios) vuelcan las percepciones sociales sobre la vida cotidiana y definen en Rosario el humor social. La carga de trabajo y compromiso demanda ser continuamente revisada. Hay tres fiscales investigando balaceras, recién desde hace seis meses, con un empleado cada uno. Y en un solo caso hay una brigada de seis policías asignada específicamente a estos hechos.

“El mismo reclamo se da sobre los delitos de violencia de género o para los delitos sexuales que no se pueden desatender. La distribución de los pocos recursos es difícil de valorar”, indica una alta fuente del MPA. Algo que se rediscute en la Fiscalía Regional es la cuestión de las prioridades. Las rutinas de trabajo están reguladas por la necesaria protección a los derechos laborales. Pero en en el escenario de una ciudad dislocada por una violencia febril hay un MPA semivacío a partir de las 14 horas.

“Eso es verdad”, dice el funcionario consultado. “No hay regulación de cantidad de hora de trabajo de los fiscales muchos de los cuales trabajan con enorme aplicación y cuando se van a sus casas siguen preparando audiencias. Hay fiscales que quieren irse de jueces porque ese trabajo es menos exigente. Y algunos empleados, no todos, se ven como los judiciales del viejo sistema escrito. Hay mucha parsimonia y es visible”, concede, desde adentro, el funcionario consultado.

El compromiso existe y es muy fuerte en muchos funcionarios pero es dispar. "Si uno tiene un escrito amenazante con un teléfono en un turno no se puede esperar que las medidas las tome el fiscal de NN (que es el que toma los casos sin sospechosos identificados)", agrega el funcionario.

Con hondura, con ánimo de escuchar opiniones calificadas, con frontal franqueza, sobre estas cosas el sistema penal, la política y el periodismo tienen un debate que darse.

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